En medio del despliegue mediático del gobierno Petro mostrando en Cartagena “que quiere hacer las cosas bien con el galeón San José”, la directora encargada de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) Paula Robledo, notificó al país que la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) rechazó la solicitud de Colombia sobre la competencia de esa Corte; con la cual pretendió Colombia dar fin anticipado a la demanda que instauró la empresa norteamericana Sea Search Armada (SSA) por los derechos que aduce tener esa empresa sobre el 50% de las riquezas contenidas en el galeón San José. Esta acción marca el comienzo de un juicio de enormes proporciones cuyas conclusiones deberíamos conocer en el término expedito de un año.
Para aquellos que hemos seguido de cerca el caso del galeón San José, el juicio ante la CPA plantea la aclaración de ciertos interrogantes de vital importancia. (ver https://pca-cpa.org/en/cases/300/)
¿Ignorancia o complicidad del gobierno Petro?
En 2021 se denunció ante la Fiscalía General de la Nación la intrusión y presunto saqueo del galeón San José. La Fiscalía no investigó y dijo haber enviado el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ya que entre los denunciados se encuentra el expresidente Santos. En diciembre de 2023 un juez ordenó a la Comisión de Acusaciones que determinara a cuales aforados investigará y devolviera la denuncia a la Fiscalía para que esta determine el nivel de participación y responsabilidad de los demás involucrados carentes de fuero mediante la apertura de la indagación penal.
Ahora, en febrero de 2024, la Comisión de Acusaciones dice que ellos jamás recibieron de la Fiscalía la denuncia instaurada en 2021. Se espera que en los próximos días la Fiscalía explique y se vea precisada a iniciar la indagación penal y como parte de ella, ordene la inspección judicial del contexto arqueológico antes que el gobierno Petro lo altere. De todo esto está el gobierno enterado y es preocupante que siga en su despropósito de ir a sacar “algunas cositas”. Dato curioso: al menos uno de los denunciados ante la Fiscalía en 2021 acompaña al gobierno Petro en su “proyecto” en 2024.
La intrusión y posible saqueo del galeón San José no será, en el corto plazo, tema de interés de la CPA pero sin duda lo será, de llegar a probarse que lo hallado en 2015 fue lo mismo que en 1982.
¿El la SSA una víctima inocente de un presunto saqueo continuado de su descubrimiento hecho en 1982?
Esta hipótesis contempla que lo descubierto en 2015 sea lo mismo que en 1982. Tras haber contratado SSA (o sus empresas cesionarias) con el gobierno colombiano cumpliendo las leyes que entonces regían este tipo de operaciones, la SSA denunció en 1982 el hallazgo de especies náufragas en el área en que le fue autorizado explorar. Hay prueba técnicocientífica que registra la profundidad del hallazgo de 1982 a 235 metros de profundidad, acompañada por el registro del nivel de la pendiente del suelo marino donde fue encontrado, información que se encuentra consignada en un registro magnetométrico(medida del material ferroso que se encuentra en el naufragio), datos que, en su conjunto, constituyen una prueba singular e irrepetible del hallazgo de 1982.
¿Ha sido la SSA utilizada como una cortina de humo para encubrir el expolio de otro naufragio?
Esta hipótesis plantea, que si lo hallado en 2015 es un naufragio diferente al denunciado en 1982, no se explica la razón por la cual esta posibilidad no se ha aclarado por parte del Estado con el simple contraste de los enunciados registros de profundidad, inclinación del lecho marino y registro magnétometrico de 1982, con los registros obtenidos en 2015, que confirmarían o desvirtuarían, si se trata, o no, en ambos casos del mismo naufragio (ambos registros están en poder del gobierno colombiano).
El gobierno Petro ha dejado conocer la única información documentada del hallazgo de 2015 que confirma que el naufragio está a más de 600 metros de profundidad, esto en el Plan de Manejo Arqueológico del galeón San José, que fue publicado recientemente. Aparte de este hecho, queda el discurso gubernamental que viene desde 2015 con el cual aseguran los del gobierno que el galeón de 2015 fue hallado en unas coordenadas distintas y distantes de las de 1982.
Por lo anterior, no hay justificación para que se haya permitido complejizar este asunto hasta los niveles de hoy día; salvo que sea, y en esto estriba la hipótesis, que efectivamente el naufragio de 2015 es diferente al de 1982 y que el mismo haya sido saqueado de manera continuada y, quieran los involucrados, que parezca que si es el de 1982 mientras ganan tiempo (van más de 5 años) para que sea este quien cubra sus huellas, o peor, que sean los mismos presuntos responsables los que tengan la misión de adelantar el rescate, o al menos que a estos se les dé la oportunidad de alterar de alguna forma “legal” la escena del crimen, para que sea imposible saberse qué cosa hicieron los “saqueadores” antes y qué los “investigadores” ahora.
¿Y si el naufragio está fuera del mar territorial colombiano?
Por último, un hecho de singular gravedad sería que efectivamente el naufragio de 2015 fuera diferente al de 1982 y que por la profundidad declarada por el gobierno Petro (más de 600 metros) ese naufragio estuviera, no en el mar territorial colombiano, donde en la zona de interés no hay 600 metros de profundidad; sino en su zona contigua, donde sí hay esa profundidad en el área de interés, y donde la soberanía de Colombia no incluye de ninguna manera la propiedad del Patrimonio Cultural Sumergido que se encuentre en esas aguas. Esto implicaría que Colombia estaría directamente involucrada, como Estado ribereño, en el expolio del Patrimonio Cultural Sumergido de la humanidad.
En fin, cualquiera que sea la realidad de las cosas, el juicio de la CPA las aclarará, llevando al país a un pleito descomunal del cual los responsables y sus cómplices no tendrán escapatoria. ¡Alea iacta est!
(*) Historiador. Veedor Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia. Miembro de Número de la Academia de la Historia de Cartagena de Indias. Miembro del Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias IPCC. Autor del libro: Galeón Señor San José. Tomo I. Patrimonio Cultural Indivisible (2019), y Tomo II. La emboscada (2023).
Con tecnología de última generación, la dirección marítima DIMAR empezará en medio del mar Caribe las operaciones para recuperar las primeras piezas del Galeón San José que serán parte de un estudio que determinará si estas pueden estar en la superficie para luego ser expuestas como patrimonio cultural de la nación.
A pesar del reciente comunicado expertos de 13 universidades y de centros de investigación arqueológica advierten sobre “debilidades” en los estudios para una posible intervención de la nave colonial hundida en el mar caribe colombiano.
Imágenes inéditas tesoro Galeón San José compartidas por el presidente Iván Duque - Foto: Presidencia
Expertos de 13 universidades y de centros de investigación arqueológica advierten sobre “debilidades” en los estudios para una posible intervención de la nave colonial hundida en el mar caribe colombiano.
“¿En qué va la fórmula de una asociación público-privada para su extracción, fallidamente impulsada durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y revivida por Gustavo Petro?”, es una de las preguntas que le hacen los académicos al gobierno.
Académicos e investigadores de 13 universidades colombianas y de grupos de investigación de arqueología submarina emitieron un comunicado en el que dicen que “el Plan de Manejo Arqueológico del Galeón San José presenta vacíos y debilidades en la información científica del diagnóstico base”, por lo que le pidieron al gobierno de Gustavo Petro y a su Ministerio de Cultura “rectificar” los estudios antes de empezar en febrero la anunciada exploración del naufragio colonial, descubierto en 2015 en inmediaciones de las islas del Rosario. (Recomendamos: Reportaje de Nelson Fredy Padilla, autor de un libro sobre el galeón San José, sobre el polémico tesoro colonial).
