Es literalmente aterrador que el director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado -ANDJE, el doctor Camilo Gómez Alzate, haya dicho el pasado 17 de noviembre de 2020 al diario El Heraldo de Barranquilla que el «Caso del Galeón se define este año». ¡Qué más quisiéramos todos! Pero lamentablemente esa tal “definición” no parece ir en el sentido de la ley y la razón, sino más bien en favor de la trama de expolio del galeón San José, maquinada desde el gobierno anterior.
La frase lapidaria presagia el desastre sobre el patrimonio de los colombianos, ya que aunada a las también declaradas por el mismo “servidor público” el pasado 13 de noviembre de 2020 en rueda de prensa convocada en Cartagena de Indias, donde afirmó: “Cabe recordar que una demanda buscaba la inviabilidad de adelantar una APP para contratar las actividades de exploración e intervención del galeón San José. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones al considerar que el Ministerio de Cultura tiene autorización legal para contratar”.
Cuando el doctor Gómez habla en pasado de la demanda de Acción Popular que cursó en primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual en este preciso momento se encuentra en grado de apelación ante el Consejo de Estado, usando la expresión “buscaba”, la misma puede tener una connotación perversa y peligrosa para el patrimonio de todos los colombianos que es preciso advertir.
¿Qué insinúa el Director de la ANDJE? ¿Piensa el gobierno firmar la aberrante APP de expolio del galeón San José sin esperar el fallo del proceso de apelación de la Acción Popular que en este momento cursa ante el Consejo de Estado? ¿Cómo estará maquillando Gómez, bajo los lineamientos de la Ministra de Cultura, la justificación para contratar con esos neopiratas que “redescubrieron” el galeón San José en 2015 y han violado buena parte del ordenamiento jurídico del país para llegar hasta este punto?
Firmar el infame contrato de la tal APP (MC APP 001 2018), sin previo conocimiento de la decisión que tome el Consejo de Estado, causará un grave perjuicio patrimonial a la Nación, será muestra inequívoca de la mala fe de los funcionarios involucrados que hayan decidido sobre la suerte de esa tal APP, pues firmarla literalmente significa: blindar al concesionario y condenar a Colombia. Y si la ANDJE no tiene claro esto, puede revisar el recurso de apelación presentado al Consejo de Estado, del cual se les mandó copia hace ya varios meses. También podría explicárselo con plastilina de ser necesario…
Los artífices de esta encerrona no deben olvidar que el nutrido grupo de ciudadanos preocupados que hemos adelantado la defensa del patrimonio de los colombianos representado en el galeón San José, estamos decididos a llevar este vergonzoso proceso hasta instancias internacionales de ser necesario.
De tal manera que advertimos a los colombianos que contra toda evidencia y moral se está anunciando, por parte de quien ahora se ufana de “liderar el proceso de defensa del Galeón San José”, la posibilidad de firmar la tal APP de expolio del galeón San José. Es hora de exigir todos a este gobierno, mínima legalidad, porque grandeza en este asunto está definitivamente fuera de su alcance.
@franciscomunoza
Veedor Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia
Es oportuno y necesario aludir al primer mandatario y cuestionar su actuación con respecto al galeón San José. Han transcurrido más de dos años de su mandato y el tema sigue sumergido en un oscuro mar de inacciones que condenan este singular patrimonio a seguir siendo presa de aquellos que han pretendido su expolio.
Recordemos una de las declaraciones de Duque durante su campaña a la presidencia de la República con respecto al galeón San José “Hay muchas dudas que surgen en torno a ese proceso que parece vergonzoso y que se tienen que aclarar”, frase que en la actualidad hay que hacerla, pero a su propia administración, la cual al respecto ha sido inepta, absolutamente negligente y, ante todo, complaciente con los “vergonzosos” entuertos de la anterior administración.
¿Cuáles pueden ser algunas de las razones para que Duque nos haya decepcionado a todos con el “manejo” del tema del galeón San José?
La principal razón es sin duda “gobernabilidad”. El presidente Duque asumió el mando de un país convulsionado, cerca de la inviabilidad; sobre el cual lo único que parece preocuparle es que no colapse durante su gestión y para ello tuvo que dejar demasiados asuntos en manos de sus “adversarios” políticos. El galeón San José es en realidad un bien patrimonial secuestrado, endosado o comprometido con la administración anterior. En este ajedrez en el que Duque parece jugar sin fichas, este Bien de Interés Cultural de la Nación, no tiene esperanza de ser rescatado de las garras de “sus captores” sin que ese hecho amenace con el inminente colapso de los funestos acuerdos políticos.
Otra razón, íntimamente ligada con la anterior, es que el contexto arqueológico del galeón San José fue violado durante la fase de exploración y no es posible saber en qué medida fue este saqueado. Y como lo anterior es un hecho que científicamente no puede ser ocultado, los únicos que pueden adelantar el proceso de extracción del naufragio “haciendo un manejo adecuado” serían los mismos que lo violaron. De este modo, no quedaría en evidencia toda la despreciable actuación y, como en la tal violación, están involucrados los mismos que tienen el manejo y responsabilidad oficial, como son la Armada Nacional por medio de la DIMAR, El Ministerio de Cultura y El Instituto Colombiano de Arqueología e Historia ICANH; son estos quienes “deben continuar con el proceso”, afirma el actual gobierno. Lamentable.
Pero eso sí, tienen que adelantarlo con quienes les acompañaron durante la comisión del ilícito, como son la Universidad del Externado, la empresa norteamericana Woods Hole Oceanographic Institution -WHOI, y por supuesto los arqueogánsters de Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG -MACS, entre otros.
Para garantizar lo anterior, el actual gobierno mantiene vigente el entramado preparado por la administración Santos. Muestra elocuente de ello es continuar con la aberrante Asociación Público Privada -APP, ideada por Santos, por medio de la cual se pretende remunerar al “originador” con hasta el 45% del oro, plata y piedras preciosas que sean extraídas del galeón San José, esto, a pesar de que el contexto arqueológico fue declarado desde enero de este año, como un Bien de Interés Cultural de ámbito nacional. ¡Qué vergüenza!
Haber delegado el tema a la Vicepresidente parece más una estrategia para diluir responsabilidades. Si bien la Señora hizo algo importante por lavarle la cara a la actual administración con la declaratoria de Bien de Interés Cultural del galeón San José, luce vencida, rendida y sumisa a los intereses de la trama, orquestada ahora por la Ministra de Cultura santista Carmen Vázques. Al fin y al cabo, por más voluntad que quiera tener la Vicepresidente no goza de total potestad.
Los colombianos queremos que el señor presidente Iván Duque, nos hable de frente y tenga la entereza de decirnos cuales son sus determinaciones puntuales sobre el porvenir del galeón San José, a fin de cuentas, es el último responsable de esta mísera historia.
El gobierno Santos elaboró y consiguió que se aprobara la Ley 1675 de 2013 para intervenir y comercializar el contenido del galeón San José. Promulgó desde el primer día que buscaba proteger el patrimonio cultural sumergido de la nación, pero no era necesario. Ya estaba protegido con la Ley 397 de 1997, la cual es muy clara: el patrimonio arqueológico, incluso el sumergido, es inembargable, imprescriptible e inalienable. Lo cierto es que estas disposiciones no se ajustaban a sus oscuros intereses y por eso mandó a hacer una ley a la medida.
En 2014 comienza a deambular en las oficinas públicas el hombre de la barba blanca. Ese personaje que le habla al oído a Juan Manuel Santos y que afirmaba tener las coordenadas del galeón San José gracias a sus “profundos estudios históricos”. Al final, el resultado fue un contrato de exploración del gobierno colombiano con una empresa recién creada y sin ningún tipo de trayectoria legítima: Maritime Archaeology Consultants (MAC), con sede en Inglaterra.
Solo hasta el 2018 se reveló públicamente que el hombre de la barba blanca, Roger Dooley o Roger Montañés, era el líder del “equipo de arqueología”. Inmediatamente se prendieron todas las alarmas a nivel internacional, por cuanto alias Montañés es un cazatesoros con un largo prontuario expoliando y comercializando naufragios (pecios) en el Caribe.
