A solicitud de Sea Search Armada (SSA), por auto de 29 de marzo de 2019 el Tribunal Superior de Barranquilla ordenó el embargo o secuestro de los tesoros del galeón Señor San José. Esta medida cautelar tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 5 de julio de 2007, por la cual se declaró a SSA propietaria del 50% de los tesoros que se encuentren en las áreas marítimas denunciadas en 1982. En estas mismas áreas se redescubrió el galeón en 2015, por lo que para SSA se trata del mismo naufragio descubierto en 1982.
El secuestro de los tesoros fue inicialmente decretado el 12 de octubre de 1994, inmediatamente después de la sentencia de primera instancia, pero fue levantado el 31 de octubre de 2017 por el Juez 3º Civil del Circuito de Barranquilla. Apelado dicho levantamiento por SSA, por auto del pasado 29 de marzo el Tribunal Superior de Barranquilla lo revocó y ratificó o confirmó el embargo de los tesoros en forma definitiva, ya que contra esta decisión no procede recurso alguno.
En su providencia dice el Tribunal Superior: “Siendo así, mantener la medida cautelar de secuestro en esta situación particular es razonable, proporcional, necesaria y adecuada, dado que busca un objetivo legítimo; sirve al fin propuesto, no existe otra medida que sea menos gravosa y garantice los derechos de la parte demandante, por lo que no solo es viable revocar, tampoco modificar la medida”, Por lo que se resolvió “En consecuencia, mantener la medida cautelar de secuestro decretada por providencia del 12 de octubre de 1994”
Y conforme al procedimiento establecido por el Tribunal Superior en su sentencia de segunda instancia de marzo 7 de 1997, quien rescate el galeón San José a cualquier título y en cualquier tiempo, deberá depositar su carga a órdenes del juez en el Banco de la República de Cartagena, o entidad similar, para la práctica del secuestro y la entrega de los tesoros por partes iguales a la Nación y SSA, como fue dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 5 de julio de 2007.
Demás, por expreso mandato de la ley a partir de la medida cautelar ordenada por el Tribunal Superior de Barranquilla, será absolutamente nulo por objeto ilícito cualquier contrato que se celebre sobre los tesoros embargados del galeón San José.
La verificación científica del hallazgo arqueológico del Galeón San José, que se hizo el año pasado, comenzó rindiéndoles un homenaje a las alrededor de 580 personas cuyas vidas terminaron el 8 de junio de 1708 en la llamada Batalla de Barú, cerca de Cartagena, cuando el barco, según las crónicas de la época, explotó en el mar y se hundió para siempre.
Así lo ratifica el vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo, director general marítimo: “Nos interesa que la información esté al alcance de los colombianos y de todas las personas que quieran saber más del galeón. Además, que llegue de manera clara y precisa, porque con el San José, desde su hallazgo, se han dado muchas causas aparentes y reales” y han aparecido más mitos y leyendas.
Los trabajos se realizaron durante 117 horas de inmersión de un vehículo remotamente operado (Remotely Operated Vehicle – ROV) y las dos plataformas de investigación fueron los barcos Roncador y Providencia “equipadas y utilizadas para la toma de datos oceanográficos e hidrográficos del yacimiento”, sigue.
Este trabajo se planeó durante dos años. La capitán de corbeta Gina Lorena Hernández Zárate, jefe del componente de gestión e información de seguridad y apoyo a la operación, que hizo parte del equipo que tuvo varias mujeres, contó que esta operación fue “un proceso que incluyó videos que luego se convirtieron en miles de fotos”.
Conocida como ‘Ortomosaico’, la operación del ROV en el fondo del mar produce un mosaico continuo y se lograron más de 60.000 imágenes. “Se ratificó lo más importante: el hallazgo no ha sido intervenido. Están las vasijas, los cañones, la porcelana, las espadas…”, agrega.
Porque entre las leyendas urbanas (o tal vez marinas) que se oyeron desde la inmersión inicial, era que incluso a tantos metros bajo el nivel del mar el galeón había sido saqueado.
“Ahí está todo el conjunto de lo que fue el galeón, que dice mucho de las vivencias, el comercio, las costumbres, de lo que generaba esa época para el país y el mundo relacionado con la historia”, dice el vicealmirante Giraldo Gallo.
En el libro, los integrantes del equipo no dejan ver sus caras. Son los hombres y mujeres que día a día cuidan este hallazgo, que sigue bien conservado en el fondo del mar.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez habló sobre varios temas en el programa ‘Mejor Hablemos’ entre ellos habló del Galeón Señor San José
¿Cómo está viendo este Gobierno el tesoro del Galeón San José?
Lo está viendo como un patrimonio cultural e histórico que no puede terminar en los anticuarios del mundo, que no puede tenerse en cuenta por su valor económico. Por eso se pospuso la Asociación Público Privada (APP) y se están sopesando todos los argumentos: desde el punto de vista de los derechos del mar, del derecho colombiano y los términos de la APP del gobierno anterior y tomaremos la decisión que más convenga al interés nacional. Sería un absurdo dividirlo.
¿Sí lo sacan, va todo para un museo?
Estamos convencidos que esto hay que mantenerlo unido. Eso es lo que toda la academia considera. Me he reunido con ellos porque el sector de la cultura y de la academia no había sido tenido en cuenta en el anterior gobierno.
“El Galeón San José tendrá el tratamiento adecuado en materia jurídica y cultural”
¿Y si habrá alguien que lo vaya a sacar en esas condiciones?
Depende, se podría sacar y se monta un museo que va a preservar un tesoro histórico y cultural por los siglos de los siglos.
¿España estaría de acuerdo con esto?