“El documento publicado por el ICANH como ‘versión previa’, seguramente es susceptible de profundos ajustes y mejoras”, insistieron. El reclamo busca, según ellos, garantizar la preservación del patrimonio cultural sumergido de Colombia y la salvaguarda del conocimiento cultural y científico que representa, en este caso el galeón más famoso y reconocido tanto por su valor histórico como por la valiosa carga que llevaba a bordo el día de su hundimiento a manos de piratas ingleses el 7 de junio de 1708. Ellos insisten en que antes de una intervención se considere la conservación del naufragio en el lugar sin que necesariamente sea extraído y llevado a un museo en Cartagena.
La Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido criticó las decisiones afanadas del gobierno nacional frente a un tema que demanda una investigación detallada y responsable de todos los factores y anunció un análisis más detallado sobre el tema para los próximos días.
Enseguida el texto completo de los expertos:
¿Cuál es el verdadero plan del gobierno para extraer el Galeón San José?
Por: Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido
Enero 30 de 2024
El pasado 26 de diciembre, desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, se hizo público el Plan de Manejo Arqueológico del Galeón San José, en perspectiva de declararlo Área Arqueológica Protegida (https://www.icanh.gov.co/prensa/actualidad-icanh/conoce-el-plan-de-manejo-arqueologico). Valga precisar que, en Colombia, estas áreas corresponden a contextos arqueológicos que, en virtud de su singularidad histórica y cultural, estado de conservación y riesgos de deterioro, merecen especial atención y cuidado, siendo tales, por ejemplo, los parques arqueológicos nacionales de San Agustín, Tierradentro y Teyuna-Ciudad Perdida.
Para justificar la declaratoria de un Área Arqueológica Protegida, es requisito previo la aprobación, por parte del ICANH, del Plan de Manejo Arqueológico correspondiente. Este último es un instrumento de gestión, en donde deben plasmarse claramente estrategias que garanticen la sostenibilidad de programas y proyectos necesarios para la conservación, protección, restauración, investigación y divulgación del área a declarar, todo ello, debidamente soportado en diagnósticos, balances y justificaciones de carácter científico, jurídico, institucional y de gestión patrimonial.
El documento publicado por el ICANH como “versión previa”, seguramente es susceptible de profundos ajustes y mejoras. Así lo hemos identificado desde la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido, a partir de un análisis riguroso, acerca de lo que deben contener este tipo de planes, según la normativa que aplica y los Lineamientos para la declaratoria de áreas arqueológicas protegidas, elaborados por el mismo ICANH en 2021.
Oportunamente, daremos a conocer en detalle dicho análisis, pero por el momento se puede decir que el Plan de Manejo Arqueológico del Galeón San José presenta vacíos y debilidades en la información científica del diagnóstico base, en la enunciación de los programas y proyectos que componen el plan propiamente dicho, y en los cronogramas y estrategias para garantizar un encadenamiento consecuente de acciones, recursos financieros y apoyos institucionales que aseguren su sostenibilidad. Podemos decir que, si dicho documento hubiese sido elaborado y presentado por terceros, no habría sido aprobado por el ICANH.
No es para menos, dado que ha sido construido afanadamente, entre otras razones, como reacción a las exigencias críticas que, desde varias instancias académicas, incluyendo nuestra Red, se efectuaron durante 2023, a raíz de los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, sobre el firme propósito de sacar el Galeón San José antes que finalice su mandato, comenzando con una primera fase de extracciones en 2024.
Por eso, la confección y publicación decembrina de este bosquejo de Plan de Manejo Arqueológico, no puede opacar preguntas de fondo: ¿cuál es el verdadero plan del Gobierno en relación con el contexto arqueológico del Galeón? ¿En qué va la fórmula de una asociación público-privada para su extracción, fallidamente impulsada durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y revivida por Gustavo Petro? ¿Por qué se ha elegido la ruta de declararlo Área Arqueológica Protegida, cuando las intenciones manifestadas públicamente por el presidente, el ministro y la viceministra de las Culturas las Artes y los Saberes, así como la directora del ICANH, han sido evidentemente extractivas?
Por mucho que los técnicos -que desde hace años han estado, en la sombra, al servicio de esa iniciativa -, hayan tratado de instruir a estos altos cargos, para que no hablen tanto de “tesoro”, que eviten decir, hasta donde se pueda, “sacarlo” y, en su lugar, adopten términos como patrimonio y conservación in situ, lo cierto es que, entre la espuma de tanta corrección política, sigue emergiendo, como punta de iceberg, el imperativo de su urgente extracción.
Desde noviembre de 2023, estas cabezas designadas para dirigir la institucionalidad cultural, la antropología, la historia y el patrimonio arqueológico, han publicitado por diversos medios una invitación, calculada para febrero en Cartagena, en la cual presentaran “su” plan ante quienes tengan reparos, con la confianza, como ha declarado recientemente la viceministra de cultura, Adriana Molano, de “que estamos totalmente seguros de nuestra apuesta” (https://www.wradio.com.co/2024/01/27/mincultura-anuncio-exploracion-y-extraccion-de-piezas-del-galeon-san-jose/).
¿Funcionará esta vieja fórmula de cierto tipo de diplomacia, que pretende dejar constancia de amplia participación pública, cuando se trata de decisiones tomadas de antemano y de manera inconsulta, sobre la suerte de bienes culturales que son de la Nación?
Como miembros de la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido y otras personas de la academia que se han sumado a la iniciativa, seguiremos atentos, no por diplomacia, a estudiar juiciosamente cada documento, invitación, decisión y actuación del Gobierno, aplicando criterios científicos, académicos y de responsabilidad social, con la certeza de que lo que se encuentra en juego son los patrimonios culturales y naturales como bienes comunes, cuya suerte es responsabilidad de la Nación, no sólo del Estado y menos aún, de apresuradas decisiones de los gobiernos de turno.
De allí la necesidad de formular, como hemos venido proponiendo, una política pública sobre patrimonio cultural sumergido, en la que se inscriban con coherencia, y haciendo honor a las disposiciones constitucionales sobre patrimonio cultural y arqueológico, los planes e intervenciones que se realicen sobre el Galeón San José y los demás contextos arqueológicos subacuáticos en el País. Así mismo, la importancia de reorientar los esfuerzos institucionales y financieros del Estado -que ahora se están concentrando en una costosa iniciativa que es cerrada, secreta y guiada por afanes extractivos-, hacia un proyecto estratégico de investigación que, además de dar adecuado tratamiento a los bienes que integran el contexto del Galeón San José, fortalezca y deje instaladas capacidades nacionales en materia de arqueología subacuática y conocimientos afines, con clara participación de universidades, centros de investigación y otros sectores pertinentes, ligados a los procesos culturales del país.
En esta perspectiva, reiteramos al alto gobierno, el llamado enfático a rectificar sus decisiones en la materia, y especialmente, a la dirigencia del sistema nacional de cultura, a no perder la cabeza y actuar con responsabilidad y grandeza respecto de asuntos que comprometen la suerte de bienes culturales que son de la Nación y erosionan procesos culturales de largo aliento para el País.
Firman en orden alfabético según su apellido:
Pedro María Argüello García, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, RUPCS
Sergio Andrés Castro Méndez, Universidad de Santander
David Cohen Daza, Universidad de los Andes, RUPCS
Mario Omar Fernández Reguera, Universidad de los Andes, RUPCS
Alba Nelly Gómez García, Universidad de Antioquia, RUPCS
Hernando Javier Giraldo Tenorio, Universidad del Cauca
Luis Gonzalo Jaramillo Echeverri, Universidad de Los Andes, RUPCS
Roberto Enrique Lastra Mier, Universidad del Atlántico, RUPCS
Roberto Lleras Pérez, Miembro de Número, Academia Colombiana de Historia
Juan Guillermo Martin Rincón, Universidad del Norte, RUPCS
Santiago Ortiz Aristizábal, Universidad de Antioquia, RUPCS
Juan Felipe Pérez Díaz, Fundación Proyecto Navío, RUPCS
Carlo Emilio Piazzini Suárez, Universidad de Antioquia, RUPCS
Manuel Salge Ferro, Universidad Externado de Colombia
Juan Carlos Vargas Ruiz, Universidad del Magdalena, RUPCS
El Tribunal Superior de Cartagena solicitó a la fiscalía estudiar el caso
CartagenaLuego de un fallo proferido por el Tribunal Superior de Cartagena, donde tutela los derechos de Francisco Muñoz Atuesta, quien oficia como representante de la Veeduría Nacional para el Control del Patrimonio Cultural Sumergido, la Fiscalía General de la Nación deberá investigar si hubo un presunto saqueo del contexto arqueológico del galeón San José.
