A más de 600 metros de profundidad y 300 años después de su naufragio, los vestigios del galeón San José siguen a la espera de que el Gobierno decida su suerte. Esta nave, construida a finales del siglo XVII y hundida en 1708, se ha convertido en uno de los más importantes yacimientos arqueológicos sumergidos del mundo. Su relevancia radica –además del enorme valor de su carga de oro, plata, esmeraldas y otros bienes preciosos– en su contenido histórico, cultural y patrimonial. En cierta medida, rescatarlo es un viaje al pasado y al futuro. Esto, porque hacerlo plantea uno de los mayores retos para el mundo académico y científico. En efecto, no tiene antecedentes el trabajo de sacar desde aguas profundas lo que está en el lecho marino, con la ayuda de pequeños submarinos, robots, nuevas tecnologías y un gran talento humano. Esa labor haría de Colombia un referente en este tipo de operaciones arqueológicas, y en el manejo y conservación de su patrimonio cultural sumergido. “Este proyecto tiene el objetivo principal de apoyar a las instituciones públicas de Colombia en la exploración, la intervención, la conservación y la divulgación del patrimonio arqueológico colombiano representado en el pecio San José”, dijo Roger Dooley, arqueólogo, historiador y quien dirigió el hallazgo del galeón.
Como se sabe, la empresa británica Maritime Archaeology Consultants (MAC), que halló, junto con el Estado, el galeón en 2015, presentó una alianza público-privada (APP) para su rescate y conservación. Pero está congelada por el Gobierno actual, que un año después sigue sin decidir si la aceptará o no. La propuesta, desarrollada en conjunto con la administración Santos, busca garantizar que las expectativas científicas, patrimoniales e históricas del país se vean respaldadas con el mayor conocimiento académico, las mejores técnicas de exploración y los más altos estándares de procedimientos oceanográficos, de conservación y de restauración. Así se desprende de la propuesta conocida por SEMANA. Todo el material recopilado de los diferentes archivos del mundo sobre la construcción, historia y hundimiento del galeón, junto con los miles de imágenes que se tomaron, han permitido revelar nuevos datos sobre el San José. Estos, algunos de ellos.
Tomado de: https://www.semana.com/nacion/articulo/que-paso-con-el-rescate-del-galeon-san-jose/628372
Altas fuentes de la Procuraduría, le confirmaron a CM& que analizan la posibilidad de abrir investigación formal a la ministra de Cultura, Mariana Garcés y al director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, por una serie de presuntas inconsistencias detectadas en la contratación para la recuperación del Galeón San José.
En un informe conocido por el noticiero, la Procuraduría documentó seis observaciones sobre el proceso de contratación para la extracción del Galeón San José.
La entidad detectó que habría inconsistencias legales sobre la formulación del contrato con el originador, y como sería remunerado.
Como parte de la remuneración a los integrantes de la Alianza Pública Privada se entregaría un pago, por bienes detectados en el rescate que no constituyera al patrimonio.
La Procuraduría detectó que se habrían cambiado los porcentajes de pago, y calificó esto conducta como una “alarmante contradicción”.
“La resolución indicaba que sería el 20% del valor de los bienes y este último documento señalan que serán porcentajes de 45 %, y 40%”, señala el informe.
Otro de los puntos cuestionados por la Procuraduría, tiene que ver con la presunta confidencialidad que se ha mantenido en la APP, según la entidad.
“Vulnera presuntamente los principios de transparencia, publicidad, para potenciales terceros interesados”, agrega.
Por estas inconsistencias la Procuraduría pidió investigar disciplinariamente a la ministra de Cultura, Mariana Garcés, al director de Planeación, Fernando Mejía, y al Ernesto Montenegro, director del ICANH.
Sin embargo, actualmente el despacho del procurador General, Fernando Carrillo analiza si abre la indagación disciplinaria a estos funcionarios, y a siete más.
Arqueólogos consultados también cuestionan la experticia de la firma Maritime Archaelogy Consultants, para la recuperación de las piezas históricas.
Hoy se conoció en carta abierta un documento de la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido donde solicitan al presidente Iván Duque suspender definitivamente el proceso de contratación para venta de bienes del patrimonio cultural sumergido.
La ministra de Cultura le pidió al Tribunal de Cundinamarca celeridad en la decisión sobre la continuidad o no del proceso de alianza público privada para la extracción de los bienes del Galeón San José.
Hace algunos días, un grupo de ciudadanos interpuso una acción popular contra el Ministerio de Cultura e ICANH para pedir que se detenga el proceso de APP que busca adjudicar un contrato sin el desembolso de recursos públicos para que una empresa privada sea la encargada de sacar del fondo del mar, a 600 metros de profundidad, los bienes sumergidos desde 1.708 que permanecen allí hundidos en lo que queda del barco.