Durante el año 2015 se iniciaron las exploraciones de esta empresa sobre un polígono de 256 Km2. No encontraron el botín, por lo que tuvieron que solicitar la ampliación del área de exploración. Para atender esta solicitud, la DIMAR les entrega además a estos cubano-ingleses, bajo fuerte presión del Ministerio de Cultura, el polígono con las coordenadas de Sea Search Armada. Un detalle que debería despertar más que una inquietud. El resultado fue un nuevo polígono de 1.511 Km2.
Vale la pena precisar que la Ley dice al respecto lo siguiente: “Artículo 20. Exclusividad del polígono. El Ministerio de Cultura se abstendrá de suscribir contratos de exploración en los polígonos ya asignados durante el tiempo en que exista otro contrato”. Sin embargo, ese polígono se solapa con el que se le asignó a Sea Search Armada en la década de 1980. Un pleito que el Estado colombiano no ha podido resolver aún. Por ello la vigencia, a la fecha, del embargo interpuesto por SSA a la carga del San José.
Es así que con las coordenadas de SSA y quintuplicar el área de exploración, se hace el supuesto hallazgo del galeón San José, anunciado el 5 de diciembre de 2015.
El año siguiente se adelantan nuevas tareas de la fase de exploración, esta vez con la Maritime Archaeology Consultans Switzerland AG. Los socios trasladan la sede de la empresa de papel a Suiza, le cambian el nombre y manejan los recursos desde las Islas Caimán, como logró descubrir el periodista Jesús García Calero.
Vale la pena aclarar, de acuerdo con la ley, que esta fase tiene un detalle fundamental: “Artículo 17. Prohibición especial. Las actividades de exploración se enmarcan dentro de la aplicación de acciones no intrusivas que no implican intervención, alteración o modificación de sus condiciones físicas ni del contexto del sitio en que se hallan los bienes, tales como remoción de partes, cortes o desplazamientos. Los contratos pueden autorizar la toma de muestras en la exploración (Decreto 1698 de 2014)”.
Cuando comienzan a presentarse los fotomosaicos del naufragio en alta resolución, es evidente a los ojos de un especialista que el sitio ha sido intervenido. En términos legales, se han adelantando actividades intrusivas. Se trata de una zona de alta sedimentación, la cual no se ve reflejada sobre los restos, claramente visibles, del pecio. Cuando se revisa con cuidado, es claro que se removieron sedimentos, se limpiaron elementos arqueológicos, alterando el contexto original. ¿Se retiraron objetos del galeón San José?
Gracias a la valiente acción de un grupo de ciudadanos “preocupados”, como nos llamó Santos en su momento, se logró impedir la firma de la APP diseñada para saquear y comercializar el galeón San José. La acción popular del exmagistrado César Duarte y los numerosos recursos legales interpuestos por Francisco Muñoz, Veedor Nacional para la Defensa del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, consiguieron proteger el patrimonio arqueológico de todos.
El resultado es que el proceso pasó a manos de la administración Duque, quien delegó el tema a la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. Su respuesta sensata y rápida para proteger el contexto arqueológico fue declarar el San José como Bien de Interés Cultural el 23 de enero de 2020; sin embargo, no asumió dos tareas clave y complementarias: derogar la Ley 1675 de 2013, y su decreto reglamentario, y cancelar definitivamente la APP diseñada para la empresa MAC.
Respecto al último punto, existen numerosos argumentos técnicos y legales para cancelar dicho proceso, muchos de ellos evidenciados en su momento por Leandro Ramos, exprocurador de la función pública. De otro lado, llama poderosamente la atención la irregularidad denunciada por SSA, relacionada con el hurto de sus coordenadas por alias Montañés y la extraña ampliación del polígono asignado para la exploración.
El equipo de MAC no tenía, ni tendrá, un arqueólogo idóneo a cargo del proyecto, apenas un cazatesoros que coordina un pequeño grupo de seudoarqueólogos mercenarios sin experiencia, que se prestaron para facilitar este negocio. Además, resulta evidente, y así lo confirmaron otros colegas especialistas de México, España y Portugal, el contexto arqueológico fue claramente intervenido, inclumpliendo la normativa vigente.
El gobierno actual se afana en insistir sobre una localización precisa y única del galeón, pero es claro que varias partes del San José pueden estar enterradas y dispersas en una amplia área del lecho marino, con mayor razón cuando se sabe que desde su mismo hundimiento en 1708 se había prácticamente fracturado en dos. Luego, si por vocación gubernamental contratan a otros cazatesoros, estos podrán perfectamente encontrar el galeón en otras nuevas “coordenadas precisas”.
En octubre de 2018, miembros de la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Vicepresidenta y presentarle una hoja de ruta acorde con los parámetros internacionales para la gestión de este patrimonio, ofreciendo además nuestra experiencia, infraestructura y redes académicas al servicio de un proyecto científico liderado por el Estado colombiano. Nunca nos volvió a convocar.
Resulta incomprensible que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Ministerio de Cultura y la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado no hayan hecho uso de los argumentos técnicos y legales que tienen a mano para cancelar definitivamente la APP y, por el contrario, se han empeñado en defender a MAC, apoyando un proyecto que dejará un precedente nefasto para la arqueología subacuática y la ciencia del país.
El gobierno Duque se ha empeñado en manifestar su distancia política con su antecesor, sin embargo, con el negocio de Santos alrededor del San José ha sido tímido, quizás cómplice, sabiendo de sobra las deficiencias técnicas e irregularidades legales de esa APP.
No me cabe duda que debe haber un padrino poderoso detrás de este negocio, que ha sido capaz de manipular a dos gobiernos tan diferentes.
En la mañana del martes 20 de octubre en la W Radio, el doctor Camilo Gómez Alzate, director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado -ANDJE, descalificó las revelaciones que realicé como Veedor Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, publicadas el pasado domingo en este portal de periodismo valiente e independiente, relacionadas con la violación del contexto arqueológico del galeón San José, soportadas con imágenes, argumentos y referencias a testimonios calificados.
Pero el Director de la ANDJE, en vez de analizar lo denunciado por el Veedor, enfiló sus reacciones a descalificar los hechos y a desviar el foco del asunto de la atención del público. Afirmó, por ejemplo:
“…Ahí hay que tener en cuenta que por la profundidad en que se encuentra el hallazgo, no existe ninguna posibilidad siquiera cercana de que el ser humano llegue hasta allá…”
Ante lo anterior se le recuerda al doctor Gómez Alzate que el récord de mayor profundidad al que ha llegado el ser humano en el fondo del mar se realizó 23 de enero de 1960. Este récord está en cabeza de dos personajes llamados Don Walsh y el famoso explorador suizo Jacques Piccard, quienes descendieron 10.911 metros en la Fosa de las Marianas -que es el área más profunda de los océanos de la Tierra-. Este récord lo hicieron a bordo del submarino Trieste. Por lo anterior vemos que anda como un poco desactualizado el doctor Gómez.
En 1982 los señores de la empresa norteamericana Sea Search Armada -SSA, cumpliendo con todos los requisitos de ley exigidos en la legislación colombiana, exploraron y denunciaron el hallazgo del campo arqueológico del galeón San José, en aguas cercanas a Cartagena de Indias, precisamente en un submarino llamado Auguste Piccard, el cual fue construido por el mencionado explorador suizo Jacques Piccard, quien lo nombró en honor a su padre. Dicho submarino fue diseñado para alcanzar profundidades de hasta 750 metros.
Posteriormente, el doctor Gómez, quien recién llega a pontificar sobre asuntos de patrimonio cultural subacuático, luego de su exitoso paso como negociador de paz durante la infame época del Caguán, hace referencia en la mencionada entrevista radial a una exploración realizada en el año 1994 para “verificar el hallazgo del galeón San José”:
“…En cuanto al segundo punto de las coordenadas, desde el año 1994, 93 perdón, el gobierno del ex–presidente Cesar Gaviria, hizo una exploración con la compañía Columbus, en la cual pues se bajó al sitio donde Glocca Morra o Sea Search habían denunciado la existencia del galeón […] es decir, [donde] no se encontró nada.”