La petición del veedor, apunta a que el jefe de Gobierno no realice ninguna intervención lo que en la práctica, sería frenar cualquier posibilidad de extraer el navío, contrario al anuncio realizado por el Ministerio de Cultura donde se habla de sacar parte del tesoro en 2024.
Armada prepara misión para extraer primeras piezas del galeón San José
“Esta indagación penal debe iniciar con la inspección judicial del lugar del hecho. Por consiguiente, solicito respetuosamente al señor presidente de la República, considerar que el contexto arqueológico del Galeón San José es la escena de un presunto hecho delictivo y debe inspeccionarse por la autoridad competente”, indicó Muñoz.
Para el experto, es importante no caer en presuntos encubrimientos y dejar que la investigación siga su curso.
Hace unos días, el ministro de Cultura confirmó la exploración en la embarcación en 2024. Sin embargo, hoy la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia le pidió al presidente cambiar de decisión, tras una denuncia penal que inició en la Fiscalía General de la Nación.
“Entre marzo, abril y mayo, y digo esos tres meses, porque el comportamiento del mar es muy importante en este proceso, y eso me lo ha explicado la Armada, haremos esa inmersión, esa primera extracción de algunos materiales. Una vez saquemos esos materiales, tendrán que ir a un laboratorio”, dijo hace algunos días Juan David Correa, ministro de Cultura, refiriéndose a la exploración y extracción de objetos que se realizará en el galeón de San José en 2024. Sin embargo, la expedición podría tardar más de lo planeado.
Hoy, a través de un documento, Francisco Hernando Muñoz Atuesta, director general de la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia (VNPCS), le solicitó al presidente Gustavo Petro que no adelante ninguna exploración en el galeón San José por un “presunto saqueo del contexto arqueológico”, que obliga a que antes de la expedición se realice “la inspección judicial del lugar de los hechos”.
#Notificación
El 13 de diciembre un juez ordenó a la Comisión de Acusaciones el traslado a @FiscaliaCol de una denuncia por el presunto saqueo del Galeón San José, engavetada desde enero 2021. Se pide a @petrogustavo no tocar la escena del crimen. pic.twitter.com/YIZ5VuFgGt
Como se menciona en la carta, el 21 de enero de 2021, la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia presentó una denuncia penal por presunto saqueo ante la Fiscalía General de la Nación (FGN). Seis días después, la misma fue trasladada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, debido a que uno de los involucrados era el expresidente Juan Manuel Santos.
“Ese traslado inactivó el caso en la FGN, lo que resultó en exención de responsabilidad para los demás involucrados carentes de fuero. Desde entonces, hemos solicitado reiteradamente a la FGN una explicación sobre los fundamentos legales de esa exención sin obtener una respuesta satisfactoria”, aseguró Muñoz.
“Entre marzo, abril y mayo, y digo esos tres meses, porque el comportamiento del mar es muy importante en este proceso, y eso me lo ha explicado la Armada, haremos esa inmersión, esa primera extracción de algunos materiales. Una vez saquemos esos materiales, tendrán que ir a un laboratorio”, dijo hace algunos días Juan David Correa, ministro de Cultura, refiriéndose a la exploración y extracción de objetos que se realizará en el galeón de San José en 2024. Sin embargo, la expedición podría tardar más de lo planeado.
Hoy, a través de un documento, Francisco Hernando Muñoz Atuesta, director general de la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia (VNPCS), le solicitó al presidente Gustavo Petro que no adelante ninguna exploración en el galeón San José por un “presunto saqueo del contexto arqueológico”, que obliga a que antes de la expedición se realice “la inspección judicial del lugar de los hechos”.
Como se menciona en la carta, el 21 de enero de 2021, la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia presentó una denuncia penal por presunto saqueo ante la Fiscalía General de la Nación (FGN). Seis días después, la misma fue trasladada a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, debido a que uno de los involucrados era el expresidente Juan Manuel Santos.
“Ese traslado inactivó el caso en la FGN, lo que resultó en exención de responsabilidad para los demás involucrados carentes de fuero. Desde entonces, hemos solicitado reiteradamente a la FGN una explicación sobre los fundamentos legales de esa exención sin obtener una respuesta satisfactoria”, aseguró Muñoz.
Debido a lo anterior, el 30 de noviembre de 2023, la Veeduría Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido interpuso una acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación. El 13 de diciembre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena falló a su favor.
Tras el fallo, se le ordenó a la Comisión de Acusación del Congreso de la República estudiar la denuncia que le había trasladado la FGN, en un plazo máximo de cinco días hábiles a la notificación de la decisión judicial. No obstante, como ordena el Tribunal Superior de Cartagena, la Fiscalía General de la Nación tendrá que asumir la investigación de los denunciados que no gocen de fuero.
El primer paso para la indagación penal sería una inspección judicial de la embarcación. “Por tanto, resulta imprescindible que el gobierno se abstenga de cualquier intervención en el contexto arqueológico del galeón de San José antes de llevarse a cabo la inspección judicial correspondiente. Cualquier acción previa puede, no solo alterar la escena de un presunto hecho delictivo, sino que podría interpretarse como un intento de encubrimiento en favor de los involucrados”, aseveró el director general de la VNPCS.
-Carta abierta al Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia-
Colombia, 12 de diciembre de 2023
Respetado señor Ministro, Juan David Correa,
El propósito que nos anima en esta ocasión es contribuir a una comprensión integral, por parte del gobierno, los funcionarios del Estado y la opinión pública, de lo que se encuentra en juego al tomar decisiones acerca del tratamiento del yacimiento arqueológico correspondiente a los vestigios del Galeón San José, que es una parte sumamente significativa, pero de ninguna manera aislada, del patrimonio arqueológico y cultural sumergido de la Nación.
En días recientes se han reproducido en diferentes medios de prensa, sobre todo extranjeros, entrevistas concedidas por usted en donde se indican varios asuntos que resultan por lo menos preocupantes: 1) que es el propósito del actual gobierno avanzar prontamente en la extracción del Galeón San José ; 2) que para tal efecto, se establecerá una alianza público-privada; 3) que, previamente, se realizarán intervenciones del yacimiento, para extraer muestras de evidencias arqueológicas que permitan diseñar el cronograma preciso de tal extracción; y 4) que las “voces críticas” sobre el particular se escucharán en un evento a organizar en Cartagena durante el próximo mes de enero. Cada uno de estos asuntos amerita ser tratado con cierto detenimiento.
1. La extracción de los elementos que componen el contexto arqueológico del Galeón San José aparece en sus declaraciones, y en otras efectuadas antes y de manera reiterada por el señor presidente Gustavo Petro, como un imperativo, es decir, como algo que es un mandato de obligatorio cumplimiento. Tal rumbo, desconoce o desprecia de entrada las advertencias efectuadas por voces expertas que desde hace por lo menos 13 años han recomendado considerar, en primer lugar, acciones de preservación in situ, antes de explorar cualquier alternativa de extracción (1).