El argumento de la acción popular es que los bienes son un patrimonio cultural histórico y que permitirle a una empresa privada que acceda a ellos como parte de sus utilidades sería un hecho grave. Sin embargo, el ministerio ha argumentado que este es un proceso científico y que es la mejor forma para recuperar los bienes. Esto porque el contrato establece porcentajes reducidos para la empresa seleccionada y porque está obligada a dejar hecho un laboratorio y un museo para las piezas.
Si el tribunal falla a favor de la acción popular, la empresa que originó la propuesta, que es Maritime Archaeology Consultants, podría demandar al Estado por millonarios recursos que ya fueron invertidos en la exploración y estructuración del proyecto. Alegato con el que tendría que lidiar el próximo Gobierno.
De fallar a favor del Estado, lo más probable es que el contrato sea adjudicado el próximo 25 de julio a la compañía británica y empiecen las tareas de extracción en los siguientes meses.
Sin embargo hoy 18 de Julio de 2018 se registró movimiento en el proceso de Acción Popular llevado a cabo el Tribunal Supremo de Cundinamarca.
La fecha límite para recibir propuestas para la extracción del Galeón San José establecida por el Ministerio de Cultura era el 15 de junio, pero el Gobierno decidió realizar nuevos cambios en el cronograma que impiden que la actual administración sea la que adjudique el contrato sin el desembolso de recursos públicos.
Debido a esta decisión, se recibirá manifestación de interés hasta el 23 de julio y se realizarán contra observaciones el 9 de agosto, luego de la posesión del próximo presidente colombiano. Finalmente, el 16 de agosto se realizará una audiencia para la confirmación de la lista de precalificados.
Las razones dadas por la actual administración frente a la decisión tienen que ver con la coyuntura electoral y para “permitir la articulación del proceso con el Gobierno que se conforme”.
Sin embargo, esto no quiere decir que el sucesor de Santos pueda empezar de cero. Ya hay un proceso público en el SECOP y una empresa originadora, Maritime Archaeology Consultants, que ha invertido una gran cantidad de dinero en la exploración y en la configuración de la propuesta más completa hasta ahora según las condiciones del Gobierno para la garantía de la extracción de los bienes.
Esto se da en medio de la polémica en torno al San José propiciada por los conceptos de varias universidades del país, así como del comité asesor de la UNESCO, que critican que la empresa que extrae los bienes pueda quedarse con parte de lo que haya en el galeón, en una perspectiva que no concuerda con una visión de patrimonio cultural.
Aunque en el documento no se propone una fecha final para la adjudicación, sí queda claro que luego del 7 de agosto el proceso no habrá finalizado y esa parte final quedará en manos del próximo presidente y su gabinete.
Bienvenido a el ciclo internacional de Conferencias “Toda la Verdad sobre el Galeón San José“, con la participación de autoridades nacionales e internacionales en: Patrimonio Cultural Sumergido, Arqueología submarina, Derecho Internacional, Museografía, y muchos invitados especiales. Esta es una magnífica oportunidad para quedar enterados de las vicisitudes que se tejen hace 54 meses para expoliar a Colombia y al mundo del mayor hallazgo de patrimonio cultural sumergido de la historia.
Ética profesional ¿Otra que se hunde con el galeón San José?
Este viernes 19 de junio en la V Conferencia estará el Antropólogo de la Universidad Nacional, doctor en patrimonio de la Universidad de Huelva Juan Guillermo Martín Rincón. Experto en arqueología histórica y prehispánica en contextos terrestres y subacuáticos.- Coordinó el proyecto Arqueológico Panamá Viejo (2000 – 2010). Obtuvo el Senior Latin American Award en 2016 y fue nominado al Research Award del Shangai Archaeology Forum en 2017. Tiene numerosas publicaciones en revistas y libros nacionales e internacionales. Actualmente es profesor asociado, coordinador de la especialización en arqueología y director del museo MAPUKA de la Universidad del Norte.
Imágenes inéditas tesoro Galeón San José compartidas por el presidente Iván Duque - Foto: Presidencia
Expertos de 13 universidades y de centros de investigación arqueológica advierten sobre “debilidades” en los estudios para una posible intervención de la nave colonial hundida en el mar caribe colombiano.
“¿En qué va la fórmula de una asociación público-privada para su extracción, fallidamente impulsada durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y revivida por Gustavo Petro?”, es una de las preguntas que le hacen los académicos al gobierno.