Sobre esta “exploración Columbus” vamos a enterar un poco al respecto al flamante defensor de la nación. Primero, esa “verificación” unilateral del hallazgo denunciado por la empresa SSA se realizó sin la participación del denunciante, que es quien realmente conoce la ubicación del contexto arqueológico. Segundo, las conclusiones a las que llegó dicha “exploración” no se encuentran en la sentencia de casación de 2007 que reconoció a favor de SSA el 50% de aquellos bienes que tengan “calidad de tesoros”.
Tercero, el famoso director de la empresa Columbus, el norteamericano Tommy Thompson, es un criminal convicto, cuya especialidad no es otra que la estafa y el engaño, y el cual se encuentra pagando una larga condena en una cárcel de Estados Unidos. Aquí la pregunta de fondo más bien sería esta: ¿Es que a juicio del autorizadísimo jurisconsulto Director de la ANDJE vale más el testimonio de un criminal convicto, al tomar sus argucias como prueba documental y pericial para contrariar, nada más y nada menos, que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia? Ubíquese bien Doctor Gómez, por favor…
El Espectador. Domingo 1 de febrero de 2015. P. 22Alguacil de la U.S. Marshals, exhibe el cartel de “Se busca” de Thomas Thompson. Imagen AP.
El caza-tesoros Thomas Thompson, en prisión. Imagen AP..
Posteriormente, el Doctor Camilo Gómez, descalifica de manera infame, injustificada e irresponsable al Veedor nacional del patrimonio cultural sumergido de Colombia, diciendo que: “…el veedor parece más el veedor de Sea Search Armada”.
Al respecto, me permito contestarle al calumnioso funcionario que su perversa insinuación es absolutamente falsa y que con sus venenosas palabras me expone de manera criminal ante la opinión pública. Por lo tanto, lo conmino a que pruebe lo que solapadamente insinúa. De lo contrario, le exijo que se retracte inmediatamente ante la opinión pública por el mismo medio y con el mismo alcance con que lo hizo inicialmente.
Pero la intervención de lujo del neófito y ahora candidato a magistrado de la Corte Constitucional, ¡hágame el favor!, hace alusión al área del hallazgo del año 1982, diciendo:
“…para que los oyentes se imaginen el panorama: Sea Search Armada dijo que el tesoro estaba en un área mayor que el de la sabana de Bogotá…”
¿Qué pretende el burócrata con esta afirmación? ¿Confundir a la audiencia? El área de exploración en que se denunció el hallazgo por parte de la empresa SSA en 1982 es un área de mil kilómetros cuadrados, la cual es el espacio que se les concedió legalmente para explorar. La sabana de Bogotá tiene mucho más que el doble de esa extensión. No se comprende cuál es el propósito por el cual trae esto a colación el honorable Doctor, como si esa área hubiera sido determinada de forma arbitraria o ilegal por los propios norteamericanos.
Si la verdadera voluntad del Defensor Nacional del Estado se acercara a los deberes de su cargo, sabría que el hecho de haberse autorizado en 2015 a una empresa extranjera para explorar EN PORCIÓN DE LA MISMA ÁREA en la que se denunció el hallazgo de especies náufragas en 1982 (un hallazgo que cuenta desde 2007 con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia que concede a la firma Sea Search Armada el 50% de aquellos bienes que se extraigan de dicha área que tengan calidad de “tesoros”), y que el denuncio en 2015 sobre el vergonzoso “redescubrimiento” del mismo bien en la misma área eleva dicha INSEGURIDAD JURÍDICA sobre el patrimonio de los colombianos en un 45% adicional, es decir, eleva la mencionada INSEGURIDAD JURÍDICA sobre el patrimonio de los colombianos a un aberrante 95%.
Así que cuando este Veedor Nacional del Patrimonio Cultural de los colombianos, advierte, denuncia y difunde la trama criminal en redes sociales, publica un libro, acude ante los tribunales y medios de comunicación nacionales e internacionales, LO HACE ÚNICAMENTE CON LA INTENCIÓN DE EVITAR QUE SE DESAPAREZCA Y DILAPIDE EL PATRIMONIO DE LOS COLOMBIANOS.
Lo anterior, y mucho más es lo que debería estar haciendo la ANDJE, si tuviera al frente a un verdadero defensor de los intereses nacionales. No le corresponde a su Director fungir como el primer defensor de la APP de expolio del galeón San José, haciéndole el juego a la empresa de neopiratas y arqueogánsteres: Maritime Archaeological Consultants -MAC, pretendiendo desconocer o ignorar el hecho indiscutible y evidente de la violación del contexto arqueológico del pecio del galeón San José por parte de esa empresa de papel creada durante el gobierno Santos, como bien documentó este Veedor el pasado 19 de octubre de 2020 en El Expediente.
Pero no, sobre dicha violación arqueológica no dijo una palabra el eminente funcionario encargado de la DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO. Es claro que no quiere comprender la gravedad de la denuncia: ¡violaron el contexto arqueológico! ¡alteraron el lugar! ¡ya no es posible saber si allí había 100 o 99 elementos! Estos son los temas en que debe ocuparse el diligente Director de la ANDJE, ¿por qué no lo hace? Ahí radica el meollo asunto…
Por todas las anteriores consideraciones, señor Camilo Gómez, le exijo que resuelva de cara al país el tema de la real localización del contexto arqueológico de galeón San José, y su consecuente incremento de la inseguridad jurídica planteada. ¿Cuál es el problema de cotejar de cara al mundo, con peritos internacionales de reconocido prestigio, para determinar con transparencia la mencionada localización del contexto arqueológico de 1982 en relación con la de 2015? ¿A qué le teme? ¿A qué se conozca el área de ubicación de contexto arqueológico? Esto ya es tema de dominio público, pero como usted anda un poco desactualizado, le adjunto un mapa muy bien explicado.
Polígono amarillo (1.100 km2) concedido a Glocca Morra Company (Sea Search Armada), el punto amarillo indica la localización del hallazgo denunciado en 1982. En rojo los polígonos autorizados en 2015 (1.511 Km2), el punto rojo se supone representa el punto del hallazgo denunciado en 2015. En verde la zona en que se sobreponen los polígonos de 2015 sobre el de 1982. Imagen elaborada por la Veeduría Nacional de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia -VNPCS, utilizando el programa Google Earth.
Si usted sigue ocupando el cargo de “defensor jurídico de la nación”, no le huya entonces al reto de resolver de manera definitiva todos los pleitos y todas las componendas y chanchullos que se ciernen sobre el galeón San José un patrimonio cultural indivisible de todos los colombianos.
Los patrimonialistas, que somos todo el pueblo colombiano lo que queremos es una agencia pública científica dedicada a la exploración y preservación de todo nuestro patrimonio cultural sumergido. Si quiere luego le explico cómo funcionan, Doctor. Por lo pronto, lo reto a que cumpla con su deber y le exijo que deje de estigmatizar a una persona cuya voz y único interés consiste en defender el patrimonio cultural sumergido de la nación.
El pasado domingo 13 de septiembre de 2020, dentro del ciclo internacional de conferencias: “TODA LA VERDAD SOBRE EL GALEÓN SAN JOSÉ”, que adelanta la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia (VNPCS), en el canal de YouTube “SALVEMOS AL GALEÓN”, se presentó: “La versión de Sea Search Armada (SSA)”, la cual estuvo a cargo de las cabezas de esta compañía norteamericana, en la que se mostraron evidencias inéditas de haber sido descubierto el galeón San José en 1982, por parte de los profesionales que participaron en esa expedición. En dicha presentación se dijo:
“Desafortunadamente, según las imágenes publicadas de este supuesto hallazgo de 2015, es obvio que este sitio arqueológico ha sido violado, no está intacto. Ya que los cañones están completamente visibles y los otros artículos expuestos […] sin esa cubierta de limo. [Por tanto] es imposible saber qué ha sido saqueado y en qué medida ha sido afectado el campo arqueológico”.