No es impedimento que Colombia no sea miembro de la Convención de la Unesco sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, para que se tengan en cuenta, dentro del rigor científico que siempre debería acompañar las decisiones en la materia, los argumentos que subyacen a la recomendación de dar prioridad a la conservación y gestión in situ como premisa para la protección y salvaguarda de este patrimonio (2). Adicionalmente, hay que advertir que no se han generado las condiciones necesarias para dar adecuado tratamiento a lo que eventualmente se extraiga, entre ellas, la existencia de un laboratorio de conservación idóneo para la preservación de muestras y bienes del patrimonio cultural sumergido. En general, y aparte de la falta de rigor científico que expresa bien el imperativo de “sacar” los restos del Galeón, el afán extractivista resulta inconsistente con el énfasis dado en este gobierno a la conservación y protección de los bienes comunes de la Nación, de los cuales el patrimonio cultural sumergido es parte integrante y muy importante.
2. El establecimiento de una alianza público-privada para materializar la extracción de los bienes que hacen parte del contexto arqueológico del Galeón San José resulta sumamente inconveniente para la protección y mejor conocimiento del patrimonio cultural sumergido del País. Con la figura jurídica y administrativa de la asociación público-privada, propia del desarrollo de infraestructuras viales por concesión, pretende tratarse un asunto absolutamente diferente, como es el de la investigación, conservación, preservación y gestión del patrimonio cultural de la Nación. También se convalidan las inconsistencias jurídicas de la Ley 1675 sobre Patrimonio Cultural Sumergido, algunas de ellas advertidas ya por la Corte Constitucional en fallos sobre inexequibilidad de sus articulados (3), y se revive un procedimiento ideado durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), para la extracción del pecio del San José, con intereses fundados en las ganancias económicas de empresas cazatesoros (4). La inconveniencia y los riesgos asociados a la suscripción de tal alianza fueron calculados incluso durante el Gobierno del expresidente Iván Duque (2018-2022), tan amigo de aplicar esquemas de negocios privados a los procesos culturales, bajo la figura de las “economías naranjas”. Como se sabe, durante ese gobierno se suspendió el proceso de establecimiento de la asociación público-privada con la firma extranjera de cazatesoros Maritime Archaeology Consultants, y contando con el concepto del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, en 2020 se declaró el contexto arqueológico del Galeón San José como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional. Teniendo en cuenta lo anterior, así como el mandato constitucional que define los bienes que integran el patrimonio arqueológico como pertenecientes a la Nación, inalienables, inembargables e imprescriptibles, surge la pregunta: ¿cuál será ahora el negocio de los privados? En general, las consecuencias negativas de revivir ahora la mencionada alianza público-privada son varias: a) puede anteponer esquemas económicos propios de los negocios privados al tratamiento de los bienes comunes que pertenecientes al patrimonio cultural de la Nación; b) desconoce las capacidades nacionales en materia de investigación, protección, conservación y gestión del patrimonio cultural de la Nación, las desestimula y puede erosionarlas, partiendo siempre del pobre argumento de que somos un país pobre y atrasado económica, científica y tecnológicamente; y c) profundiza los riesgos de demandas en curso o por venir, adelantadas por empresas cazatesoros que afincan sus especulaciones financieras en el “tesoro” del Galeón San José, haciendo aún más difícil e incierto el trabajo de Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
3. Cualquier intervención previa del contexto arqueológico del Galeón San José, como la que se planea efectuar, según sus declaraciones, durante el próximo mes de marzo, debe contar con un Plan de Manejo Arqueológico previamente formulado y aprobado por el Ministerio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, mediando una evaluación estrictamente científica del mismo. El que dicha autorización esté en manos de entidades del Estado, no las exime de cumplir con los procedimientos legales que aplican en el país para cualquier intervención de bienes de interés cultural del ámbito nacional y del patrimonio arqueológico. Antes bien, deben dar ejemplo de legalidad, y hacer público dicho Plan, antes de cualquier intervención, incluyendo, como establece la normativa, la exposición científicamente argumentada acerca de la necesidad de tal intervención, los procedimientos detallados de la misma, y las medidas de manejo de los bienes del patrimonio arqueológico a que haya lugar.
4. Como ya habrá notado, en esta ocasión, como en otras, las llamadas “voces críticas” se han anticipado, advirtiendo acerca de la inconveniencia de los puntos 1, 2 y 3 aquí tratados. Voces que son diversas y que desde hace por lo menos trece años han estado advirtiendo, con argumentos técnicos, científicos, legales y éticos, lo inapropiado e inconveniente del rumbo que sucesivos gobiernos han venido dando a la protección y gestión del patrimonio cultural sumergido y en específico al yacimiento del pecio del Galeón San José. El posicionamiento crítico de estas voces ha estado acompañado de un espíritu propositivo, como se ha hecho visible en los llamados de la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido-RUPCS, a la formulación de una Política de Estado en la materia, que reconozca procesos culturales y evite, precisamente, que cada gobierno trate el asunto de manera improvisada, mal informada y atendiendo a intereses de particulares. Igualmente, ha propuesto la construcción de una iniciativa de investigación, preservación, divulgación y valoración de dicho patrimonio, liderada por el país y sus instituciones científicas, con el concurso activo de las universidades y centros de investigación con capacidades en esas materias, y el acompañamiento internacional de entidades académicas y culturales de reconocida trayectoria. Pero en la gran mayoría de las ocasiones que hemos manifestado nuestro concepto y propuestas, valga decir, en varias de ellas durante el presente gobierno, no se ha generado una dinámica de diálogo que pueda considerarse como un debate. Entonces, escuchar las “voces críticas” puede resultar en un gesto diplomático que sólo sirve al propósito de validar decisiones gubernamentales ya establecidas de antemano. En su lugar, cuando se escuchan los argumentos y se dialoga acerca de los mismos, pueden tomarse decisiones mejor informadas, consecuentes con los intereses públicos, y no simplemente con el cumplimiento de imperativos.
Señor Ministro, en una de sus declaraciones más recientes, publicada en el diario El Tiempo (5), introducía el asunto del Galeón San José diciendo “Este es un tema que no terminamos de entender en la dimensión histórica que tiene, porque llevamos 40 años en esta discusión”. Si dimensiona bien la importancia del tema que le ha encomendado sacar adelante el señor presidente de la República, reconocerá que las decisiones que se tomen ahora en relación con el caso Galeón San José tendrán repercusiones más allá: sobre el patrimonio arqueológico en general y sobre procesos culturales de largo aliento. Preguntamos: ¿se sumarán dichas decisiones a la larga historia de intenciones por expoliar los contenidos del patrimonio arqueológico en agua y en tierra, así como a los intereses por reabrir la puerta a quienes han valorado dicho patrimonio como una mercancía y objeto de negocios? ¿O se sumarán, como es nuestra esperanza, al tratamiento del patrimonio arqueológico como parte de los bienes comunes de la Nación, en perspectiva de garantizar los derechos culturales de la ciudadanía, y al necesario fortalecimiento de un régimen jurídico de protección que, después de décadas de grandes esfuerzos, quedó consignado en la Constitución política?
Pero es también justo advertir que hay que ser sensibles a un más acá, en el sentido de que las decisiones que se tomen sobre el caso del Galeón y en general sobre el patrimonio arqueológico subacuático, deben tomar el pulso, consultar e informar, en primera instancia, al país. Sus últimas declaraciones, efectuadas inicialmente en medios de prensa internacionales, y sólo luego, en medios nacionales, resultan sintomáticas acerca de la actitud con la cual, durante las últimas décadas, las decisiones sobre el galeón San José se toman a puerta cerrada, con el concurso de actores internacionales y, bajo el argumento de que se trata de un asunto de secreto de Estado, no se informa suficientemente a los públicos del país. Adicionalmente, esta actitud, sumada al propósito de revivir la figura de la alianza público-privada, da a entender que no se confía en las capacidades nacionales en materia de ciencia y tecnología aplicables a la protección y gestión del patrimonio cultural sumergido, poniendo en manos de iniciativas privadas con un interés esencialmente económico, la extracción de los bienes que lo integran. Las iniciativas de apoyo internacional son bienvenidas, siempre y cuando sean de estricta cooperación científica, tecnológica y cultural, y con un liderazgo claro del Estado colombiano sobre las intervenciones del patrimonio cultural sumergido presente en las aguas de Colombia. Estamos seguros de que una iniciativa claramente liderada por el Estado colombiano, sus universidades y centros de investigación, apoyada firmemente en una Política pública sobre patrimonio cultural sumergido y con la cooperación internacional, puede movilizar los recursos suficientes sin necesidad tener que comprometer altas sumas de recursos públicos y la integridad de los bienes culturales en esquemas de negocio como las denominadas alianzas público-privadas.