Académicos e investigadores de 13 universidades colombianas y de grupos de investigación de arqueología submarina emitieron un comunicado en el que dicen que “el Plan de Manejo Arqueológico del Galeón San José presenta vacíos y debilidades en la información científica del diagnóstico base”, por lo que le pidieron al gobierno de Gustavo Petro y a su Ministerio de Cultura “rectificar” los estudios antes de empezar en febrero la anunciada exploración del naufragio colonial, descubierto en 2015 en inmediaciones de las islas del Rosario. (Recomendamos: Reportaje de Nelson Fredy Padilla, autor de un libro sobre el galeón San José, sobre el polémico tesoro colonial).
“El documento publicado por el ICANH como ‘versión previa’, seguramente es susceptible de profundos ajustes y mejoras”, insistieron. El reclamo busca, según ellos, garantizar la preservación del patrimonio cultural sumergido de Colombia y la salvaguarda del conocimiento cultural y científico que representa, en este caso el galeón más famoso y reconocido tanto por su valor histórico como por la valiosa carga que llevaba a bordo el día de su hundimiento a manos de piratas ingleses el 7 de junio de 1708. Ellos insisten en que antes de una intervención se considere la conservación del naufragio en el lugar sin que necesariamente sea extraído y llevado a un museo en Cartagena.
La Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido criticó las decisiones afanadas del gobierno nacional frente a un tema que demanda una investigación detallada y responsable de todos los factores y anunció un análisis más detallado sobre el tema para los próximos días.
Enseguida el texto completo de los expertos:
¿Cuál es el verdadero plan del gobierno para extraer el Galeón San José?
Por: Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido
Enero 30 de 2024
El pasado 26 de diciembre, desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, se hizo público el Plan de Manejo Arqueológico del Galeón San José, en perspectiva de declararlo Área Arqueológica Protegida (https://www.icanh.gov.co/prensa/actualidad-icanh/conoce-el-plan-de-manejo-arqueologico). Valga precisar que, en Colombia, estas áreas corresponden a contextos arqueológicos que, en virtud de su singularidad histórica y cultural, estado de conservación y riesgos de deterioro, merecen especial atención y cuidado, siendo tales, por ejemplo, los parques arqueológicos nacionales de San Agustín, Tierradentro y Teyuna-Ciudad Perdida.
Para justificar la declaratoria de un Área Arqueológica Protegida, es requisito previo la aprobación, por parte del ICANH, del Plan de Manejo Arqueológico correspondiente. Este último es un instrumento de gestión, en donde deben plasmarse claramente estrategias que garanticen la sostenibilidad de programas y proyectos necesarios para la conservación, protección, restauración, investigación y divulgación del área a declarar, todo ello, debidamente soportado en diagnósticos, balances y justificaciones de carácter científico, jurídico, institucional y de gestión patrimonial.
El documento publicado por el ICANH como “versión previa”, seguramente es susceptible de profundos ajustes y mejoras. Así lo hemos identificado desde la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido, a partir de un análisis riguroso, acerca de lo que deben contener este tipo de planes, según la normativa que aplica y los Lineamientos para la declaratoria de áreas arqueológicas protegidas, elaborados por el mismo ICANH en 2021.
Oportunamente, daremos a conocer en detalle dicho análisis, pero por el momento se puede decir que el Plan de Manejo Arqueológico del Galeón San José presenta vacíos y debilidades en la información científica del diagnóstico base, en la enunciación de los programas y proyectos que componen el plan propiamente dicho, y en los cronogramas y estrategias para garantizar un encadenamiento consecuente de acciones, recursos financieros y apoyos institucionales que aseguren su sostenibilidad. Podemos decir que, si dicho documento hubiese sido elaborado y presentado por terceros, no habría sido aprobado por el ICANH.
No es para menos, dado que ha sido construido afanadamente, entre otras razones, como reacción a las exigencias críticas que, desde varias instancias académicas, incluyendo nuestra Red, se efectuaron durante 2023, a raíz de los pronunciamientos del presidente Gustavo Petro y el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa, sobre el firme propósito de sacar el Galeón San José antes que finalice su mandato, comenzando con una primera fase de extracciones en 2024.
Por eso, la confección y publicación decembrina de este bosquejo de Plan de Manejo Arqueológico, no puede opacar preguntas de fondo: ¿cuál es el verdadero plan del Gobierno en relación con el contexto arqueológico del Galeón? ¿En qué va la fórmula de una asociación público-privada para su extracción, fallidamente impulsada durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) y revivida por Gustavo Petro? ¿Por qué se ha elegido la ruta de declararlo Área Arqueológica Protegida, cuando las intenciones manifestadas públicamente por el presidente, el ministro y la viceministra de las Culturas las Artes y los Saberes, así como la directora del ICANH, han sido evidentemente extractivas?