Las imágenes del hallazgo son elocuentes. Es imposible que elementos de un naufragio con más de tres siglos en el fondo del mar aparezcan descubiertos, sin la natural mortaja de sedimento que debe cubrirlas. ¿Por qué un hecho de esta gravedad ha permanecido oculto a la opinión pública colombiana? ¿Quiénes son los responsables de esta violación arqueológica?
Para responder a la primera de estas preguntas, hay que decir que esta realidad fue discutida en su momento por verdaderos arqueólogos subacuáticos, como lo confirma el citado artículo del ABC. Incluso, cualquier persona aficionada al buceo sabe que los objetos en el fondo del mar son cubiertos a través del tiempo por partículas sedimentarias, y mientras mayor sea ese período de tiempo, mayor será la sedimentación que los cubra. Característica que es mucho más evidente en zonas marinas afectadas por desembocaduras de ríos, como lo es en la que fue hallado el galeón San José, donde la pluma del río Magdalena es el principal generador de sedimentación.
Lo anterior nos lleva a la enunciada segunda pregunta: ¿Quiénes son los responsables de esta violación arqueológica? Pues no pueden ser otros que todos aquellos que estuvieron involucrados en el proceso de exploración. En primer lugar, la Armada Nacional, por medio de la Dirección General Marítima (DIMAR); el Ministerio de Cultura; el Instituto Colombiano de Arqueología e Historia (ICANH); la Universidad del Externado; la firma de papel de neopiratas y arqueogánsteres Maritime Archaeological Consultants (MAC); y la supuesta entidad sin ánimo de lucro norteamericana llamada Woods Hole Oceanographic Institution (WOHI), (la que aparentemente cobró más de tres millones de dólares por su “desinteresado apoyo” al proyecto), entre otros.
¿Cómo pueden las propias autoridades responsables de la preservación del patrimonio de la nación cohonestar en semejante delito? Posibles respuestas: (1) porque están involucradas en la trama de expolio que se fraguó contra el patrimonio de los colombianos; (2) porque no tienen la menor idea de cómo se realiza una exploración no intrusiva y mucho menos cómo se investiga científicamente y se interviene técnicamente un contexto arqueológico subacuático; (3) porque son sumisos ante los poderosos y prefieren callar ante la evidente corrupción para mantener el puesto; (4) porque no respetan las leyes en especial lo consignado en el numeral 1 del artículo 4 de la ley 1675 de 2013, donde, entre otras cosas relacionadas con la etapa de “exploración”, dice: “…no se realice sobre dichos bienes intervención, alteración o modificación de sus condiciones físicas ni del contexto en que se hallen…”; (5) todas las anteriores.
¿Actuarán los entes de control sobre estos hechos? Por supuesto que si, pero no para castigar los responsables de los enunciados delitos, lo harán sólo para perseguir a quienes se atrevieron a destapar la criminal trama de expolio, para seguir facilitándoles las cosas a sus patrones políticos, y para empapelar a quienes levantan la voz en defensa del interés general. Pues a fin de cuentas, no son más que el temible brazo de la corrupción. Luego, se oirá el coro de apoyo de la rama judicial, quienes se encargarán de retorcer hasta donde sea necesario el ordenamiento jurídico para no cumplir con su función y más bien condenar a quienes osaron señalar el delito, pues a fin de cuentas, la impunidad en este país ha sido la eterna ramera de la corrupción.
Los hechos ocurrieron así. Mariana Garcés Córdoba, la Ministra de Cultura de Santos, le hizo saber en 2014 a la empresa estadounidense Sea Search Armada (SSA) que estaba dispuesta a llegar a un arreglo sobre el reclamo de SSA de haber encontrado el galeón San José en los años ochenta y los derechos que se derivaban al respecto. Pero para ello, le puso como condición que SSA debía retirar las demandas internacionales que tenía en curso contra Colombia en la Corte del Distrito de Columbia en USA; en la OEA y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los norteamericanos le creyeron de buena fe a la ministra Garcés -mordieron el anzuelo- y retiraron los procesos, así lo notificaron al gobierno Santos el 24 de febrero de 2015.
Después de algunas misivas, el 19 de mayo de 2015, se reunieron el apoderado de SSA y la Ministra de Cultura, donde se manifestó que: “…el gobierno nacional está en plena disposición de facilitar la verificación del área determinada en las coordenadas establecidas en el fallo de la Corte Suprema de Justicia…”. Pura mentira y falsedad.
SSA ignoraba en ese momento que desde hacía más de dos años el gobierno ya estaba adelantando gestiones con sus asociados ingleses para “redescubrir” el galeón San José. Es más, la primera autorización de exploración con los ingleses se firmó una semana después del teatro armado por Garcés en aquella última reunión -Resolución 1456 de 26 de mayo de 2015-. El manoseo a SSA por parte de Santos, Garcés y demás funcionarios del Ministerio de Cultura duró hasta el 28 de julio de 2015, cuando Mincultura descartó abiertamente continuar el “diálogo” con SSA. Al fin y al cabo, ya estaban cerca de asegurar el “redescubrimiento” y de afinar los acuerdos económicos internos de porcentajes, todo bajo una confidencialidad criminal.
Estas jugadas y engaños eran decisivas para el gobierno Santos dado que el proceso contractual que pretendió adelantar con sus asociados ingleses enfrentaba dos asuntos jurídicos de importancia mayúscula, que amenazaban de facto el macabro plan de expolio -el que aún sigue sostenido y defendido por la actual ministra de cultura Carmen Inés Vásquez-. El primero de ellos, los pleitos internacionales mencionados; el segundo, la innegable amenaza que significaba para el gobierno y sus contratistas el embargo decretado sobre las especies naufragas que se encontraran en las vecindades inmediatas al punto denunciado por SSA en 1982.
Intentar contratar mientras estos asuntos estuvieran en plena vigencia revestía enormes riesgos para las partes. Haría evidente que el gobierno estaba, literalmente, feriándose la mitad que le quedaría a Colombia del naufragio del San José, dada la inseguridad jurídica que causa el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2007 que confirmó la medida cautelar -embargo- dictada el 7 de marzo de 1994 a favor de SSA sobre el 50% de su cargamento.
Un embargo cuya finalidad primordial no es otra que garantizar el cumplimiento de la sentencia. Por tanto, un estorbo mayor para perfeccionar la contratación entre Santos y sus asociados extranjeros bajo la modalidad de APP.
Las partes no querrían que, después del anhelado “redescubrimiento” del galeón San José en 2015 a partir de las coordenadas robadas a SSA por el “arqueo-gángster” Roger Dooley alias “Montañés” (lista Clinton), terminara aplicándose el embargo a favor de SSA y se les enredara el artificioso plan de repartición de objetos patrimoniales.
Para ello, Mariana Garcés arma un plan paralelo y consigue que después de tantos años de haber sido decretado el embargo, este fuera levantado el 31 de octubre de 2017 de manera descarada y abiertamente “irregular”. Aso si, con tan mala suerte que el embargo fue restablecido a favor de SSA en 2019.
Es el mismo Jack Harbeston, CEO de SSA, quien reveló y soportó con documentos todo el “engaño” del cual fueron víctimas por parte del gobierno Santos, como se constató el pasado domingo 13 de septiembre de 2020, dentro del ciclo internacional de conferencias que adelanta la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia -VNPCS, en el canal de YouTube “Salvemos al Galeón”, donde se presentó: “La versión de Sea Search Armada (SSA)”, a cargo de las cabezas de esta compañía norteamericana que mostró evidencia inédita de haber descubierto el galeón San José, junto a los profesionales que participaron en esa expedición.
A la fecha, y como resultado de esta nueva afrenta, SSA prepara nuevas demandas contra el gobierno de Colombia. Su indignación, la de sus socios y empleados, así como la de sus herederos, se refleja durante esta conferencia exclusiva que le permite a los colombianos y patrimonialistas, por primera vez en 40 años, entender con claridad la situación de esta empresa.