Agradeciendo de antemano su atención a lo expresado en esta carta abierta, ponemos nuevamente a su disposición nuestras capacidades para que, en una escucha auténtica se pueda avanzar en diálogos conducentes a consolidar iniciativas que hagan honor a los preceptos de la Constitución política de la República de Colombia: la responsabilidad conjunta del Estado y las personas en la protección de “las riquezas culturales de la Nación” (artículo 8); el deber estatal de promover y fomentar el acceso de la ciudadanía a la cultura, el desarrollo de la investigación y la difusión de los valores culturales de la Nación (artículo 70); el patrimonio cultural de la Nación “está bajo la protección del Estado”; y expresamente, que “el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles” (artículo 72; ver también artículo 63).
NOTAS A PIE DE PÁGINA
1. Tempranamente, desde 2010, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) emitió un concepto técnico sobre los aspectos del proyecto de ley 1675 que corrían el riesgo de ser inconstitucionales y podían dificultar la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. En los años siguientes, se generaron críticas y propuestas alternativas efectuadas por exdirectores(as) del ICANH, la Sociedad Colombiana de Arqueología, y grupos organizados de profesionales en arqueología y estudiantes de varias universidades públicas y privadas. También se manifestaron de manera crítica los presidentes del Congreso Mundial de Arqueología y la Sociedad Americana de Arqueología. De igual modo, se hicieron advertencias por parte de la Procuraduría General de la Nación, preocupada por la vulneración de los derechos constitucionales por cuenta de la ley y la licitación de la alianza público-privada, y la Dirección de Patrimonio de la Unesco se manifestó indicando que el proyecto de ley iba en contravía de las normas establecidas por ese organismo para la protección del patrimonio cultural sumergido, lo que propiciaría, además, el negocio de los cazatesoros, lo cual fue reiterado por el Consejo Consultivo Científico y Técnico de esa entidad. Más recientemente, se conformó la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido-RUPCS, que desde 2018 se ha pronunciado públicamente en contra de la mercantilización del patrimonio arqueológico subacuático, y ha efectuado propuestas para el diseño de una Política de Estado en la materia. Ver los comunicados de la RUPCS en: https://opca.uniandes.edu.co/red-universitaria-de-patrimonio-cultural-sumergido/
2. Ver, en especial, el Anexo 1, sobre “Normas relativas a las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático”, que acompaña el texto de la Convención en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126065_spa
3. Corte Constitucional de Colombia, Sentencias C-264/14 y C-332/23.
4. Ver el concepto sobre los pliegos de la licitación de la asociación público-privada, emitido en 2018 por un grupo experto de la Universidad de Antioquia, por solicitud de la Procuraduría General de la Nación: https://www.udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/952d1ba6-c97c-4d99-ab68-80e6c3b8bf2c/Respuesta+Radicados+Nos.E-2017-13786+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp&CVID=menv2Bp
5. El Tiempo, edición en línea de diciembre 1 de 2023. https://www.eltiempo.com/cultura/musica-y-libros/entrevista-con-el-ministro-de-cultura-juan-david-correa-habla-del-galeon-san-jose-831374
Atentamente,
Firman en orden alfabético según su apellido:
Pedro María Argüello García, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, RUPCS
Sergio Andrés Castro Méndez, Universidad de Santander
David Cohen Daza, Universidad de los Andes, RUPCS
Ana Crespo Solana, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Mario Omar Fernández Reguera, Universidad de los Andes, RUPCS
Hernando Javier Giraldo Tenorio, Universidad del Cauca
Alba Nelly Gómez García, Universidad de Antioquia, RUPCS
Juliana Gómez Mejía, Universidad de Caldas
William Gómez Pretelt, Korean Maritime and Ocean University
María Amelia Gutiérrez, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Antonio Jaramillo Arango, Universidad del Norte
Luis Gonzalo Jaramillo Echeverri, Universidad de Los Andes, RUPCS
Roberto Enrique Lastra Mier, Universidad del Atlántico, RUPCS
Roberto Lleras Pérez, Miembro de Número, Academia Colombiana de Historia
Juan Guillermo Martin Rincón, Universidad del Norte, RUPCS
Santiago Ortiz Aristizábal, RUPCS
Rodrigo Pacheco Ruiz, National Museum of Royal Navy
Diógenes Patiño Castaño, Universidad del Cauca, RUPCS
Juan Felipe Pérez Díaz, Fundación Proyecto Navío, RUPCS
Carlo Emilio Piazzini Suárez, Universidad de Antioquia, RUPCS
Claudia Mercedes Rojas Sepúlveda, Universidad Nacional de Colombia
Manuel Salge Ferro, Universidad Externado de Colombia
Juan Carlos Vargas Ruiz, Universidad del Magdalena, RUPCS
Jack Harbeston, the managing director of the salvage firm Sea Search Armada, shows the location of the Spanish galleon San Jose as he poses for a portrait, Thursday, May 24, 2007 at his house in Bellevue, Wash. Sea Search Armada has been involved in a 20-year legal battle against Colombia's government, over claims to the Spanish galleon San Jose's loot, that has been lying on the ocean floor off Colombia for three centuries. (AP Photo/Andrei Pungovschi)
Sea Search Armada afirma que en 1981 localizó el naufragio del Galeón San José, así se obtuvo un contrato con el Gobierno Colombiano de turno para rescatar el tesoro y compartir los beneficios.
En la demanda se alega que Colombia incumplió y adicional declaró tesoro patrimonio Cultural de la Nación y otorgó derechos de rescate a un tercero.
La audiencia a celebrarse los días 14 y 15 de diciembre será transmitida en vivo a través del siguiente enlace:
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Actualización:
En la audiencia de ayer entre el gobierno y la Sea Search Armada se presentó una solicitud del reino de España para allegar escritos a la audiencia:
Sacar el tesoro del galeón San José antes de 2026: la meta del presidente Petro alarma a los científicos
El presidente colombiano pretende recuperar el oro, la plata y las joyas del pecio español antes de que acabe su mandato.
Como sea, pero antes de 2026. El presidente colombiano Gustavo Petro ha instado a su gobierno a que, antes de que acabe su mandato, se recupere el tesoro del galeón San José, un pecio español que naufragó hace tres siglos cerca de Cartagena de Indias con oro, plata y joyas cuyo valor se cree que podría ascender hasta los 20.000 millones de dólares.
Petro ha apremiado a los funcionarios a que «establezcan una asociación público-privada», o incluso «lleguen a un acuerdo con una empresa privada», para «sacar el galeón San José del fondo del Mar Caribe lo antes posible», según informó el ministro de Cultura colombiano, Juan David Correa.
En una entrevista telefónica con Bloomberg, Correa afirmó que el rescate del tesoro «es una de las prioridades» de Petro. «El presidente nos dijo que aceleremos el ritmo», añadió el ministro.
En el peor escenario
Las declaraciones de Correa han estremecido a la comunidad científica que, desde que el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció el hallazgo del pecio en 2015, lucha para que el naufragio sea investigado por arqueólogos subacuáticos de forma rigurosa y no sea botín de cazatesoros. «Estamos en el peor de los escenarios ahora mismo», se lamenta el arqueólogo colombiano Juan Guillermo Martín en conversación telefónica con ABC.