No estamos procediendo bajo ningún acuerdo con España. Estamos procediendo en principio, con lo que le conviene a Colombia. Miraremos después como lograr que haya otros que se sumen a esto. Ojalá la decisión que tomemos se pueda impulsar con el gobierno español o se declare un patrimonio cultural de la humanidad por parte de la Unesco.
¿Hasta cuándo irá como Vicepresidenta, estos tres años y medio que faltan o un año antes para lanzarse a la Presidencia?
Tres años y medio. Lo que me interesa es hacer bien esta vicepresidencia.
España no da su brazo a torcer en caso Galeón San José
El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, llegó este sábado a Cartagena (Bolívar) para asistir a una reunión ministerial iberoamericana, en la que aprovechará para recabar información sobre el galeón San José, hallado en aguas colombianas.
El Airbus 310 de la Fuerza Aérea Española en el que viaja García-Margallo y una pequeña delegación que le acompaña aterrizó a las 04:50 de la mañana en la capital bolivarense.
En la agenda de la reunión ministerial que se celebra hoy, como antesala de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Conferencia Iberoamericana, que en su XXV edición se realizará en Colombia en el 2016, estará analizar las elecciones legislativas venezolanas celebradas hace seis días y en las que la oposición derrotó el chavismo que representa Nicolás Maduro.
Reunión de Alto nivel caso Galeón San José
Sin embargo, el hallazgo del galeón San José, hundido en 1708 y localizado hace unos días en aguas colombianas cercanas a Cartagena, centrará la visita de García-Margallo.
De hecho, mantendrá una reunión bilateral con su homóloga colombiana, María Ángela Holguín, con quien hablará de este navío, que se hundió con toneladas de oro y plata.
España y Colombia acordaron esta semana, en un primer contacto, abordar por la vía diplomática la situación desencadenada tras el hallazgo del navío.
El propio García-Margallo, en una entrevista con la Agencia EFE, insistió en que el Gobierno español buscará un acuerdo “amistoso” con Colombia, aunque argumentará que la Unesco le ampara, ya que se trata de un “barco de Estado”.
“Vamos a hablar”, dijo el ministro, quien no obstante dejó claro que España no renunciará al galeón, porque se trata de un barco de Estado con “un significado histórico muy serio”.
El legendario galeón San José, y su buque gemelo, el San Joaquín, fueron construidos a finales del siglo XVII en los astilleros de Mapil, cerca de San Sebastián (País Vasco, norte de España), y en el momento de su hundimiento por una flota inglesa, el viernes 8 de junio de 1708, iba cargado con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata, según los historiadores.
El jefe de la diplomacia española también mantendrá una reunión con su homóloga argentina, Susana Malcorra, exjefa de Gabinete del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y recientemente nombrada canciller por el nuevo presidente del país latinoamericano, Mauricio Macri.
Colombia está preparando un memorando de entendimiento para que España, si así lo desea, participe en el rescate del pecio del galeón San José, un buque español hundido frente a las costas de Cartagena en el siglo XVIII, según dijo el presidente Juan Manuel Santos.
“En este momento, estamos presentándole a España un proyecto de memorando de entendimiento para que España, si quiere, participe en el rescate de este patrimonio. Los mantenemos informados de todos los detalles”, comentó Santos en una entrevista con la agencia de noticias EFE.
Sin embargo, explicó que lo que no pueden compartir es el criterio expresado por varios arqueólogos colombianos, y que se sustenta en la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la Unesco, de mantener el pecio bajo el mar.
“Lo que no podemos compartir es el principio de que los patrimonios sumergidos deben quedarse en el fondo del mar. Es un patrimonio colombiano, en aguas colombianas, que queremos rescatar para los colombianos y para la humanidad y ojalá lo podamos hacer de la mano de España“, agregó Santos.
Alrededor del proceso arqueológico para recuperar el San José se ha levantado una polvareda, cuyo último episodio se escribió esta semana, cuando el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, expresó a Colombia el “firme compromiso” de España en la “preservación del patrimonio histórico cultural conjunto“, así como en “la necesidad de mantenerlo”.
Por su parte, la Universidad Nacional de Colombia (UN) se pronunció en abril pasado acerca del proyecto arqueológico y consideró que antes de tomar medidas para el rescate del galeón San José es necesario asumir “que el patrimonio cultural subacuático presenta complejidades para Colombia y todos los demás países, por lo cual se debe estudiar integralmente para conocerlo“.
Además, los expertos de la Nacional manifestaron su preocupación “sobre la forma cómo se viene desarrollando un proceso de contratación para el rescate del galeón San José, caracterizado por la falta de transparencia y el aislamiento a la comunidad científica y académica”.
En un sentido similar se expresó el Observatorio del Patrimonio Cultural y Arqueológico (OPCA) de la Universidad de los Andes, que consideró en mayo pasado que podría haber un “posible detrimento patrimonial de la Nación por cuenta de la valoración de los bienes hallados” en el San José.
Acerca del ofrecimiento de Borrell, Santos aseguró que el memorando de entendimiento que le presentarán a España “es precisamente” que Colombia está preparada para “que ellos estén presentes”.
“(Que) nos asesoren, nos digan sus opiniones sobre cómo hacer mejor el procedimiento, si es que se puede mejorar. Lo que está en el proceso es un procedimiento con los mejores estándares, los más altos, para preservar el patrimonio”, destacó Santos.
En este sentido, subrayó que el proyecto que será hecho mediante una polémica asociación público privada (APP) no tiene como finalidad el lucro, sino “rescatar un patrimonio”.
En 1982 una empresa norteamericana denunció el hallazgo de especies náufragas en la “vecindad inmediata” a un punto específico en el mar Caribe colombiano, al Oeste de las islas del Rosario cerca a Cartagena de Indias, se dijo que habían encontrado el galeón español del siglo XVIII llamado Señor San José, el cual es muy famoso porque al momento de su naufragio en 1708, sus bodegas se encontraban cargadas con incuantificables cantidades de oro, plata, perlas y esmeraldas.