Por mucho que los técnicos -que desde hace años han estado, en la sombra, al servicio de esa iniciativa -, hayan tratado de instruir a estos altos cargos, para que no hablen tanto de “tesoro”, que eviten decir, hasta donde se pueda, “sacarlo” y, en su lugar, adopten términos como patrimonio y conservación in situ, lo cierto es que, entre la espuma de tanta corrección política, sigue emergiendo, como punta de iceberg, el imperativo de su urgente extracción.
Desde noviembre de 2023, estas cabezas designadas para dirigir la institucionalidad cultural, la antropología, la historia y el patrimonio arqueológico, han publicitado por diversos medios una invitación, calculada para febrero en Cartagena, en la cual presentaran “su” plan ante quienes tengan reparos, con la confianza, como ha declarado recientemente la viceministra de cultura, Adriana Molano, de “que estamos totalmente seguros de nuestra apuesta” (https://www.wradio.com.co/2024/01/27/mincultura-anuncio-exploracion-y-extraccion-de-piezas-del-galeon-san-jose/).
¿Funcionará esta vieja fórmula de cierto tipo de diplomacia, que pretende dejar constancia de amplia participación pública, cuando se trata de decisiones tomadas de antemano y de manera inconsulta, sobre la suerte de bienes culturales que son de la Nación?
Como miembros de la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido y otras personas de la academia que se han sumado a la iniciativa, seguiremos atentos, no por diplomacia, a estudiar juiciosamente cada documento, invitación, decisión y actuación del Gobierno, aplicando criterios científicos, académicos y de responsabilidad social, con la certeza de que lo que se encuentra en juego son los patrimonios culturales y naturales como bienes comunes, cuya suerte es responsabilidad de la Nación, no sólo del Estado y menos aún, de apresuradas decisiones de los gobiernos de turno.
De allí la necesidad de formular, como hemos venido proponiendo, una política pública sobre patrimonio cultural sumergido, en la que se inscriban con coherencia, y haciendo honor a las disposiciones constitucionales sobre patrimonio cultural y arqueológico, los planes e intervenciones que se realicen sobre el Galeón San José y los demás contextos arqueológicos subacuáticos en el País. Así mismo, la importancia de reorientar los esfuerzos institucionales y financieros del Estado -que ahora se están concentrando en una costosa iniciativa que es cerrada, secreta y guiada por afanes extractivos-, hacia un proyecto estratégico de investigación que, además de dar adecuado tratamiento a los bienes que integran el contexto del Galeón San José, fortalezca y deje instaladas capacidades nacionales en materia de arqueología subacuática y conocimientos afines, con clara participación de universidades, centros de investigación y otros sectores pertinentes, ligados a los procesos culturales del país.
En esta perspectiva, reiteramos al alto gobierno, el llamado enfático a rectificar sus decisiones en la materia, y especialmente, a la dirigencia del sistema nacional de cultura, a no perder la cabeza y actuar con responsabilidad y grandeza respecto de asuntos que comprometen la suerte de bienes culturales que son de la Nación y erosionan procesos culturales de largo aliento para el País.
Firman en orden alfabético según su apellido:
Pedro María Argüello García, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, RUPCS
Sergio Andrés Castro Méndez, Universidad de Santander
David Cohen Daza, Universidad de los Andes, RUPCS
Mario Omar Fernández Reguera, Universidad de los Andes, RUPCS
Alba Nelly Gómez García, Universidad de Antioquia, RUPCS
Hernando Javier Giraldo Tenorio, Universidad del Cauca
Luis Gonzalo Jaramillo Echeverri, Universidad de Los Andes, RUPCS
Roberto Enrique Lastra Mier, Universidad del Atlántico, RUPCS
Roberto Lleras Pérez, Miembro de Número, Academia Colombiana de Historia
Juan Guillermo Martin Rincón, Universidad del Norte, RUPCS
Santiago Ortiz Aristizábal, Universidad de Antioquia, RUPCS
Juan Felipe Pérez Díaz, Fundación Proyecto Navío, RUPCS
Carlo Emilio Piazzini Suárez, Universidad de Antioquia, RUPCS
Manuel Salge Ferro, Universidad Externado de Colombia
Juan Carlos Vargas Ruiz, Universidad del Magdalena, RUPCS
“Hoy mismo queda reactivado el proceso de contratación de esta APP que hará la expedición científica más importante del mundo en patrimonio cultural sumergido. Los interesados tienen hasta el 10 de agosto para presentar sus propuestas”, dijo durante la conmemoración de los 195 años del Museo Nacional de Colombia.
Hoy queda reactivado el proceso de contratación de la alianza público-privada para el rescate del Galeón San José. El plazo para los interesados en presentar propuestas será hasta el 10 de agosto.