De la manera vergonzosa e indigna con que actuó Santos y la ex ministra de cultura Mariana Garcés no queda duda. Gracias a Dios y al grupo de ciudadanos preocupados que interpuso una acción popular, aún hoy “habemus galeón San José”, -así sea en el papel-, pues el mismo ya cumple 58 meses “botado a su suerte” en un área marítima cuyas coordenadas están en manos de peligrosos personajes. ¿Negligencia? ¿Estrategia? ¿Estarán esperando a que se lo roben? Preguntas que el actual gobierno nacional no tiene el valor de responder. Sólo debemos meditar en esto: ¿quién nos responderá a los colombianos y al mundo por esta masacre contra el patrimonio universal?
Jack Harbeston, the managing director of the salvage firm Sea Search Armada, shows the location of the Spanish galleon San Jose as he poses for a portrait, Thursday, May 24, 2007 at his house in Bellevue, Wash. Sea Search Armada has been involved in a 20-year legal battle against Colombia's government, over claims to the Spanish galleon San Jose's loot, that has been lying on the ocean floor off Colombia for three centuries. (AP Photo/Andrei Pungovschi)
La versión de Sea Search Armada
En los vídeos que se presentan a continuación veremos imágenes del hallazgo, vídeos y testimonios, ¿Qué fue lo que encontraron?, ¿Qué fue lo que pasó con el gobierno de Colombia?, ¿Ha sido una política de Estado burlar a Sea Search Armada?
(Resultado de sonar) «Objetivo principal» denunciado por SSA en el año 1982.
Largo: 140 pies (40 metros). Fotografía propiedad de SSA.
Es deplorable ver al Estado colombiano pretendiendo burlar a sus propios ciudadanos en una trama infame que involucra miles de millones de dólares -supuestamente contenidos en el galeón San José-, posando con un discurso falaz como aguerrido defensor de los intereses nacionales, utilizando como chivo expiatorio a la empresa norteamericana Sea Search Armada -SSA, la cual denunció en el año 1982 el hallazgo de especies náufragas, con los restos supuestamente pertenecientes al galeón San José, cuyos derechos -reconocidos por la Corte Suprema de Justicia de Colombia- causan una evidente inseguridad jurídica sobre el 50% de los bienes contenidos en ese naufragio.
¿Burlar a SSA?
Este tema del denuncio de especies náufragas en aguas colombianas realizado por parte de la empresa SSA en los 80’s, ha tenido un pésimo manejo por parte de los funcionarios encargados de esta responsabilidad, desde el gobierno de Turbay hasta Duque. Han transcurrido más de 30 años de litigios en los tribunales colombianos, que culminaron el 5 de julio de 2007, con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia a favor de SSA, en la cual se les concedió el 50% de los bienes que sean extraídos del naufragio -que tengan calidad de tesoros-, sentencia reforzada con un embargo sobre dichos bienes que garantiza el cumplimiento de la propia sentencia, sin importar cuándo se rescaten.
El hallazgo de especies náufragas por parte de la empresa SSA en sus exploraciones en los años 80’s, es un hecho absolutamente cierto, está más que comprobado que ésta empresa norteamericana encontró en el área que le fue autorizada para explorar, los restos de al menos un naufragio, y entre esos restos, denominó al más voluminoso de ellos, como el “objetivo principal”: una “anomalía” de 140 pies de largo con entre 12 y 25 metros de ancho (imagen 1), en el cual hay piezas de artillería y madera que indudablemente corresponden a especies náufragas, supuestamente coincidentes con un navío español de la época del galeón San José.
Dichos restos fueron ampliamente documentados en los 80’s -y al Estado le consta-, pues todo el proceso de exploración fue acompañado por observadores e inspectores de la Armada Nacional, que vieron los restos del naufragio con sus propios ojos, hay informes, cientos de imágenes, horas de video y testigos que dan fe de esta innegable realidad.
Hasta este punto, lo sucedido con SSA es sin duda censurable y hasta bochornoso, en la medida que no se justifica que el Estado colombiano haya buscado por todos los medios intentar desconocer la realidad del hallazgo de especies náufragas por parte de esta empresa norteamericana. Realidad de la cual no escapará Colombia, por más que intente aplicar la estrategia del avestruz -meter la cabeza en la arena para no ver al depredador que la acecha-. Es sólo cuestión de tiempo para que Colombia se tenga que sentar a arreglar este entuerto, de ello no hay la menor duda y, si en alguna de las cuentas que ha sacado el Estado colombiano, ha calculado, que podrá burlar a los señores de Sea Search Armada, están completamente equivocados, más temprano que tarde, los tribunales de Estados Unidos harán respetar los derechos de esta empresa, y esto también lo sabe el Estado.
¿Burlar a los colombianos?
Lo que no tiene perdón de Dios, es que “aquel otro 50% del contenido del galeón San José”, ese remanente sobre el cual no pesaba ninguna inseguridad jurídica, se lo haya intentado feriar Juan Manuel Santos, cuando trajo en 2015 a una compañía inglesa, para “redescubrir” ese mismo bien en esa misma zona, ofreciendo entregar hasta el 45% de esos mismos bienes, con lo cual incrementó la inseguridad jurídica sobre este patrimonio de los colombianos hasta en un 95%; menos mal que este atentado no se ha podido concretar -hasta hoy- gracias a las acciones legales emprendidas por un grupo de “ciudadanos preocupados”; aunque es oportuno aclarar, que sigue latente la amenaza, pues la infame Asociación Público Privada -APP, que se inventó Santos para “redescubrir” el galeón San José, sigue vigente a la fecha de este escrito 04/09/2020, gracias a la “complacencia manifiesta” del gobierno de Iván Duque, ejecutada por su Ministra de Cultura, a quien poco parece importarle que el galeón San José, haya sido declarado -por su propio Ministerio- como un Bien de Interés Cultural -BIC, el cual, por lo tanto, no puede ser utilizado como medio de pago, como lo tiene previsto esa aberrante APP de Santos, que la Ministra se resiste a cancelar.
No podemos dejar de agregar a la “complacencia manifiesta” del gobierno la “negligencia evidente” de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado -ANDJE, «El originador ha dicho hace tres meses que está dispuesto a buscar fórmulas que no impliquen el pago en especie» (Camilo Gómez. Director de la ANDJE. Revista Semana 12/27/2019). No pues, valiente defensa…
La tesis de Santos y su camarilla, señala que las coordenadas de 2015 no coinciden con las de 1982 -utilizan el termino coordenadas con connotación de polígono y por supuesto que los polígonos si coinciden y se sobreponen en la parte del hallazgo-(imagen 2).
Polígono amarillo (1.100 km2) concedido a Glocca Morra Company (Sea Search Armada), el punto amarillo indica la localización del hallazgo denunciado en 1982. En rojo los polígonos autorizados en 2015 (1.511 Km2), el punto rojo se supone representa el punto del hallazgo denunciado en 2015. En verde la zona en que se sobreponen los polígonos de 2015 sobre el de 1982. Imagen elaborada por la Veeduría Nacional de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia -VNPCS, utilizando el programa Google Earth.
La tesis de Santos, acolitada por el gobierno Duque, plantea una interpretación subjetiva sobre el verdadero alcance de la mencionada sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 5 de julio de 2007, que favoreció a SSA, pues la interpretan al acomodo de los intereses de la trama del expolio: “La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez reiteró en nombre del Gobierno que la compañía cazatesoros Sea Search Armada no tiene ningún tipo de derecho sobre el galeón San José, esto tomando en cuenta que dicho naufragio no se encuentra en las coordenadas dichas por esta compañía“ (EL Colombiano 20/06/2019). Hay que tener claro que esas palabras de la Vicepresidente, deben obedecer a su propia y muy particular interpretación de la sentencia, o a la del gobierno, simulando desconocer que la interpretación que realmente va a valer en todo este asunto, será la que haga el juez que conozca del caso, y esto será cuando el embargo ratificado en la sentencia de la Corte Suprema, se perfeccione. Lo que hay que evitar a toda costa, es que mientras que esto pasa, se siga intentando feriar el patrimonio de los colombianos, con actuaciones, en apariencia torpes -entregar una misma zona de exploración para encontrar un mismo bien-, hecho que más bien parece obedecer a una abominable trama criminal, la cual, en el mejor de los escenarios, en estos momentos, sólo deja por fuera de la enunciada inseguridad jurídica, un mísero 5% del patrimonio contenido en el galeón San José, que es a lo que aún no embolatan nuestros dirigentes.