Imagen 1. Representación del polígono de exploración “Área I” concedida a Glocca Morra Company (Sea Search Armada), con el punto de referencia del hallazgo denunciado en 1982. Imagen elaborada por la Veeduría Nacional de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia -VNPCS, utilizando el programa Google Earth.
La ley colombiana para ese entonces otorgaba a aquel que denunciara un bien con calidad de tesoro, la mitad de lo que se encontrara y así pactó el gobierno de entonces, liderado por Julio Cesar Turbay Ayala, con los norteamericanos de Sea Search Armada. Los problemas surgieron cuando se denunció el hallazgo de los restos del naufragio, pues el gobierno del presidente Turbay “lleno de patriotismo” intentó reducir a la brava el porcentaje pactado con los extranjeros y como estos no aceptaron la rebajona, se les mando a poner bajo arresto y a inmovilizar el submarino que utilizaban en la exploración; poco después, la comunicación entre contratistas y gobierno se quebró por completo. Se dice que Sea Search Armada, invirtió cerca 12 millones de dólares de aquella época buscando el naufragio, los cuales a valor presente serían algo así como 40 millones de dólares.
Después de Turbay (1978 – 1982) llegó Belisario Betancur (1982 – 1986), quien, también “lleno de patriotismo” sacó una ley que modificaba el monto del porcentaje de quienes denunciaran “tesoros” del 50% al 5%, y esta se pretendió aplicar retroactivamente a los denunciantes del hallazgo de 1982.
Para no alargar la historia, los norteamericanos demandaron al gobierno y tras tres décadas de pleitos, hoy cuentan con un fallo de la Corte Suprema de Justicia y un embargo a su favor sobre los tesoros que sean extraídos del área de búsqueda que se les otorgó (Imagen 1), pues si bien, se denunció un punto específico en el área de exploración, esa denuncia (y así lo ratifica el fallo de la Corte Suprema) dice “en la vecindad inmediata”, imprecisión contemplada por la legislación de entonces, cuya extensión debió haber sido reglamentada por la DIMAR, más esto nunca se hizo; por tanto, la “vecindad inmediata” se reduce al total del área de exploración autorizada.
En época del presidente Álvaro Uribe, y tras finalizar los estadounidenses el último de los procesos jurídicos que se les montó en Colombia para dilatar el asunto, pretendieron estos ejercer su “dominio inminente” (gracias al fallo de la Corte) y acceder al lugar del naufragio con una expedición, pero el doctor Álvaro Uribe, les mandó a decir que si se aparecían por las costas colombianas los iba a interceptar con la Armada.
Así que los señores de Sea Search Armada quedaron a la espera de que “algún día” el gobierno extraiga esos tesoros y sólo entonces, podrían hacer valer su dominio legal (embargo) sobre esos bienes o volver a demandar en estrados internacionales.
Todo esto ha terminado jugado a favor de los colombianos y de la historia de la humanidad, pues transcurridos casi 40 años, la visión sobre estos bienes ha cambiado en el mundo, pues ya no son “tesoros”, es patrimonio cultural sumergido, y hay que dar gracias, que en todo este tiempo no se hayan llevado el naufragio, pues dejar expuesto un bien como el del galeón San José, que se supone está cargado de inmensas riquezas, “botado” en un área públicamente conocida, ha sido un riesgo absurdo e innecesario.
Las cosas tomarían un nuevo rumbo con la llegada al poder del doctor Juan Manuel Santos (2010 – 2018), y este, más “lleno de patriotismo” que todos sus antecesores juntos y con una mente absolutamente mefistofélica, se inventó una “idea maravillosa”: Redescubrir el galeón.
Para ello necesitaría hacer una carambola a muchas bandas, les enumero cinco de ellas: primera, sacar una ley que concediera una participación “justa”, es decir, volver otra vez el 50% para quien hiciera el “redescubrimiento”, y la sacó Santos en 2013; segunda, quitar el embargo de los norteamericanos sobre los “tesoros”, (lo que no sólo es un hecho absolutamente exótico, sino aterrador) y lo logró Santos el 31 de octubre de 2017; tercera, se inventó una Asociación Público Privada -APP “secreta” con unos personajes “adecuados para la maniobra”; cuarta, lograr que los señores de Sea Search Armada, retiraran las demandas que habían interpuesto ante la Corte en Estados Unidos, la CIDH y la OEA, y lo logró Santos en 2014 (engañando a los norteamericanos diciéndoles que era requisito previo para sentarse a negociar con ellos); y quinta, redescubrir el galeón San José, en unas coordenadas “lejanas y distantes” de las denunciadas por los estadounidenses, “y lo logró” Santos el 27 de noviembre de 2015. Jaque mate, habrá dicho Santos, su ministra de cultura, su director de la DIMAR y su flamante director del ICANH.
Pero la craneada “jugada maestra” de Santos los lleva a un callejón sin salida, terminaron enredados en su propio lazo: el naufragio está ubicado en el mismo polígono donde en 1982 denunció su ubicación la empresa norteamericana Sea Search Armada y ni siquiera un Santo de su calibre podría evitar que esta información se conociera. Y aquí es donde la inseguridad jurídica que pesaba sobre estos bienes contenidos en el galeón San José, que era ya del 50% -por aquello del fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Sea Search Armada-, se eleva con el “redescubrimiento de Santos” a un nauseabundo 95% pues Santos acordó con los “redescubridores” pagarles hasta con un 45% de esos mismos bienes (infamia infinita).