Santos anunció nuevo plazo para licitación que permitirá recuperar Galeón San JoséSantos anunció nuevo plazo para licitación que permitirá recuperar Galeón San José
El mandatario destacó que el tribunal le diera la razón al gobierno y anunció que el proceso se ajusta a la ley.
“A la empresa que ayudará a sacar el Galeón San José, se le pagará con dinero y no con tesoros recuperados. El objetivo del Gobierno es proteger el valor cultural del Galeón San José por encima del valor financiero”: @DirDefensaJurid@ViceColombia @mluciaramirezhttps://t.co/zGzwCs6ijG
No se descarta cooperación internacional para el rescate del San José
Así lo informó Camilo Gómez, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien agregó que “si para la reconstrucción de Notre Dame, en París, se consiguieron recursos de todas partes del mundo, el rescate del San José podría tener un interés filantrópico”.
Al mismo tiempo, ratificó la decisión del Estado colombiano de extraer el hallazgo arqueológico y que en su totalidad, este sea propiedad de los colombianos. “Es completamente indivisible, por todo por su valor histórico y cultural. No existe un barco del que se haya hablado más en el último tiempo, lo que ratifica su importancia y es una obligación del estado ratificarlo como una unidad”, dijo Gómez.
La semana pasada y tras varios aplazamientos en la licitación del galeón San José, la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez informó desde Cartagena que el Estado se hará cargo de sacar del lecho marino el hallazgo y que le pedirá al Consejo Nacional de Patrimonio que lo declare “patrimonio cultural en su integridad”.
Para Camilo Gómez, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, es prioridad proteger el hallazgo.
Adicionalmente, Gómez contó que desde hace unos tres meses, el gobierno de Colombia está en conversaciones con la Maritime Archaeology Consultants Ltda (MAC), la empresa suiza que aparece como Originador en la Asociación Público Privada que se inició en el gobierno Santos, que busca extraer el fondo marino el galeón San José.
“La empresa está dispuesta a buscar una fórmula para estar en el proyecto. Es más, nos hemos enterado que ellos intercambiaron varias cartas con el anterior gobierno en el que les proponían no recibir parte del tesoro (como estaba estipulado si todo no se declaraba patrimonio) sino bonos del Estado”, afirma Gómez.
Galeón San José es mucho más que monedas sumergidas: Camilo Gómez
“(Con la negociación anterior) Corríamos el riesgo de entregar nuestra historia. Es como si para un nuevo hallazgo que hiciéramos en San Agustín se pagara con estatuas a quien lo hizo o algo similar ocurriera si aparece un sector desconocido de la cultura de la Sierra Nevada de Santa Marta”, dijo Gómez.
“Lo que estamos haciendo es cumplir la Constitución, que nos obliga a proteger la historia”, agregó.
Sobre si España sería un país para buscar recursos que ayuden a sacar el galeón a la superficie, Gómez afirmó que con este país se ha tocado el tema, “pero la semana que viene estarán en el país el canciller español y el ministro de Cultura, y se reunirán con la vicepresidenta Ramírez, para conversar sobre el galeón”.
Aunque es muy difícil hablar de una fecha específica para la extracción, Gómez espera “tener un avance muy grande en el 2020. Ya metidos en esta hazaña, esperamos hacerlo lo más pronto posible y bien”.
Agregó que lo más importante es generar una posición internacional más sólida y esto es parte del trabajo.
El galeón San José, uno de los más importantes barcos de la armada española, fue hundido el 8 de junio de 1708 en el Caribe colombiano por piratas ingleses. En sus bodegas llevaba oro, piedras preciosas, cerámica y mercancías de las colonias con destino a España.
En el 2015 fue anunciado su hallazgo y fue declarado patrimonio de la nación ese mismo año. Para su protección se creó la Ley de Patrimonio Sumergido. Debido a varias demandas, el gobierno Santos no pudo empezar su extracción bajo la modalidad de APP.
“Aunque es muy difícil hablar de una fecha específica para la extracción del Galeón San José, esperamos tener un avance muy grande en el 2020. Ya metidos en esta hazaña, esperamos hacerlo lo más pronto posible y bien”: @DirDefensaJuridhttps://t.co/0i3dHIs1wA@ViceColombia
Carlos Fernando Gómez Riaño, un estudiante de 21 años y de octavo semestre consiguió que la Corte declarara inexequible la ley que excluía esta posibilidad
En los últimos días el Galeón San José ha vuelto a ser noticia. La compañía estadounidense cazatesoros, Sea Search Armada, presentó una demanda de arbitraje en un tribunal internacional contra Colombia por sus hallazgos del barco. Pide un pago de US$10 billones, pues asegura que encontró el tesoro mucho antes que el gobierno colombiano.