Pero si creen que van a dejar a los colombianos “viendo un chispero” con esta trama que armaron sobre el galeón San José, tengan presente que quienes estamos defendiendo el patrimonio de los colombianos llevaremos este asunto hasta tribunales internacionales de ser necesario, donde confiamos que todos y cada uno de los funcionarios involucrados terminará dando razón de su conducta.
El presidente debe revocar proceso de la APP Galeón San José: Veeduría
El abogado Héctor Pérez Fernández, solicitó al mandatario nacional frenar el proceso ante presuntas irregularidades.
Mediante una carta dirigida al presidente de los colombianos, Iván Duque, desde la capital de Bolívar solicitaron revocar el proceso de la Alianza Público-Privada, que permitiría el rescate del Galeón San José sumergido en aguas del Mar Caribe.
La petición fue realizada por el abogado Héctor Pérez Fernández, presidente de la Veeduría Popular por Cartagena, y en ella asegura que pudieron haberse presentado posibles irregularidades en el trámite, e incluso, expresa que se corre un riesgo jurídico de que el estado colombiano se quede sin nada.
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“La única empresa que se presentó es la inglesa MAC, que tiene gravísimas acusaciones. Ante todas estas incertidumbres, se debe revocar el proceso que lo que traerá son muchos perjuicios para los colombianos”, dijo el jurista.
Pero el pedido va un poco más allá, y conmina al presidente Duque para que declare al navío como patrimonio de los cartageneros, para que de esta manera los beneficios extraídos se utilicen en la erradicación de pobreza.
En 1982 una empresa norteamericana denunció el hallazgo de especies náufragas en la “vecindad inmediata” a un punto específico en el mar Caribe colombiano, al Oeste de las islas del Rosario cerca a Cartagena de Indias, se dijo que habían encontrado el galeón español del siglo XVIII llamado Señor San José, el cual es muy famoso porque al momento de su naufragio en 1708, sus bodegas se encontraban cargadas con incuantificables cantidades de oro, plata, perlas y esmeraldas.
Imagen 1. Representación del polígono de exploración “Área I” concedida a Glocca Morra Company (Sea Search Armada), con el punto de referencia del hallazgo denunciado en 1982. Imagen elaborada por la Veeduría Nacional de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia -VNPCS, utilizando el programa Google Earth.
La ley colombiana para ese entonces otorgaba a aquel que denunciara un bien con calidad de tesoro, la mitad de lo que se encontrara y así pactó el gobierno de entonces, liderado por Julio Cesar Turbay Ayala, con los norteamericanos de Sea Search Armada. Los problemas surgieron cuando se denunció el hallazgo de los restos del naufragio, pues el gobierno del presidente Turbay “lleno de patriotismo” intentó reducir a la brava el porcentaje pactado con los extranjeros y como estos no aceptaron la rebajona, se les mando a poner bajo arresto y a inmovilizar el submarino que utilizaban en la exploración; poco después, la comunicación entre contratistas y gobierno se quebró por completo. Se dice que Sea Search Armada, invirtió cerca 12 millones de dólares de aquella época buscando el naufragio, los cuales a valor presente serían algo así como 40 millones de dólares.
Después de Turbay (1978 – 1982) llegó Belisario Betancur (1982 – 1986), quien, también “lleno de patriotismo” sacó una ley que modificaba el monto del porcentaje de quienes denunciaran “tesoros” del 50% al 5%, y esta se pretendió aplicar retroactivamente a los denunciantes del hallazgo de 1982.
Para no alargar la historia, los norteamericanos demandaron al gobierno y tras tres décadas de pleitos, hoy cuentan con un fallo de la Corte Suprema de Justicia y un embargo a su favor sobre los tesoros que sean extraídos del área de búsqueda que se les otorgó (Imagen 1), pues si bien, se denunció un punto específico en el área de exploración, esa denuncia (y así lo ratifica el fallo de la Corte Suprema) dice “en la vecindad inmediata”, imprecisión contemplada por la legislación de entonces, cuya extensión debió haber sido reglamentada por la DIMAR, más esto nunca se hizo; por tanto, la “vecindad inmediata” se reduce al total del área de exploración autorizada.
En época del presidente Álvaro Uribe, y tras finalizar los estadounidenses el último de los procesos jurídicos que se les montó en Colombia para dilatar el asunto, pretendieron estos ejercer su “dominio inminente” (gracias al fallo de la Corte) y acceder al lugar del naufragio con una expedición, pero el doctor Álvaro Uribe, les mandó a decir que si se aparecían por las costas colombianas los iba a interceptar con la Armada.
Así que los señores de Sea Search Armada quedaron a la espera de que “algún día” el gobierno extraiga esos tesoros y sólo entonces, podrían hacer valer su dominio legal (embargo) sobre esos bienes o volver a demandar en estrados internacionales.
Todo esto ha terminado jugado a favor de los colombianos y de la historia de la humanidad, pues transcurridos casi 40 años, la visión sobre estos bienes ha cambiado en el mundo, pues ya no son “tesoros”, es patrimonio cultural sumergido, y hay que dar gracias, que en todo este tiempo no se hayan llevado el naufragio, pues dejar expuesto un bien como el del galeón San José, que se supone está cargado de inmensas riquezas, “botado” en un área públicamente conocida, ha sido un riesgo absurdo e innecesario.
Las cosas tomarían un nuevo rumbo con la llegada al poder del doctor Juan Manuel Santos (2010 – 2018), y este, más “lleno de patriotismo” que todos sus antecesores juntos y con una mente absolutamente mefistofélica, se inventó una “idea maravillosa”: Redescubrir el galeón.
Para ello necesitaría hacer una carambola a muchas bandas, les enumero cinco de ellas: primera, sacar una ley que concediera una participación “justa”, es decir, volver otra vez el 50% para quien hiciera el “redescubrimiento”, y la sacó Santos en 2013; segunda, quitar el embargo de los norteamericanos sobre los “tesoros”, (lo que no sólo es un hecho absolutamente exótico, sino aterrador) y lo logró Santos el 31 de octubre de 2017; tercera, se inventó una Asociación Público Privada -APP “secreta” con unos personajes “adecuados para la maniobra”; cuarta, lograr que los señores de Sea Search Armada, retiraran las demandas que habían interpuesto ante la Corte en Estados Unidos, la CIDH y la OEA, y lo logró Santos en 2014 (engañando a los norteamericanos diciéndoles que era requisito previo para sentarse a negociar con ellos); y quinta, redescubrir el galeón San José, en unas coordenadas “lejanas y distantes” de las denunciadas por los estadounidenses, “y lo logró” Santos el 27 de noviembre de 2015. Jaque mate, habrá dicho Santos, su ministra de cultura, su director de la DIMAR y su flamante director del ICANH.
Pero la craneada “jugada maestra” de Santos los lleva a un callejón sin salida, terminaron enredados en su propio lazo: el naufragio está ubicado en el mismo polígono donde en 1982 denunció su ubicación la empresa norteamericana Sea Search Armada y ni siquiera un Santo de su calibre podría evitar que esta información se conociera. Y aquí es donde la inseguridad jurídica que pesaba sobre estos bienes contenidos en el galeón San José, que era ya del 50% -por aquello del fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Sea Search Armada-, se eleva con el “redescubrimiento de Santos” a un nauseabundo 95% pues Santos acordó con los “redescubridores” pagarles hasta con un 45% de esos mismos bienes (infamia infinita).