El coordinador del laboratorio de Arqueología de la Universidad del Norte recuerda que desde que el galeón San José fue declarado Bien de Interés Cultural, «debía tener un proyecto científico de investigación y conservación que no existe, no se ha hecho este documento guía».
Tampoco se ha realizado una debida evaluación del naufragio. «Comprar un ROV (un vehículo de control remoto) y tomar unas fotos del pecio no sirve para mucho, hay que realizar una serie de estudios previos, que no se han hecho, para evaluar cómo se debe actuar», destaca este experto, que ve en las órdenes de Petro una muestra más del desconocimiento del presidente colombiano sobre el patrimonio arqueológico subacuático. «Está muy mal asesorado sobre el galeón San José porque tiene la equivocada idea de que es un proyecto que puede adelantar la Armada, cuando no hay nadie ahí que sepa de arqueología subacuática», opina.
Martín subraya, además, que Colombia no cuenta con ningún laboratorio de conservación que pudiera hacerse cargo de las piezas rescatadas del galeón. Plantear la recuperación del tesoro sin tener en cuenta su conservación «es insensato e irresponsable», defiende. «Es un patrimonio común de los colombianos, que debe ser conservado para las generaciones futuras y va a estar en riesgo», destaca.
“El pecio del galeón San José es patrimonio de la Humanidad”, secunda Rodrigo Pacheco-Ruiz, doctor en arqueología por la universidad de Southampton que trabaja en The National Museum of the Royal Navy, que considera imposible excavar el pecio en menos de cinco años de forma científica. En el Mary Rose, recuerda, se emplearon más de 30 años y aún los materiales siguen siendo estudiados con equipos de trabajo a tiempo completo. El San José, cuyos restos se encuentran repartidos en una zona de 70 metros de largo, “es mucho mayor y está a una profundidad que ni en 30 años de forma continua se puede estudiar, excavar y registrar científicamente”.
Un Grial de los barcos hundidos
Pacheco-Ruiz ve “recurrente” que los políticos se obsesionen con la idea de que el tesoro del San José va a rescatar la economía del país, como “un Grial de los barcos hundidos”, cuando “no existe ningún caso documentado de un pecio que haya deparado ese dinero que algunos estiman”. Ni aunque, incumpliendo toda normativa y toda ética, pudieran vender la totalidad de las piezas rescatadas en el mercado. “El Nuestra Señora de las Mercedes -recuerda el arqueólogo- tenía una cuarta parte de lo que decían los cazatesoros que había”.
El arqueólogo del National Museum of the Royal Navy se muestra “muy preocupado” ante el “gran riesgo de perder valiosa información arqueológica” si tratan de rescatar el tesoro monetario, “que será el 5% de lo que el sitio es”.
Como su colega Juan Guillermo Martín, Pacheco-Ruiz lamenta además que “no exista un plan” donde se explique qué métodos se van a usar o quiénes son los expertos que van a participar en la excavación de un sitio de esa importancia. “Siempre han estado muy poco abiertos a la comunidad científica” y “ya no nos escuchan”, se queja.
Disputa jurídica
Desde el punto de vista jurídico, tampoco el escenario es el más propicio para abordar el rescate del galeón ya que Colombia se enfrenta a una demanda presentada por los cazatesoros de Sea Search Armada. Esta multinacional defiende que parte de los restos descubiertos en 2015 ya habían sido localizados en 1981 por su antecesora, la empresa estadounidense Glocca Morra, que entregó a Colombia las coordenadas del pecio con el compromiso de que tendrían derecho a la mitad del tesoro. Sea Search Armada, heredera de Glocca Morra, pide ahora esa mitad del oro, la plata y las joyas del San José o 10.000 millones de dólares.
Francisco Muñoz, responsable de la Veeduría Nacional del Patrimonio Sumergido de Colombia, cree que este proceso legal cuya primera vista tendrá lugar en diciembre es uno de los problemas que ha podido empujar a Petro a querer acelerar el rescate del San José.
El otro asunto al que cree que se enfrentará Colombia en breve tiene que ver con las sospechas que revela en su libro ‘La emboscada’. «España estará muy interesada en determinar la ubicación del barco si valoran los datos que presentamos, que muestran que al menos parte del San José se encuentra en aguas internacionales«, sostiene en conversación con ABC.
“Muñoz ve al gobierno colombiano «apurado» y ante la urgencia de Petro por rescatar el tesoro del pecio, se pregunta: «¿Será que quieren borrar las huellas del saqueo?”. Porque, como recuerda la Veeduría en un comunicado, se presume que el galeón “ha sido saqueado de manera continu, al menos desde 2016, y hay una denuncia penal al respecto”.
Comunicado de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia
El ministro de Cultura dijo que es una de las prioridades del Gobierno, a pesar de la demanda interpuesta por cazadores de tesoros.
El Gobierno está aumentando los esfuerzos para recuperar hasta US$20.000 millones en oro, plata y gemas del Galeón San José, según lo informó Bloomberg.
Multinacional cazatesoros Sea Search Armada demandó a Colombia por Galeón San José. Lo anterior, a pesar de una demanda interpuesta por cazadores de tesoros de Estados Unidos, que exigen la mitad.
Se conoció, entonces, que el presidente Gustavo Petro ordenó a funcionarios establecer una asociación público-privada, o llegar a un acuerdo con una empresa privada, con el fin de sacar el galeón San José del mar Caribe.
“Para el Administración Petro, es una de sus prioridades”, dijo el miércoles el ministro de Cultura, Juan David Correa, en una entrevista telefónica concedida a Bloomberg. “El presidente nos dijo que aceleremos el ritmo”.
La meta que tiene el Gobierno es recuperar los restos antes de que termine la administración, en 2026, aunque aún no es claro si es posible, dijo el jefe de la cartera.
“Cuando el galeón español de 62 cañones fue hundido en batalla por los británicos en 1708, estaba repleto de tesoros acumulados durante seis años: plata y oro de minas en Perú, cofres llenos de esmeraldas colombianas y millones de pesos en monedas de oro y plata, según El Tesoro del San José, de la historiadora Carla Rahn Phillips”, escribió Bloomberg.
No hay certeza sobre el valor del tesoro, pero se ha estimado que puede estar entre US$4.000 millones y US$20.000 millones.
En cuanto a la disputa legal, Bloomberg reseña que en 1981 Glocca Morra, una empresa estadounidense, dijo que había encontrado el galeón y dio las coordenadas bajo el compromiso de que tendría derecho a la mitad del tesoro.
Luego, en 2015, el expresidente Juan Manuel Santos aseguró que la Armada, junto con una empresa llamada MAC, había encontrado el naufragio en otro lugar.
Glocca Morra, Sea Search Armada, cree que la expedición de 2015 encontró parte de los restos de la misma embarcación y, entonces, llevó su caso a arbitraje en Londres, donde pide US$10.000 millones.
Correa le dijo a Bloomberg que el país acataría el fallo, pero señaló que el caso no tiene mérito. “El Gobierno visitó las coordenadas entregadas por la empresa y concluyó que allí no hay ningún naufragio”, afirmó.
Un libro sitúa restos del pecio más allá de las aguas territoriales de Colombia
Francisco Muñoz habla en conversación telefónica desde Suecia. Faltan solo unos días para la publicación de su nuevo libro, ‘La emboscada’, y el responsable de la Veeduría Nacional del Patrimonio Sumergido de Colombia ha preferido alejarse de su país, consciente de que su narración sobre el «descubrimiento, redescubrimiento, saqueo y encubrimiento» del galeón San José causará revuelo. «Esto lo estoy haciendo con el dolor de mi alma», afirma este miembro de número de la Academia de la Historia de Cartagena de Indias. Basándose en documentación revelada a este mecanismo de control ciudadano, Muñoz denuncia que parte de los restos de esta nave española hundida por piratas ingleses en 1708 frente a Cartagena de Indias con un tesoro de lingotes, monedas y joyas se halla más allá de las 12 millas náuticas del mar territorial colombiano, en aguas internacionales.