Entre los argumentos expuestos ante la Corte Permanente de Arbitraje, dice que Colombia no reconoció derechos adquiridos por los exploradores, y al contrario, mediante una resolución del Ministerio de Cultura declaró el navío como un Bien de Interés Cultural de la Nación, apartando la posibilidad de algún beneficio para los inversionistas.
Pero ahora, gracias a una demanda instaurada por el estudiante de octavo semestre de derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab), Carlos Fernando Gómez Riaño, hay un nuevo hecho relacionado con este litigio de muchos años.
Resulta que la Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia, mediante la Sentencia C-332 de 2023, declaró inexequible la norma de la ley que excluía la posibilidad de que las cargas industriales fuesen declaradas parte del Patrimonio Cultural Sumergido, gracias a la demanda de Gómez Riaño.
El Alto Tribunal estudió la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del numeral 3 del artículo 3 de la Ley 1675 de 2013, que establecía un mandato general de acuerdo con el cual las cargas industriales no serían consideradas como parte del patrimonio cultural sumergido.
En la sentencia emitida por el Alto Tribunal se lee lo siguiente: “se estudió una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del numeral 3 del artículo 3 de la Ley 1675 de 2013, que establecía un mandato general de acuerdo con el cual las cargas industriales no serían consideradas como parte del patrimonio cultural sumergido. El accionante advirtió que ello daba lugar a una vulneración del artículo 72 de la Constitución, por cuanto producía una desprotección del patrimonio cultural de la Nación”.
“Colombia cuenta con uno de los símbolos instintivos del Patrimonio Cultural Sumergido del mundo, el galeón San José, sin embargo, se excluían de la protección del Estado las botijas, las ánforas, los cargamentos y todos estos tipos de cargas industriales que, normalmente, integran un naufragio, tipos de objetos que hay en el galeón San José. Nace de una curiosidad a partir de ciertos conocimientos que adquiría en las aulas de Derecho, revisé algunas dificultades que existían en la Ley que regulaba el patrimonio cultural sumergido, y gracias a eso, estructuré en un periodo de vacaciones la demanda”, aseguró Gómez Riaño, de 21 años.
Precisamente, las cargas industriales del galeón San José que ahora gozan de protección del Estado son los objetos, las botijas o vasijas, las ánforas o recipientes para líquidos, los cargamentos y todos esos tipos de cargas que, normalmente, integran un naufragio.
Antecedentes de un lío
El litigio por el Galeón no es nuevo. En 1982, la Glocca Morra Company (que se llama ahora Sea Search Armada) afirmó haber encontrado los restos del naufragio del Galeón San José, por lo cual inició acciones legales para que se le concediera el 50% del tesoro. Pero, tiempo después, en 1994, el Gobierno colombiano afirmó que en las coordenadas entregadas por la empresa cazatesoros no se evidenciaba nada.
A finales de 2015, Juan Manuel Santos anunció al mundo que el Galeón San José y el tesoro que transportaba antes de su hundimiento en 1708 fue hallado en aguas colombianas, cerca de Cartagena, producto de la Guerra de Sucesión española. Desde entonces, se ha especulado sobre los objetos de alto valor que transportaba la embarcación, misterio que fue atizado de nuevo con las imágenes reveladas en su momento por el gobierno de Iván Duque.
La Veeduría del Patrimonio Cultural Sumergido denunció ante la Fiscalía a la ministra de Cultura, Carmen Vásquez, y al representante legal de la cazatesoros inglesa MAC, Ross Kevin Hyett, por presuntas inconsistencias en los pagos en medio del proceso del rescate del Galeón San José.
La denuncia, conocida por el diario EL HERALDO, va con copia a la Procuraduría y la Contraloría, y fue entablada por el veedor Francisco Muñoz por los supuestos delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y fraude procesal.
En el documento se cuestiona, inicialmente, que la cartera de patrimonio “mantiene activa” la Asociación Público Privada, APP, del naufragio, con MAC “para adelantar la exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación del patrimonio cultural sumergido del Galeón San José, proceso contractual en el cual se pretende remunerar al ‘originador’ hasta con el 45% de los bienes que fueren declarados como no pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación, a pesar de que el pasado 19 de diciembre de 2019, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural declaró en sesión ordinaria que la totalidad del pecio del Galeón San José, es un Bien de Interés Cultural“.
Con esta declaratoria, agrega, “la forma de remunerar ya no puede hacerse con parte del pecio, pues en su totalidad constituye un Bien de Interés Cultural de ámbito nacional, por tanto una unidad indivisible. Por lo anterior, es inquietante que el Ministerio de Cultura persista en mantener activa la cuestionada APP“.