El argumento baladí, despreciable e irresponsable, manejado como “tesis del gobierno”, es que los estadounidenses que denunciaron el hallazgo del naufragio en 1982, marcaron un punto en el mar con la ubicación “precisa” de esos restos, y esa ubicación, de “precisa”, no tiene nada, por dos razones:
Primera, la Corte Suprema de Justicia, ratificó en su fallo de 2007, la sentencia de primera instancia de 1994, donde se habla de “áreas aledañas” (las cuales no fueron delimitadas por la DIMAR):
Declarar que le pertenecen en común y proindiviso, por partes iguales (50%) a la Nación Colombiana y a la sociedad Sea Search Armada, los bienes de valor económico, histórico, cultural y científico que tengan calidad de tesoros que se encuentren dentro de las coordenadas y áreas aledañas referidas en el “REPORTE CONFIDENCIAL SOBRE EXPLORACIÓN SUBMARINA”…
Segunda, la exactitud que hoy maneja el sistema de posicionamiento global GPS, obedece a un protocolo establecido en 1984, es decir, posterior al denuncio de 1982, por tanto, el alcance de la tesis del gobierno, de una ubicación “precisa”, se derrumba totalmente.
A modo de conclusión, el galeón San José es hoy un Bien de Interés Cultural de la Nación -BIC, por tanto jurídicamente a salvo; aunque siga “botado a su suerte” en un área de conocimiento público. El patrimonio de los colombianos que se encuentra realmente amenazado, es el patrimonio público, pues a la inseguridad jurídica que se genera con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el 50% de los bienes a favor de Sea Search Armada, hay que agregarle el 45% del “redescubrimiento” de 2015, pues ¡la funesta APP sigue viva hoy 22 de agosto de 2020! a pesar de la declaratoria del galeón San José como un BIC, la cual se realizó el pasado 23 de enero de 2020.
El “callejón sin salida”:
En 2015 el gobierno Santos autorizó a una firma inglesa dos polígonos de exploración para localizar el naufragio del galeón San José, los cuales se indican (imagen 2) con líneas rojas y medían respectivamente: 256 kilómetros cuadrados el primero, y 1.511 el segundo. Se aprecia claramente como ambos polígonos se sobreponen al polígono (marcado en amarillo) autorizado en los 80’s a la firma norteamericana Sea Search Armada y sobre el cual hay un hallazgo denunciado y una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, cuya ubicación se circunscribe al total de ese polígono (1.100 km2) por aquello de la “vecindad inmediata” no delimitada por la DIMAR.
Imagen 2. Los puntos amarillo y rojo ubicados en el área verde se supone representan la localización del San José: 1982 (amarillo) y 2015 (rojo). Imagen elaborada por la Veeduría Nacional de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia -VNPCS, utilizando el programa Google Earth.
Si el hallazgo denunciado en 2015 se encuentra (como parece ser) en cualquier parte del polígono autorizado a Sea Search Armada en los 80’s (imagen 2, indicada en verde) la inseguridad jurídica sobre el patrimonio público de Colombia alcanzará hasta el 95% del valor de los bienes contenidos en el galeón San José, y mientras que el gobierno persista en mantener “vigente” la funesta APP de Santos, la cual aún no ha sido cancelada, a pesar de contemplar el pago absolutamente ilegal, con partes de un bien, que ahora goza con protección constitucional reforzada por su calidad de Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional, el cual no puede ser comercializado bajo ninguna circunstancia, la inseguridad jurídica sobre el patrimonio público de los colombianos es inminente.
Además, la legislación colombiana deja claro lo siguiente: “Si de hecho hubiere varios denunciantes, respecto a una misma zona marina, SE PREFERIRÁ AQUEL CUYA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO TENGA LA FECHA MÁS ANTIGUA”. (Inciso único del literal “b” del ARTÍCULO 191, del Decreto ley 2324 de 1984).
Este asunto aún no termina, lo que si es claro es que las autoridades competentes deben investigar a fondo la conducta de los funcionarios involucrados en toda esta trama contra el patrimonio de los colombianos.
Es muy preocupante que al momento de escribir este comunicado (13 de agosto de 2020), el recurso de apelación al fallo de primera instancia que se surtió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -TAC, el pasado 2 de julio de 2020, donde se negaron las pretensiones de la Acción Popular que procura la cancelación de la Asociación Público Privada -APP, del galeón San José, no haya sido concedido trascurridos 17 días de haber sido presentados ante el TAC, a pesar de ser este un simple recurso de trámite que consiste en un auto con unas pocas líneas.
Lo anterior no tendría mayor relevancia si no existiera el temor inconmensurable de que esta “pausa” pueda obedecer “a otras razones” y vayamos a ser asaltados los colombianos con la firma del contrato de la funesta APP del galeón San José.
La razón pivota en que, si el gobierno llega a firmar ese tal contrato de Asociación Público Privada -APP del galeón San José, antes de llegarse a conocer el fallo del Consejo de Estado, se perjudicará al país de manera grave, dado que ese contrato de APP está elaborado de manera leonina, donde, de perfeccionarse este, antes que dicho Consejo de Estado se pronuncie, no habrá resultado judicial favorable para Colombia, es decir: “Cara gana el concesionario y sello pierden los colombianos”.
Esta funesta APP del galeón San José, elaborada durante el gobierno anterior, tiene puesto un lazo al patrimonio público de la nación bajo la figura de “riesgos compartidos”, donde está previsto el riesgo 26 con el que se pretende que, si el tal proyecto se llegaré a ver afectado por causas inherentes a litigios o embargos, el concesionario sería “compensado”1, es decir, si gana la Acción Popular que entra en apelación ante el Consejo de Estado, el concesionario será retribuido; igual sucederá si pierde la Acción Popular, pues en este otro escenario, el gobierno tendría que “sentarse a negociar”; de la misma forma ocurrirá, si el embargo que pesa sobre las especies náufragas a favor de la empresa norteamericana Sea Search Armada, se llegare a dar. Es decir, firmar el nefasto contrato de la APP significa blindar al concesionario y condenar a Colombia.
Es oportuno anotar que los funcionarios involucrados en el eventual perjuicio patrimonial a la Nación, que participaron en la tal APP y hayan decidido sobre su suerte, de darse la firma del contrato, en el acto se exponen a eventuales acciones penales, disciplinarias y fiscales, y en el proceso de esta última, podrían ser sancionados con multa equivalente a la compensación concedida.
De tal manera que, la invitación como advertencia es, que no se les ocurra firmar la tal APP; además, en este momento el gobierno tiene, literalmente, la sartén por el mango, pues esa tal APP del galeón San José, a estas alturas del proceso contractual, se encuentra técnicamente NEGADA2 y su eventual firma sólo traerá mayores dolores de cabeza al país.
Es claro que la funesta APP que se elaboró para el proyecto del galeón San José, será materia de estudio académico en el ámbito disciplinario, fiscal y penal, pero igualmente lo es que, de llegarse a firmar por parte del gobierno del Presidente Iván Duque, sería entrampar vilmente a los colombianos, aunque al final de cuentas, ese mismo lazo terminaría atrapando a funcionarios y contratista.
1. Inciso del artículo 21 de la Ley 1508 de 2012:
“Todas aquellas inversiones que no impliquen desembolsos de recursos públicos, ni modificaciones en plazo podrán ser realizadas por el ejecutor del proyecto por su cuenta y riesgo, sin que ello comprometa o genere obligación alguna de la entidad estatal competente de reconocer, COMPENSAR o retribuir dicha inversión”
2. Inciso último del artículo 16 de la Ley 1508 de 2012
El siguiente análisis de inconsistencias e irregularidades del proceso de APP hace parte de la ESTRATEGIA GENERAL de protección del galeón Señor San José.
No intenta validar el proceso de APP, el cual debe ser cancelado integralmente por ser un ACTO CRIMINAL ante el patrimonio cultural de la nación desde el mismo instante de su concepción.