El argumento baladí, despreciable e irresponsable, manejado como “tesis del gobierno”, es que los estadounidenses que denunciaron el hallazgo del naufragio en 1982, marcaron un punto en el mar con la ubicación “precisa” de esos restos, y esa ubicación, de “precisa”, no tiene nada, por dos razones:
Primera, la Corte Suprema de Justicia, ratificó en su fallo de 2007, la sentencia de primera instancia de 1994, donde se habla de “áreas aledañas” (las cuales no fueron delimitadas por la DIMAR):
Declarar que le pertenecen en común y proindiviso, por partes iguales (50%) a la Nación Colombiana y a la sociedad Sea Search Armada, los bienes de valor económico, histórico, cultural y científico que tengan calidad de tesoros que se encuentren dentro de las coordenadas y áreas aledañas referidas en el “REPORTE CONFIDENCIAL SOBRE EXPLORACIÓN SUBMARINA”…
Segunda, la exactitud que hoy maneja el sistema de posicionamiento global GPS, obedece a un protocolo establecido en 1984, es decir, posterior al denuncio de 1982, por tanto, el alcance de la tesis del gobierno, de una ubicación “precisa”, se derrumba totalmente.
A modo de conclusión, el galeón San José es hoy un Bien de Interés Cultural de la Nación -BIC, por tanto jurídicamente a salvo; aunque siga “botado a su suerte” en un área de conocimiento público. El patrimonio de los colombianos que se encuentra realmente amenazado, es el patrimonio público, pues a la inseguridad jurídica que se genera con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el 50% de los bienes a favor de Sea Search Armada, hay que agregarle el 45% del “redescubrimiento” de 2015, pues ¡la funesta APP sigue viva hoy 22 de agosto de 2020! a pesar de la declaratoria del galeón San José como un BIC, la cual se realizó el pasado 23 de enero de 2020.
El “callejón sin salida”:
En 2015 el gobierno Santos autorizó a una firma inglesa dos polígonos de exploración para localizar el naufragio del galeón San José, los cuales se indican (imagen 2) con líneas rojas y medían respectivamente: 256 kilómetros cuadrados el primero, y 1.511 el segundo. Se aprecia claramente como ambos polígonos se sobreponen al polígono (marcado en amarillo) autorizado en los 80’s a la firma norteamericana Sea Search Armada y sobre el cual hay un hallazgo denunciado y una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, cuya ubicación se circunscribe al total de ese polígono (1.100 km2) por aquello de la “vecindad inmediata” no delimitada por la DIMAR.
Imagen 2. Los puntos amarillo y rojo ubicados en el área verde se supone representan la localización del San José: 1982 (amarillo) y 2015 (rojo). Imagen elaborada por la Veeduría Nacional de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia -VNPCS, utilizando el programa Google Earth.
Si el hallazgo denunciado en 2015 se encuentra (como parece ser) en cualquier parte del polígono autorizado a Sea Search Armada en los 80’s (imagen 2, indicada en verde) la inseguridad jurídica sobre el patrimonio público de Colombia alcanzará hasta el 95% del valor de los bienes contenidos en el galeón San José, y mientras que el gobierno persista en mantener “vigente” la funesta APP de Santos, la cual aún no ha sido cancelada, a pesar de contemplar el pago absolutamente ilegal, con partes de un bien, que ahora goza con protección constitucional reforzada por su calidad de Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional, el cual no puede ser comercializado bajo ninguna circunstancia, la inseguridad jurídica sobre el patrimonio público de los colombianos es inminente.
Además, la legislación colombiana deja claro lo siguiente: “Si de hecho hubiere varios denunciantes, respecto a una misma zona marina, SE PREFERIRÁ AQUEL CUYA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO TENGA LA FECHA MÁS ANTIGUA”. (Inciso único del literal “b” del ARTÍCULO 191, del Decreto ley 2324 de 1984).
Este asunto aún no termina, lo que si es claro es que las autoridades competentes deben investigar a fondo la conducta de los funcionarios involucrados en toda esta trama contra el patrimonio de los colombianos.
La Armada había negado en una primera instancia entregar la información alegando que era reservada.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Armada Nacional que en 10 días hábiles entregue la información de la compra de un submarino no tripulado a la empresa sueca SAAB Seaeye, el cual sería utilizado para la exploración del Galeón San José en aguas de Cartagena y que, al parecer, tendría sobrecostos.
Según, el veedor del patrimonio sumergido de Colombia, Francisco Muñoz, por este submarino se habría pagado 2.192.000 dólares, pese a que su precio real podría ser de unos 320 mil dólares, además se necesita conocer si resiste más de 1000 metros de profundidad y puede permanecer tres semanas con un equipo de atención en el área del naufragio.
Aunque la Armada Nacional aseguró que estos datos eran reservados, el Tribunal señaló que el derecho a la información no es absoluto, por lo que se debe entregar la documentación y detalles solicitados.
“La información puede ser suministrada al público en virtud de no encontrarse enmarcada en alguna de las causales de reserva legal explicadas con anterioridad, y por ello, debe ser entregada a los peticionarios en concordancia con el derecho fundamental a la información”, explicó la decisión.
Carla Rahn Phillips, autora de “El tesoro del San José” dice que “si alguien arrebata el San José sería una vergüenza para la humanidad”
La investigadora estadounidense Carla Rahn Phillips, autora de “El tesoro del San José”, considera que si el galeón San José cae en manos de caza tesoros sería “una tragedia y una vergüenza enorme para la humanidad”.
Rahn, profesora emérita de la Universidad de Minesota (EEUU), aseguró en una entrevista con Efe que “si los gobiernos y otras entidades culturales abandonan el control sobre el pecio (pedazo o fragmento de la nave que ha naufragado.), seguramente los caza tesoros tratarán de recuperarlo, sin otro objetivo que expoliarlo”.