Y en cuanto a los pagos, asegura Muñoz que en el informe de evaluación de los costos de estructuración, presentado por MAC el 25 de octubre de 2017, hay “inconsistencias que constituyen indicios de una presunta comisión de actos delictivos que podrían involucrar personas indeterminadas” tanto en el Ministerio como en MAC.
Señala aquí que el monto aceptado por Mincultura se determinó en $18.438 millones y en medio del informe MAC presentó dos facturas de la Dimar, por concepto de alquiler de embarcaciones, por US$342 mil, es decir, al cambio de la fecha $1.002 millones. De estos, el valor ejecutado fue de $691 millones y el valor reintegrado por parte de la Dimar, según la veeduría, fue de $311 millones.
Por lo que advierte el veedor que con “el hecho de haber MAC facturado al Ministerio el monto completo sin descontar el reintegro de los $311 millones y que este monto haya sido aprobado por parte del Ministerio sin descontar el citado reintegro, las partes incurren presuntamente en los delitos“.
En medio del despliegue mediático del gobierno Petro mostrando en Cartagena “que quiere hacer las cosas bien con el galeón San José”, la directora encargada de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) Paula Robledo, notificó al país que la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) rechazó la solicitud de Colombia sobre la competencia de esa Corte; con la cual pretendió Colombia dar fin anticipado a la demanda que instauró la empresa norteamericana Sea Search Armada (SSA) por los derechos que aduce tener esa empresa sobre el 50% de las riquezas contenidas en el galeón San José. Esta acción marca el comienzo de un juicio de enormes proporciones cuyas conclusiones deberíamos conocer en el término expedito de un año.
Para aquellos que hemos seguido de cerca el caso del galeón San José, el juicio ante la CPA plantea la aclaración de ciertos interrogantes de vital importancia. (ver https://pca-cpa.org/en/cases/300/)
¿Ignorancia o complicidad del gobierno Petro?
En 2021 se denunció ante la Fiscalía General de la Nación la intrusión y presunto saqueo del galeón San José. La Fiscalía no investigó y dijo haber enviado el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ya que entre los denunciados se encuentra el expresidente Santos. En diciembre de 2023 un juez ordenó a la Comisión de Acusaciones que determinara a cuales aforados investigará y devolviera la denuncia a la Fiscalía para que esta determine el nivel de participación y responsabilidad de los demás involucrados carentes de fuero mediante la apertura de la indagación penal.
Ahora, en febrero de 2024, la Comisión de Acusaciones dice que ellos jamás recibieron de la Fiscalía la denuncia instaurada en 2021. Se espera que en los próximos días la Fiscalía explique y se vea precisada a iniciar la indagación penal y como parte de ella, ordene la inspección judicial del contexto arqueológico antes que el gobierno Petro lo altere. De todo esto está el gobierno enterado y es preocupante que siga en su despropósito de ir a sacar “algunas cositas”. Dato curioso: al menos uno de los denunciados ante la Fiscalía en 2021 acompaña al gobierno Petro en su “proyecto” en 2024.
La intrusión y posible saqueo del galeón San José no será, en el corto plazo, tema de interés de la CPA pero sin duda lo será, de llegar a probarse que lo hallado en 2015 fue lo mismo que en 1982.
¿El la SSA una víctima inocente de un presunto saqueo continuado de su descubrimiento hecho en 1982?
Esta hipótesis contempla que lo descubierto en 2015 sea lo mismo que en 1982. Tras haber contratado SSA (o sus empresas cesionarias) con el gobierno colombiano cumpliendo las leyes que entonces regían este tipo de operaciones, la SSA denunció en 1982 el hallazgo de especies náufragas en el área en que le fue autorizado explorar. Hay prueba técnicocientífica que registra la profundidad del hallazgo de 1982 a 235 metros de profundidad, acompañada por el registro del nivel de la pendiente del suelo marino donde fue encontrado, información que se encuentra consignada en un registro magnetométrico(medida del material ferroso que se encuentra en el naufragio), datos que, en su conjunto, constituyen una prueba singular e irrepetible del hallazgo de 1982.
¿Ha sido la SSA utilizada como una cortina de humo para encubrir el expolio de otro naufragio?
Esta hipótesis plantea, que si lo hallado en 2015 es un naufragio diferente al denunciado en 1982, no se explica la razón por la cual esta posibilidad no se ha aclarado por parte del Estado con el simple contraste de los enunciados registros de profundidad, inclinación del lecho marino y registro magnétometrico de 1982, con los registros obtenidos en 2015, que confirmarían o desvirtuarían, si se trata, o no, en ambos casos del mismo naufragio (ambos registros están en poder del gobierno colombiano).