De ahí que la labor de control y vigilancia que vamos a presentar de revisión jurídica y administrativa de las actuaciones del proceso de APP, sólo pretende evidenciar las enormes irregularidades sobre las cuales fue diseñada y estructurada esta aberración.
La denuncia por la presunta FILTRACIÓN DE COORDENADAS fue realizada formalmente ante los órganos de control del estado colombiano (FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, desde el 13 de mayo de 2019, hasta la fecha no hay noticias concretas sobre el avance de las ismas se presumen “ENGAVETADAS”.
La alerta que se plantea “¡Colombia entrampada con el galeón San José?”, obedece al estudio cuidadoso de los pliegos de la funesta APP. Aquí no se intenta defender otra cosa que los superiores intereses de Colombia.
El manejo que el establecimiento ha dado al tema del hallazgo de especies náufragas en una misma área de exploración en los años 80’s y en 2015, ha llevado al país a una encrucijada judicial y por tanto será en los tribunales donde se afronten las consecuencias y se imputen responsabilidades.
El gobierno simula de forma irresponsable “estar convencido” de que los denunciantes de los años 80’s no tiene derecho alguno. El intentar desconocer la existencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, y aventurarse a realizar su propia interpretación del mismo antes que el proceso judicial concluya, eleva la inseguridad jurídica sobre el patrimonio público de la nación representado en el galeón San José hasta un 95%.
Nuestra recomendación al gobierno es:
Los querellantes a los tribunales, los responsables a prisión y el patrimonio cultural sumergido de la nación al Museo.
El litigio jurídico ha enredado todo aún más y como el gobierno Duque no hará nada, este quedará a merced de los piratas modernos para que se lo roben.
Por: Daniel De Narváez McAllister
Recuperar una tasa de porcelana del periodo Wanli de la dinastía Ming, a 600 metros de profundidad, con un robot de operación remota, ROV, no solo es extremadamente difícil y delicado por su fragilidad, sino que es muy costoso. La recuperación arqueológica del galeón San José se estima oscila entre los 100 y 200 millones de dólares, siguiendo los protocolos técnicos más estrictos, solo se puede sufragar de dos formas: o desembolsando dinero público con cargo al Presupuesto General de la Nación, o pagándole al contratista con aquellos bienes que no son considerados “patrimoniales”, según los define la Ley 1675. Eso, o dejarlo expuesto en el fondo marino, cuando ya varias docenas de personas conocen las coordenadas exactas al milímetro.
El proceso de adjudicación del rescate del Galeón San José está más enredado que un costal de anzuelos, sin traer a colación los problemas con España ni con Sea Search Armada.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de fallar “declarando no probadas las excepciones y denegadas las pretensiones” de la Acción Popular entablada por el reconocido exmagistrado César Duarte Acosta contra el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH. El doctor Duarte solicitó al Tribunal ordenara la suspensión del trámite de adjudicación dentro de la Asociación Publico Privada, APP, del rescate del galeón San José a la empresa suiza Maritime Archaeology Consultants Ltd, MAC.
La principal objeción del Dr. Duarte y de su coadyuvante, el historiador Francisco Muños Atuesta, Veedor nacional, es la fórmula según la cual el originador, MAC, recibiría como pago un porcentaje de los bienes rescatados, aquellos que no constituyan patrimonio cultural de la Nación, como lo son las monedas, barras de plata y esmeraldas en bruto, según lo estipula la Ley 1675 de 2013. Los doctores Duarte y Muñoz han informado que se proponen ambos apelar el fallo ante el Consejo de Estado. El Tribunal en su fallo declaró no probadas las excepciones propuestas por MAC, por Mincultura y negó las pretensiones del doctor Duarte Acosta; cero hits, cero carreras.
A finales del año pasado, en el Acta No. 9 del 19 de diciembre 2019, el máximo ente cultural, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural determinó fulminantemente que “la totalidad del hallazgo identificado como el Galeón San José está constituido por bienes considerados patrimonio cultural de la nación”. Es difícil de entender esta declaratoria, habiéndose perdido los tres manifiestos de la carga, nadie conoce ni siquiera vagamente el contenido de la carga abordo del San José. Aunque existiese el manifiesto, el contrabando puede llegar a constituir el 25% o el 50% de la carga. La discrepancia que surge es ¿cuándo se debe hacer esa declaratoria, antes o después de extraídos los artefactos? La Ley 1675, en su Artículo 14 estipula: “El contratista deberá entregar al Ministerio de Cultura la totalidad de los materiales que sean extraídos. El Ministerio de Cultura levantará el respectivo inventario técnico, realizará la clasificación de los bienes y presentará informe al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, quien expedirá la resolución, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 3o de esta ley, de los hallazgos que constituyan o no Patrimonio Cultural de la Nación.”
El Consejo aparentemente expidió su resolución quizás algo prematuramente, en su afán de evitar pagarle al contratista MAC con un porcentaje de hasta el 45% de las piezas repetidas, las monedas, las barras de plata y esmeraldas en bruto. La implicación de esta declaratoria de Bien de Interés Cultural es equiparar las piezas patrimoniales, las joyas, instrumentos de navegación, etc. a los bienes cambiarios repetidos, no-patrimoniales, para prohibir, con intenciones ciertamente nobles, pagar la recuperación con parte de los bienes repetidos provenientes del San José.
Es posible que con este fallo se haya despejado momentáneamente, mientras falla el Consejo de Estado en 20 días, una de la numerosa lista de barricadas en el tortuoso y difícil camino hacia el rescate del galeón más emblemático del hemisferio occidental. La vicepresidenta Marta Lucia Ramírez ha manifestado tener la misma preocupación del Dr. Duarte y del Veedor Muñoz: “Si bien es cierto que encontramos este trámite avanzado, algunos de sus elementos jurídicos nos generan dudas, y en particular nos preocupa la posibilidad de que el pago al contratista se realice mediante la entrega de piezas extraídas del Galeón San José.”
El Tribunal Superior de Cundinamarca falla estableciendo que “…el 100% del hallazgo denominado “Galeón San José” es considerado bien de interés cultural del ámbito nacional, no hay posibilidad de remunerar al originador del proyecto con piezas del mismo, razón por la cual, se reitera que las entidades demandadas no han vulnerado, o están vulnerando, los derechos o intereses colectivos relativos a la moralidad administrativa…” Dicho de otra forma, si el Ministerio de Cultura quiere seguir adelante con la adjudicación de la Asociación Publico Privada a MAC, debe pagarle al contratista-originador MAC con dineros a cargo del Presupuesto General de la Nación, dinero no presupuestado en estas épocas de pandemia global. Complicado.
En resumen, el gobierno del presidente Duque tiene tres opciones. La primera es no hacer nada durante estos dos años que le restan y rezar para que piratas modernos no expolien tanto los bienes patrimoniales y los no-patrimoniales indiscriminadamente, si no es que ya lo lograron. Hay submarinos silenciosos que fácilmente llegan a los 600 metros… La segunda opción es seguir adelante con la APP que dejó la administración anterior con MAC, sacar la chequera y desenfundar los 100 millones de dólares o más que vale el museo, el laboratorio, rescatar y conservar el pecio del San José. Por último, el gobierno se puede echar para atrás y acogerse a la Ley 1675, abrir una licitación pública internacional amplia y transparente (Articulo 10), y recuperar así para los museos el 100% de los bienes patrimoniales, las custodias, bandejas, joyas, astrolabios, porcelanas, instrumentos, artillería, etc. y sacrificar el 5% o el 10% de los bienes no-patrimoniales para sufragar el rescate, echándose el gobierno al bolsillo el 90% de las monedas, esmeraldas y las 200 toneladas de oro y plata.
Mel Fisher, quien fuera quizás el mas exitoso de los buscadores de tesoros modernos, recuperando 400 millones de dólares de las entrañas del Atocha y del Santa Margarita en los Cayos del Marqués, en la Florida, solía decir: “El tesoro trae problemas, ¡tesoros grandes traen problemas grandes!” Qué cierto.