«No presento nada en el libro que no esté sustentado», asegura el veedor, que reproduce en sus páginas documentos confidenciales que llegaron a él por orden de un juez, «a pesar de las reticencias de la Armada». En los estudios previos para la compra del ROV, la Armada señalaba la ubicación del galeón en una imagen generada a partir de Google Earth, con una escala y una parte del litoral costero que ha permitido a Muñoz integrarla en los mapas «como una pieza en un rompecabezas». La documentación indica que los restos se encuentran dispersos en una zona de 32 millas náuticas cuadradas que denominan «área vital» y cuyo nombre clave es «teniente de navío José María Palas».
Señala además que dentro de esta zona «se presentan profundidades máximas que oscilan entre los 452 y 1.241 metros». En ese polígono de 32 millas cuadradas, los restos del barco se hallarían diseminados en cuatro puntos principales, pero en la Veeduría tienen dudas sobre su disposición.
«Si están en posición noreste, tres de esas cuatro partes se encontrarían fuera del mar territorial colombiano y en caso de que estuvieran en posición sureste, habría tres dentro de las aguas territoriales pero quedaría el punto principal del hallazgo fuera», explica Muñoz. Además, «dentro del mar territorial colombiano, en esa zona, no hay profundidades superiores a los 400 metros».
«El discurso de que el galeón está a 600 metros o más lo colocaría automáticamente fuera», dice.
Para el veedor, Colombia ha tenido conocimiento de estos hechos desde hace tiempo y «ese ha sido el motivo por el cual han tenido todo este manejo desafortunado del tema». Ahora cree que «España estará muy interesada en verificar la ubicación del galeón y en hacer valer sus derechos».
“El objetivo de esta mesa es definir las líneas generales para adelantar una investigación científica arqueológica de alto nivel que, siguiendo parámetros internacionales en la materia, garantice la producción de conocimiento y su puesta en valor como bien de interés cultural”, ha señalado el Ministerio en un comunicado.
“Con ayuda de expertos y tecnología punta, Colombia espera encontrar respuestas a múltiples preguntas de investigación científica sobre la historia sumergida del comercio marítimo entre América y Europa a inicios del siglo XVIII”
En este proyecto participarán parte el Ministerio de las Culturas, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la Dirección General Marítima y la Armada Nacional, con el apoyo de la Cancillería y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Lo que se busca es estudiar en profundidad el pecio, cuyo hallazgo es para el Gobierno “uno de los hitos más emblemáticos de la historia reciente del patrimonio cultural colombiano” y trazar una “ruta de investigación especializada”, indicó la información.
Estudiar el pasado
“Con ayuda de expertos y tecnología punta, Colombia espera encontrar respuestas a múltiples preguntas de investigación científica sobre la historia sumergida del comercio marítimo entre América y Europa a inicios del siglo XVIII”, agregó el comunicado.
Igualmente, estudiar “los indicios del contrabando y la piratería en el Caribe, las tecnologías de construcción de navíos de finales del siglo XVII, los instrumentos usados en las batallas navales, el tipo de mercancías transportadas en el galeón, sus procedencias, usos y materiales (metales, cerámicas, vidrio, etc.), las evidencias de la vida cotidiana y las relaciones de la tripulación a bordo, entre otros temas de interés histórico”.
El San José fue hundido por una flota de corsarios ingleses el 8 de junio de 1708 cuando se dirigía a Cartagena de Indias cargado, según crónicas de la época, con cerca de 11 millones de monedas de ocho escudos en oro y plata que había recogido en la feria de Portobelo (Panamá).
Tras el anuncio del hallazgo del pecio, en diciembre de 2015, surgieron disputas entre Colombia y España, la cual defiende que se trata de “un barco de Estado”, con su bandera y le amparan las normas de la Unesco para reclamar su titularidad.
El Ministerio de las Culturas ha recordado que el Gobierno colombiano avanza en el diseño de una alianza público privada “que establezca las condiciones necesarias” para hacer esa investigación, “con el interés de salvaguardar este patrimonio en riesgo de expolio por parte de empresas cazatesoros”.
En 2019, el anterior Gobierno colombiano declaró el galeón como bien de interés cultural de la nación para prohibir que el rescate del pecio pueda pagarse con parte de su valiosa carga de oro y plata, y manifestó su interés en contar con cooperación internacional en esa iniciativa.
Según el comunicado de hoy del Ministerio de las Culturas, “el galeón San José es un patrimonio arqueológico inalienable, imprescriptible e inembargable”.
Para llevar a cabo la investigación científica, el Gobierno pretende hacer primero un diagnóstico de las condiciones generales del sitio, luego estructurará las condiciones para seleccionar una alianza público privada y finalmente la adjudicará al proponente que mejor cumpla los requisitos.
Galeón San José: expertos en patrimonio sumergido exigen conocer estado de coordenadas
La Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia insiste en sus cuestionamientos frente al manejo que las autoridades de la cultura le estarían dando a las coordenadas de ubicación del histórico Galeón Señor San José, que hoy, según esta veeduría, “se encuentran extraviadas”.
El Galeón Señor San José fue hundido frente a las costas de Cartagena en el siglo XVIII por corsarios ingleses. Sus restos fueron hallados el 4 de diciembre del 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en labores que desarrolló la Armada Nacional.
Las respuestas entregadas por el Ministerio de Cultura no convencen a expertos en el Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia.
‘No se sabe quién ha ejercido la cadena de custodia del sobre sellado con las coordenadas de los restos del galeón’: veedor
“Las coordenadas, suponíamos, que estaban en el Archivo General de la Nación desde los tiempos del presidente Juan Manuel Santos. Pero resulta que en una audiencia que hubo ante el Consejo de Estado el pasado 4 de agosto, bajo juramento, nos enteramos de que a los tres meses de iniciado el Gobierno de Iván Duque fueron enviadas al Ministerio de Cultura: sin nombre de un funcionario puntual, o sea, no hay responsable directo. No se sabe quién entrega en el archivo, no se sabe quién recibe el sobre, no se sabe quién ha ejercido la cadena de custodia de ese sobre sellado. Esto es muy grave para este patrimonio sumergido de la nación”, denunció Francisco Muñoz, director de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, en entrevista con EL TIEMPO.
La respuesta del Ministerio de Cultura
Ante los cuestionamientos de la veeduría, el Ministerio de Cultura responde: “Todos los datos sobre coordenadas y, en general, sobre la ubicación material de los elementos del Patrimonio Cultural Sumergido, tendrán carácter reservado. Esta disposición es extensiva a la información que sobre la materia reposa actualmente en las entidades competentes”.
La entidad insiste en que las coordenadas de ubicación del Galeón San José en el lecho marino- hundido por piratas ingleses frente a la Isla de Barú, en Cartagena de Indias- hacen parte de los documentos con reserva legal y “no pueden ser remitidos al contener datos sensibles que requieren mantener su carácter de custodia y de reserva”.
Este debate cobra fuerza ahora que el propio Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; el Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH; la Dirección General Marítima y la Armada Nacional, con apoyo de la Cancillería y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ADJE, han informado que conformarán una mesa técnica para construir una ruta de investigación especializada sobre el hallazgo del Galeón San José.
La Dimar ejercerá vigilancia y control de las actividades marítimas que desarrollen contratistas
El mismo presidente de la República, Gustavo Petro, ha hecho un ‘guiño’ al potencial humano y tecnológico de la Armada Nacional que tendría la capacidad de rescatar los tesoros del fondo marino sin acudir a agentes internacionales.