Exploración Galeón San José
Sobre la tesis del Gobierno español de que, por ser patrimonio de la humanidad el pecio debe permanecer intacto en el fondo del mar, Rahn se mostró a favor porque “el San José es la tumba de unas seiscientas personas, y hay que respetarlas”.
Como experta en la historia del galeón San José -hundido por los británicos en Cartagena de Indias (Colombia) en 1708-, y acerca de que su tesoro sea el mayor que jamás se perdió en el hundimiento de un buque, opinó: “La leyenda dice que sí; los documentos sugieren que es posible, pero el tesoro es mucho menos valioso de lo que la leyenda propone”.
“Según los documentos y los registros de la época, entre nueve y diez millones de pesos de a ocho reales, incluyendo plata y oro” es lo que había en el galeón, a lo que habría que añadir “cierta cantidad de joyas, perlas, y otras cosas sin valoración precisa”.
De ese dinero, y según los resultados de sus investigaciones, matizó que “del total, aproximadamente medio millón de pesos perteneció a la Corona española; el resto formaba parte de fortunas individuales y compañías mercantiles”.
En cuanto al interés meramente histórico, de lo que le parece más relevante del pecio, indicó que es “el buque, su artillería y otras cosas que iban en el barco; sobre todo, las cosas que nos darían un idea de la vida de los marineros y de los soldados abordo”.
Y sobre a quién corresponde la titularidad del tesoro, a Colombia o a España, la historiadora afirmó que “muchos gobiernos, incluyendo el mío, el de Estados Unidos, apoyan la convención internacional que señala que un buque estatal hundido pertenece al Estado que fue su propietario antes de su hundimiento, a pesar de dónde o cuándo se hundió”.
“Hay razones importantes para esta convención; otros gobiernos, como el de Colombia, dan más importancia al control de sus aguas territoriales en tiempos actuales; hay razones para esa actitud también, y yo no entro en ese debate”, añadió.
Y puso un ejemplo, aunque sin tesoro: “Hay un caso interesante en el estado de Texas, donde resido ahora; el pecio francés “La Belle” (del explorador francés René-Robert Cavelier, Sieur de La Salle), que hace años fue recuperado en la costa de Tejas en el Golfo de México”.
Los arqueólogos están reconstruyendo “La Belle” gracias al Bob Bullock Museum en Austin.
“Legalmente, el buque y todo su contenido pertenecen a Francia, pero se quedará en Texas, en condición del préstamo permanente; por supuesto, no había tesoro en ‘La Belle'”.
Rahn también recordó la actuación de la empresa Odyssey con el pecio de la fragata Mercedes y comentó que es un aviso de “cómo la codicia puede transmutar el interés en la arqueología en algo feo”.
Y sobre la actividad de los “caza tesoros”, resaltó que en el ámbito científico no aportan nada “excepto llamar la atención sobre buques hundidos, y sobre las condiciones peligrosísimas de la navegación en los siglos pasados”.
El Señor Césaar Augusto Duarte presentó demanda, en ejercicio de la acción popular, contra el Ministerio de Cultura y al instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH.
Falleció en Barranquilla el abogado Danilo Devis Pereira, quien por más de 30 años defendió los intereses de Sea Search Armada (SSA), la firma estadounidense que reclama derechos sobre la mitad de la carga.
La última vez que hablé este año con Danilo Devis Pereira me comentó de una enfermedad renal que lo aquejaba y, en tono de broma, dijo que esperaba no morirse sin haber logrado que el Gobierno colombiano por fin le reconociera a la firma cazatesoros estadounidense Sea Search Armada (SSA) la mitad del tesoro del galeón San José, basado en los derechos de descubrimiento que le avaló la Corte Suprema de Justicia en un fallo de 2007. En otras palabras, que les permitiera rescatar, a 700 metros de profundidad en el mar Caribe, la carga de la nave colonial de bandera española, hundida por los ingleses el 8 de junio de 1708 en inmediaciones de las Islas del Rosario.
Jack Harbeston, the managing director of the salvage firm Sea Search Armada, shows the location of the Spanish galleon San Jose as he poses for a portrait, Thursday, May 24, 2007 at his house in Bellevue, Wash. Sea Search Armada has been involved in a 20-year legal battle against Colombia’s government, over claims to the Spanish galleon San Jose’s loot, that has been lying on the ocean floor off Colombia for three centuries. (AP Photo/Andrei Pungovschi)
Detrás de la guerra jurídica contra el Estado colombiano, que empezó en los años 80 a través de la entonces Glocca Morra Company, luego SSA, siempre estuvo este abogado, por cuyos servicios la firma estadounidense le concedió el 10% de lo que se comercializara de las riquezas a bordo del San José. Devis nació en Barranquilla el 3 de febrero de 1940, se graduó en 1962 en la Universidad Javeriana de Bogotá, obtuvo la tarjeta profesional número 772 y desde 1984 fue profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad del Norte, en la capital del departamento de Atlántico.
Según la Constitución, el patrimonio cultural sumergido es propiedad inalienable de la nación colombiana, pero, según la ley 1675 de 2013 sobre el tema, podrían ser comercializados los bienes que sean considerados repetidos, no originales, lo que determinará en su momento el Consejo Nacional de Patrimonio. En todo caso, el potencial derecho de Devis se lee en un fallo de primera instancia del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla del 6 de julio de 1994. (Lo que ha dicho el gobierno de Iván Duque sobre el caso).
Un sueño que se le haría realidad el día que el galeón fuera rescatado y reconocidos los derechos de sus representados, lo que no vio en vida, pues falleció el pasado sábado 27 de julio, ni parece viable en las actuales circunstancias: Los últimos gobiernos de Colombia han dicho que no están obligados por la decisión de la Corte Suprema, teniendo en cuenta que SSA se basó en coordenadas de 1982 que no serían las mismas en las que la administración de Juan Manuel Santos reencontró el galeón, a finales de 2015, litigio que los norteamericanos pedían esclarecer en el lugar y que si se demostraba públicamente tal versión renunciarían a sus reclamos, que los llevaron, incluso, a demandar al Estado colombiano ante tribunales de EE. UU. en busca de una indemnización de US$17.000 millones, causa que no prosperó.