El gobierno Petro ha dejado conocer la única información documentada del hallazgo de 2015 que confirma que el naufragio está a más de 600 metros de profundidad, esto en el Plan de Manejo Arqueológico del galeón San José, que fue publicado recientemente. Aparte de este hecho, queda el discurso gubernamental que viene desde 2015 con el cual aseguran los del gobierno que el galeón de 2015 fue hallado en unas coordenadas distintas y distantes de las de 1982.
Por lo anterior, no hay justificación para que se haya permitido complejizar este asunto hasta los niveles de hoy día; salvo que sea, y en esto estriba la hipótesis, que efectivamente el naufragio de 2015 es diferente al de 1982 y que el mismo haya sido saqueado de manera continuada y, quieran los involucrados, que parezca que si es el de 1982 mientras ganan tiempo (van más de 5 años) para que sea este quien cubra sus huellas, o peor, que sean los mismos presuntos responsables los que tengan la misión de adelantar el rescate, o al menos que a estos se les dé la oportunidad de alterar de alguna forma “legal” la escena del crimen, para que sea imposible saberse qué cosa hicieron los “saqueadores” antes y qué los “investigadores” ahora.
¿Y si el naufragio está fuera del mar territorial colombiano?
Por último, un hecho de singular gravedad sería que efectivamente el naufragio de 2015 fuera diferente al de 1982 y que por la profundidad declarada por el gobierno Petro (más de 600 metros) ese naufragio estuviera, no en el mar territorial colombiano, donde en la zona de interés no hay 600 metros de profundidad; sino en su zona contigua, donde sí hay esa profundidad en el área de interés, y donde la soberanía de Colombia no incluye de ninguna manera la propiedad del Patrimonio Cultural Sumergido que se encuentre en esas aguas. Esto implicaría que Colombia estaría directamente involucrada, como Estado ribereño, en el expolio del Patrimonio Cultural Sumergido de la humanidad.
En fin, cualquiera que sea la realidad de las cosas, el juicio de la CPA las aclarará, llevando al país a un pleito descomunal del cual los responsables y sus cómplices no tendrán escapatoria. ¡Alea iacta est!
(*) Historiador. Veedor Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia. Miembro de Número de la Academia de la Historia de Cartagena de Indias. Miembro del Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias IPCC. Autor del libro: Galeón Señor San José. Tomo I. Patrimonio Cultural Indivisible (2019), y Tomo II. La emboscada (2023).
Españoles ha ofrecido apoyo técnico y económico para investigar conjuntamente el pecio.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, anunció hoy que confía en entregar “en breve” a las autoridades colombianas una propuesta de memorándum de colaboración relativo a los restos del galeón San José.
“Estamos trabajando los memorándums de colaboración; no hemos llegado a una acuerdo, pero (el Gobierno colombiano) ha mostrado buena disposición“, aseguró Borrell en una conferencia de prensa para presentar los presupuestos del Plan de Acción Cultural Exterior.
Borrell señaló que, para los españoles, el San José es “el pecio de un buque de Estado y que, desde un punto de vista diplomático, goza de inmunidad soberana y merece la consideración de una tumba submarina de 600 soldados españoles”.
Así, precisó que España ha ofrecido a Colombia apoyo técnico y económico para investigar conjuntamente el pecio con el objetivo de preservar, proteger e investigar “con fines científicos”.
El ministro socialista recordó que el Gobierno colombiano ya ha aprobado dos prórrogas sucesivas en su proceso de decisión sobre qué hacer con el pecio del buque español.
En su opinión, se trata de un “importante cambio de actitud” al respecto, al demorar la decisión de si aceptar el ofrecimiento de España o autorizar a una compañía privada la exploración y explotación de los restos.
En el mismo acto, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, explicó que el problema es que, puesto que Colombia no ha firmado la convención de la Unesco, “todo lo que hagamos debe ser voluntario”, por lo que “se trata de evitar que caigan en la tentación del mercantilismo”.
El galeón español San José se hundió en 1708 frente a Cartagena de Indias (Colombia) y en diciembre de 2015 el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció que un grupo de arqueólogos había encontrado el pecio.
España se ha opuesto tradicionalmente a la explotación con objetivos comerciales de los pecios de sus buques, con el argumento de que son propiedad del Estado y constituyen tumbas de soldados y marinos.
En 2012 y tras un litigio legal de cinco años, España consiguió que la empresa estadounidense Odyssey le devolviera el tesoro recuperado de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, extraído del fondo del mar (cerca de las costas de Portugal) sin permiso de las autoridades españolas.
