La ministra de Cultura le pidió al Tribunal de Cundinamarca celeridad en la decisión sobre la continuidad o no del proceso de alianza público privada para la extracción de los bienes del Galeón San José.

Hace algunos días, un grupo de ciudadanos interpuso una acción popular contra el Ministerio de Cultura e ICANH para pedir que se detenga el proceso de APP que busca adjudicar un contrato sin el desembolso de recursos públicos para que una empresa privada sea la encargada de sacar del fondo del mar, a 600 metros de profundidad, los bienes sumergidos desde 1.708 que permanecen allí hundidos en lo que queda del barco.

El argumento de la acción popular es que los bienes son un patrimonio cultural histórico y que permitirle a una empresa privada que acceda a ellos como parte de sus utilidades sería un hecho grave. Sin embargo, el ministerio ha argumentado que este es un proceso científico y que es la mejor forma para recuperar los bienes. Esto porque el contrato establece porcentajes reducidos para la empresa seleccionada y porque está obligada a dejar hecho un laboratorio y un museo para las piezas.

Si el tribunal falla a favor de la acción popular, la empresa que originó la propuesta, que es Maritime Archaeology Consultants, podría demandar al Estado por millonarios recursos que ya fueron invertidos en la exploración y estructuración del proyecto. Alegato con el que tendría que lidiar el próximo Gobierno.

De fallar a favor del Estado, lo más probable es que el contrato sea adjudicado el próximo 25 de julio a la compañía británica y empiecen las tareas de extracción en los siguientes meses.

Sin embargo hoy 18 de Julio de 2018 se registró movimiento en el proceso de Acción Popular llevado a cabo el Tribunal Supremo de Cundinamarca.

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