El gobierno Santos eligió a la firma británica Maritime Archeology Consultants (MAC) para la búsqueda, que terminó con éxito hace casi cuatro años y la dejó como principal aspirante al contrato de rescate del San José en un esquema licitatorio de Asociación Público Privada al que no se presentaron más aspirantes por considerarse en desventaja, proceso sobre el cual el gobierno de Iván Duque no se ha pronunciado de fondo y mantiene en suspenso a la espera de una consulta al Consejo de Estado.
Devis lideró la guerra jurídica, contratado por SSA luego de que, en septiembre de 1988, ocurriera un intenso debate en el Senado de la República, promovido por el senador Hugo Escobar Sierra sobre la corrupción en medio de la cual se le adjudicaría el rescate del San José al Banco Nacional de Suecia. Las denuncias bloquearon esa adjudicación y el escándalo convenció a SSA de “la definitiva intención de arrebatarle sus derechos sobre los tesoros denunciados en 1982”.
Para tal efecto esa firma solicitó nombres de abogados al Consulado General de Estados Unidos en Colombia. A esos profesionales les planteó el problema y pidió su concepto sobre lo que se debería hacer. En noviembre de 1988, Devis fue citado a Miami para que explicara su estrategia al presidente de SSA, Jack Harbeston, quien quedó convencido de su competencia y lo contrató. La primera demanda contra el Estado colombiano la presentaron el 13 de enero de 1989 ante un juzgado civil de Barranquilla. Allí se enteró de que el colombiano Fernando Leyva era socio de Glocca Morra Company, empresa descubridora del San José que luego traspasó sus derechos a SSA. No volvió a saber de él.
Sin recibir su parte, que consideraba simbólica, Devis opinaba: “Ha sido, sin duda, una experiencia única, ideal para cualquier abogado del planeta, no solo por la cuantía del asunto, sino por la trascendencia histórica del tema. Y es especialmente satisfactorio que los derechos de SSA hayan sido reconocidos y restablecidos por los jueces colombianos en todas las instancias, de todos los procesos, y en todas las jurisdicciones: constitucional, civil y administrativa”.
Me mostraba orgulloso los fallos en los que enfrentó y venció a seis presidentes de Colombia: Virgilio Barco (1986-1990), César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2008) —durante el que logró que la Corte Suprema de Justicia reconociera derechos a SSA, su mayor victoria— y Juan Manuel Santos. Seguía Iván Duque. “Este es un litigio en el que, por primera y única vez en la historia de Colombia, la representación judicial de la nación fue asumida directamente por quienes ejercieron la Presidencia de la República durante su trámite. Y precisamente por eso no se resignan a la pérdida del pleito”, decía.
Aseguraba que “pese a que por obvias razones, a la nación le corresponde dar ejemplo de acatamiento a las decisiones de sus jueces, en este caso han acudido a razones francamente irracionales para tratar de dejar sin efectos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que resolvió definitivamente el litigio sobre la propiedad del naufragio, en un inútil intento por voltear el resultado de un pleito que perdieron sin atenuantes”. A todos los gobiernos los acusaba de “ponerle conejo a esa sentencia para entregarles a su contratista secreto y a sus comisionistas los tesoros de propiedad de los colombianos y de SSA, el descubridor original”.
Un actor y un político norteamericanos murieron esperando la riqueza del galeón
Junto al colombiano Devis, un centenar de inversionistas estadounidenses han esperado desde los años 80 quedarse con parte del tesoro del galeón San José, en cabeza de Jack Harbeston, el dueño de Sea Search Armada (SSA). Destacan Michael Landon, famoso actor de Hollywood por sus papeles protagónicos en series como Bonanza y La familia Ingalls. Landon realmente se llamaba Eugene Maurice Orowitz, nacido en Nueva York en 1936 y muy dado a los juegos de azar. Como socio de SSA creyó ir por una autopista hacia el cielo, parodiando su famosa serie Highway to Heaven, hasta su muerte por un cáncer de páncreas en Malibú, en 1991, a los 54 años de edad, cuando decía que estaba listo para retirarse a disfrutar su parte del San José.
Otro personaje se llamaba John Ehrlichman, influyente asesor de Richard Nixon en la Casa Blanca, condenado en el juicio por el escándalo del Watergate. Luego de un año en la cárcel invirtió sus ahorros en SSA, aprovechó sus contactos políticos en el Congreso de ese país para que el Gobierno de Colombia fuera presionado a autorizar el rescate de la embarcación, pero murió en 1999, a los 73 años, en Atlanta, Georgia, a la espera de utilidades de al menos un 40 % como les habían calculado los exploradores.
En entrevista con la Ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba se habla de los planes futuros de la extracción de tesoros del Galeón San José halladoen pasado noviembre en costas cercanas a Cartagena.
Hablemos del galeón San José, una de las noticias más excitantes del 2015. ¿Está o no saqueado?
El Estado colombiano, mediante una APP de iniciativa privada, es decir, con la participación de un financiador, bajo la coordinación del Ministerio de Cultura, con la dirección científica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), el concurso de la Dimar y vinculando al equipo de científicos más versado en estas materias, encontró el galeón San José. La información que tenemos por parte del equipo científico es que no ha sido saqueado, nadie ha llegado hasta allí. (Además: El día en que Colombia estuvo a punto de regalar el galeón San José)
¿Y ahí sí hay tesoro?