Hoy, el Ministerio de Cultura le recuerda a la veeduría que “La Dirección General Marítima (Dimar) ejercerá vigilancia y control de las actividades marítimas que desarrollen contratistas, según sus atribuciones y competencias”.
Así, la Dirección General Marítima (Dimar) mantendrá la función de otorgar las autorizaciones en los asuntos de su competencia y que, sin oponerse a lo establecido en la Ley 1675 de 2013- por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido-
“para así desarrollar o ejercer actividades o suscribir contratos para
exploración, intervención o aprovechamiento económico del Patrimonio
Cultural Sumergido”, añade Mincultura.
Pero estas explicaciones no convencen a los veedores que insisten: “Hoy, el gobierno plantea un discurso como si nosotros estuviéramos pidiendo la información. ¿Nosotros lo que estamos indagando es por qué esas coordenadas que salieron del Archivo General de la Nación al inicio del gobierno Duque y cuál ha sido el manejo que se le ha dado? ¿Quién tiene ese sobre sellado? ¿Dónde está? Esas son las respuestas que exigimos.
Armando Martínez Garnica, presidente actual de la Academia Colombiana de Historia con sede en Bogotá, antiguo presidente del Archivo General de la Nación, fue quien manifestó ante el Consejo de Estado que a los tres meses de iniciado el Gobierno Duque las coordenadas fueron trasladadas al Ministerio de Cultura, bajo total hermetismo.
“Lo que hoy estamos cuestionando es por qué tuvieron que quitarle ese sobre con las coordenadas al Archivo General de la Nación, quiénes han manejado ese sobre con esa información: exigimos respuestas”, concluye Muñoz.
Así lo aseguró Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia a través de un comunicado a la opinión pública.
Através de un comunicado a la opinión pública, la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia advirtió que las “coordenadas del Galeón Señor San José están extraviadas”. Lea: Colombia enfrentará disputa legal con Sea Search por Galeón San José
“Es absolutamente increíble e indignante que las coordenadas de la ubicación del Galeón San José, que fueron entregadas en custodia por el gobierno Santos al Archivo General de la Nación se encuentren ‘extraviadas’ desde inicios del gobierno Duque; y aún más irritante, que nos enteremos de ello hasta ahora”, se lee. También le puede interesar: Estudiante logra que se protejan las cargas industriales del Galeón San José
Y continúa: “Según palabras del actual presidente de la Academia Colombiana de Historia doctor Armando Martínez Garnica, hechas bajo juramento en audiencia ante el Consejo de Estado el pasado 4 de agosto de 2023, esas valiosas coordenadas fueron devueltas por él al Ministerio de Cultura antes de dejar el cargo unos tres meses después de iniciado el Gobierno de Iván Duque. Martínez Garnica fungió como director del Archivo General de la Nación durante la administración Santos y fue quien recibió y resguardó el sobre sellado y lacrado que contenía las coordenadas en la seguridad del Archivo General de la Nación”.
La veeduría presentó sendos derechos de petición al Ministerio de Cultura y al Archivo General de la Nación, solicitando se informara el paradero de las coordenadas y se revele su cadena de custodia. Sin embargo, la respuesta a esos derechos de petición no se ha dado.
“La falta de respeto por los plazos establecidos para responder los derecho de petición es un problema que afecta la transparencia y la rendición de cuentas en Colombia. Tanto el Archivo General de la Nación como el Ministerio de Cultura han dilatado sus respuestas, lo que refleja la distancia entre la retórica gubernamental sobre la promoción de valores éticos y la realidad”, añade la veeduría.
Implicaciones
Esta situación tiene implicaciones significativas. El redescubrimiento del Galeón Señor San José es un hito en la historia de Colombia, pero su explotación debe llevarse a cabo de manera responsable y respetuosa con la preservación de nuestro patrimonio. Además, la posibilidad de un saqueo continuado del naufragio plantea riesgos y preocupaciones que no pueden pasarse por alto, aseguró la veeduría
“Es imperativo que el país exija una explicación veraz y completa sobre el paradero de las coordenadas del Galeón Señor San José y se conozca su cadena de custodia. La sociedad colombiana, la historia y el patrimonio cultural sumergido de Colombia merecen y demandan respeto”, concluyen.
Carlos Fernando Gómez Riaño, un estudiante de 21 años y de octavo semestre consiguió que la Corte declarara inexequible la ley que excluía esta posibilidad
En los últimos días el Galeón San José ha vuelto a ser noticia. La compañía estadounidense cazatesoros, Sea Search Armada, presentó una demanda de arbitraje en un tribunal internacional contra Colombia por sus hallazgos del barco. Pide un pago de US$10 billones, pues asegura que encontró el tesoro mucho antes que el gobierno colombiano.
Entre los argumentos expuestos ante la Corte Permanente de Arbitraje, dice que Colombia no reconoció derechos adquiridos por los exploradores, y al contrario, mediante una resolución del Ministerio de Cultura declaró el navío como un Bien de Interés Cultural de la Nación, apartando la posibilidad de algún beneficio para los inversionistas.
Pero ahora, gracias a una demanda instaurada por el estudiante de octavo semestre de derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), Carlos Fernando Gómez Riaño, hay un nuevo hecho relacionado con este litigio de muchos años.
Resulta que la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia, mediante la Sentencia C-332 de 2023, declaró inexequible la norma de la ley que excluía la posibilidad de que las cargas industriales fuesen declaradas parte del Patrimonio Cultural Sumergido, gracias a la demanda de Gómez Riaño.
El Alto Tribunal estudió la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del numeral 3 del artículo 3 de la Ley 1675 de 2013, que establecía un mandato general de acuerdo con el cual las cargas industriales no serían consideradas como parte del patrimonio cultural sumergido.
En la sentencia emitida por el Alto Tribunal se lee lo siguiente: “se estudió una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del numeral 3 del artículo 3 de la Ley 1675 de 2013, que establecía un mandato general de acuerdo con el cual las cargas industriales no serían consideradas como parte del patrimonio cultural sumergido. El accionante advirtió que ello daba lugar a una vulneración del artículo 72 de la Constitución, por cuanto producía una desprotección del patrimonio cultural de la Nación”.
“Colombia cuenta con uno de los símbolos instintivos del Patrimonio Cultural Sumergido del mundo, el galeón San José, sin embargo, se excluían de la protección del Estado las botijas, las ánforas, los cargamentos y todos estos tipos de cargas industriales que, normalmente, integran un naufragio, tipos de objetos que hay en el galeón San José. Nace de una curiosidad a partir de ciertos conocimientos que adquiría en las aulas de Derecho, revisé algunas dificultades que existían en la Ley que regulaba el patrimonio cultural sumergido, y gracias a eso, estructuré en un periodo de vacaciones la demanda”, aseguró Gómez Riaño, de 21 años.
Precisamente, las cargas industriales del galeón San José que ahora gozan de protección del Estado son los objetos, las botijas o vasijas, las ánforas o recipientes para líquidos, los cargamentos y todos esos tipos de cargas que, normalmente, integran un naufragio.
Antecedentes de un lío
El litigio por el Galeón no es nuevo. En 1982, la Glocca Morra Company (que se llama ahora Sea Search Armada) afirmó haber encontrado los restos del naufragio del Galeón San José, por lo cual inició acciones legales para que se le concediera el 50% del tesoro. Pero, tiempo después, en 1994, el Gobierno colombiano afirmó que en las coordenadas entregadas por la empresa cazatesoros no se evidenciaba nada.
A finales de 2015, Juan Manuel Santos anunció al mundo que el Galeón San José y el tesoro que transportaba antes de su hundimiento en 1708 fue hallado en aguas colombianas, cerca de Cartagena, producto de la Guerra de Sucesión española. Desde entonces, se ha especulado sobre los objetos de alto valor que transportaba la embarcación, misterio que fue atizado de nuevo con las imágenes reveladas en su momento por el gobierno de Iván Duque.