Tengo que decir que lo que más nos interesa es el reto de adelantar una investigación científica de estas dimensiones, tal vez la más importante que sobre patrimonio sumergido se haya acometido jamás. En el entender de los científicos e historiadores, el galeón San José cuenta con patrimonio cultural invaluable para la humanidad y también con un tesoro importante.
¿Y necesariamente habrá que compartir el tesoro con los inversionistas?
Colombia no contaba con una herramienta jurídica que le permitiera realizar este tipo de investigaciones científicas en sus aguas. Fue posible gracias a la Ley de Patrimonio Sumergido, que tuvo mucho debate en el Congreso y que ahora quieren modificar con otros proyectos. Esta ley no es exclusivamente para el rescate de naufragios. Lo que debe ser entendido por todos los colombianos es que investigaciones científicas sobre patrimonio sumergido son de altísimo costo y solamente se podría pensar en llevarlas a cabo con un mecanismo de financiación. Las asociaciones público privadas son la forma más idónea para realizarlas. A riesgo de un tercero se realiza la inversión, con la dirección científica del Estado colombiano, que tiene la sartén por el mango.
¿Les daremos parte de nuestro patrimonio sumergido a unos cazatesoros?
Logramos que un inversionista siguiera los lineamientos que queríamos establecer y montara el mejor equipo científico. Es totalmente distinto a entregarle eso a un cazatesoros. Pero para poder pagar esa investigación científica con todos los cuidados, y sin ser invasiva, al inversionista hay que pagarle. Nadie lo va a hacer gratis. Por eso está establecido que se le pueda pagar con parte del hallazgo que no sea patrimonio. De manera que el patrimonio sumergido no lo vamos a regalar. (Lea: Colombia y España reconocen ‘discrepancias jurídicas’ por el galeón)
¿Y cuál es el criterio para diferenciar lo que es patrimonio de lo que no lo es?
La ley reconoce, y fue declarado exequible por la Corte Constitucional, el principio de repetición. Dejando así un espectro más amplio para que sea el Consejo Nacional de Patrimonio el que determine bajo estos criterios qué será considerado patrimonio y qué no. Esta ley está bien hecha y no requiere modificaciones o reformas.
Queda claro que a los inversionistas les pagaremos con parte de las especies náufragas que encontremos. ¿Con cuáles? ¿Con monedas de oro? ¿Con joyas?
Con monedas o lingotes. Con joyas no, pues es solamente con lo que la ley permite: monedas con el criterio de repetición, lingotes de oro y plata, piedras preciosas que no hayan sido intervenidas por el hombre como las que hay en bultos de perlas o esmeraldas, o sea, no joyas.
¿Hay un estimado histórico acerca de cuánto vale lo que transportaba el galeón?
Hay un registro en el Archivo de Indias que tiene la carga oficial. Pero lo que todos los historiadores saben es que tenía una carga ilegal, una carga de contrabando, que por lo menos era seis veces su carga legal. En pesos colombianos, se ha estimado que sea más o menos equivalente a 21 billones de pesos.
¿Parte del tesoro que le quede al Estado colombiano se podrá monetizar?
Si no es catalogado como patrimonio. Pero si se tienen unos lingotes de oro y unas monedas, iguales y seriadas, una parte irá a un museo y otra parte se podrá monetizar como reservas en el Banco de la República o a través de una subasta.
¿Está el Estado colombiano preparado para atender esa avalancha de demandas que se viene?
La empresa Sea Search Armada afirma que el galeón es de ellos. España también. Y, seguramente, saltarán iniciativas de otros países latinoamericanos…
Ninguna decisión se ha tomado sin el aval de la Comisión de Antigüedades Náufragas. Hace parte de la misma un grupo de abogados de los más competentes del país.
La firma norteamericana Arnold & Porter también ha sido contratada. Y un grupo de abogados procesalistas está enviando una propuesta para atender un tema puntual. Así mismo, acompañan la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República y las oficinas jurídicas de Cancillería y Mincultura.
Como ya lo ha manifestado el Presidente, el galeón San José es propiedad de los colombianos.
Entonces, ¿qué sigue ahora?
Durante el 2016, un grupo de científicos colombianos e internacionales trabajará en determinar a partir de diversos procesos de exploración qué se encuentra en el San José. Se construirán en Cartagena los laboratorios y piscinas con todas las condiciones químicas para recibir los diversos materiales. Así mismo, será necesario iniciar la construcción de un robot altamente especializado para las futuras labores de extracción, que, si todo va bien, deben iniciarse en el 2017.
Este año 2016 será de preparación técnica y de estudios científicos e históricos, y el año entrante se abrirá el telón y conoceremos los secretos del galeón San José.
Tomado de: http://www.eltiempo.com/entretenimiento/arte-y-teatro/el-cine-colombiano-se-acerca-a-su-primer-oscar/16478424
“Un museo del galeón en Cartagena y exposiciones por el mundo generan empleo”: Andrés García Zuccardi
El senador cartagenero presentó proyecto de ley “Museo Galeón San José” que declara como patrimonio nacional al recién hallado Galeón San José.
El senador cartagenero del Partido de La U, Andrés García Zuccardi, presentó un proyecto de ley que declara como patrimonio nacional al recién hallado galeón San José y prohíbe la comercialización de la embarcación y todo lo que contiene.
La iniciativa contempla además que por 50 años el Estado tendrá el galeón San José para museos, exposiciones y actividades académicas.
¿De qué se trata el proyecto Museo Galeón San José?
El proyecto de ley del galeón responde al llamado de nuestros electores que me pidieron hacer algo al respecto, y la idea es básicamente declarar al galeón patrimonio nacional de Colombia y velar porque no se vaya a vender y que esa puerta no se abra sino por lo menos dentro de 50 años.
¿Cuál es la diferencia de su iniciativa con la ley aprobada en 2013 sobre patrimonio sumergido?
La gran diferencia entre las dos es que la de hace dos años es una ley general y se establece que se dará protección ante la posibilidad de que algo sea patrimonio, pero en esa discusión podríamos llevarnos meses que pueden resultar en saqueos en el galeón. La ley mía dice que en vez de esperar a ver qué es patrimonio, se establece de una vez al galeón como patrimonio y es un blindaje adicional contra las personas que pretenden venderlo.
¿Qué opina de las reclamaciones de la Sea Search sobre el tesoro?
Jack Harbeston, the managing director of the salvage firm Sea Search Armada, shows the location of the Spanish galleon San Jose as he poses for a portrait, Thursday, May 24, 2007 at his house in Bellevue, Wash. Sea Search Armada has been involved in a 20-year legal battle against Colombia’s government, over claims to the Spanish galleon San Jose’s loot, that has been lying on the ocean floor off Colombia for three centuries. (AP Photo/Andrei Pungovschi) Museo Galeón San José
Estoy en contra de que se venda cualquier cosa que tenga que ver con el galeón. Estoy a favor de que abramos museos y hagamos exposiciones a nivel nacional e internacional para sacarle mucho más provecho a ese patrimonio, porque se quieren enriquecer unos pocos a costilla de todos los colombianos. Pero con museos y exposiciones permanentes por todo el mundo se genera empleo y se mueve la economía y el turismo. Imagínate personas visitando un museo en Cartagena, pagando entradas, para que la gente les explique y les muestre los tesoros del galeón; imagínate colombianos viajando por el mundo acompañando exposiciones del galeón: ese es el valor del largo plazo.
¿Qué opina del interés de países como España o Perú en el galeón?
Colombia debe decir que es nuestro pero que escuchamos a las naciones hermanas y accedemos a que vamos a proteger ese patrimonio, a través de los museos y convenios internacionales para llevar piezas del galeón a estos países.
El senador Jaime Amín radicó otro proyecto en este sentido, ¿van a unificar los proyectos?
El Centro Democrático radicó un proyecto que es lo mismo que digo yo pero diferente, y me da piedra que radiquen un proyecto de ellos, ¿por qué no apoyar el mío? Además Fernando Araújo radicó el proyecto conmigo. Voy a denunciar a Amín por plagio.
Al término del empalme del Ministerio de Cultura del actual Gobierno, con el entrante de Iván Duque, la ministra, Mariana Garcés, confirmó que se respondió a la demanda que fue aceptada por el Tribunal y que tiene en vilo el futuro del proceso.
Según explicó, “nos hemos opuesto a esa solicitud del accionante, diciéndole claramente que hemos cumplido la ley”.
“El proceso de la APP ha seguido los lineamientos de la ley, la ley fue discutida en el Congreso de la República, fue demandada, fue declarada exequible por la Corte Constitucional y lo que nos corresponde a los funcionarios públicos es hacer cumplir la ley”, precisó.
Confirmó que el plazo de adjudicación se vence el 23 de julio y se obstaculizaría el proceso en el caso de que se dictaran estas medidas.
El Gobierno espera una respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, decretando o negando las medidas cautelares sobre el proceso de la APP antes del 17 de julio, aunque no descarta que se tome más tiempo dada la complejidad del caso.
Sobre el proceso el Ministerio aclaró que se está priorizando la recuperación del valor patrimonial y cultural del Galeón San José, por encima de cualquier interés económico sobre este tesoro hundido en el mar caribe colombiano.
La Veeduría del Patrimonio Cultural Sumergido denunció ante la Fiscalía a la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, y al representante legal de la cazatesoros inglesa MAC, Ross Kevin Hyett, por presuntas inconsistencias en los pagos en medio del proceso del rescate del Galeón San José.
La denuncia, conocida por el diario EL HERALDO, va con copia a la Procuraduría y la Contraloría, y fue entablada por el veedor Francisco Muñoz por los supuestos delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal.
En el documento se cuestiona, inicialmente, que la cartera de patrimonio “mantiene activa” la Asociación Público Privada, APP, del naufragio, con MAC “para adelantar la exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación del patrimonio cultural sumergido del Galeón San José, proceso contractual en el cual se pretende remunerar al ‘originador’ hasta con el 45% de los bienes que fueren declarados como no pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, a pesar de que el pasado 19 de diciembre de 2019, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural declaró en sesión ordinaria que la totalidad del pecio del Galeón San José, es un Bien de Interés Cultural“.
Con esta declaratoria, agrega, “la forma de remunerar ya no puede hacerse con parte del pecio, pues en su totalidad constituye un Bien de Interés Cultural de ámbito nacional, por tanto una unidad indivisible. Por lo anterior, es inquietante que el Ministerio de Cultura persista en mantener activa la cuestionada APP“.
Y en cuanto a los pagos, asegura Muñoz que en el informe de evaluación de los costos de estructuración, presentado por MAC el 25 de octubre de 2017, hay “inconsistencias que constituyen indicios de una presunta comisión de actos delictivos que podrían involucrar personas indeterminadas” tanto en el Ministerio como en MAC.
Señala aquí que el monto aceptado por Mincultura se determinó en $18.438 millones y en medio del informe MAC presentó dos facturas de la Dimar, por concepto de alquiler de embarcaciones, por US$342 mil, es decir, al cambio de la fecha $1.002 millones. De estos, el valor ejecutado fue de $691 millones y el valor reintegrado por parte de la Dimar, según la veeduría, fue de $311 millones.
Por lo que advierte el veedor que con “el hecho de haber MAC facturado al Ministerio el monto completo sin descontar el reintegro de los $311 millones y que este monto haya sido aprobado por parte del Ministerio sin descontar el citado reintegro, las partes incurren presuntamente en los delitos“.
