La Santa Alianza: EE.UU. y España por los galeones
La Santa Alianza: EE.UU. y España por los galeones
Que la cultura es una fuerza real en las relaciones internacionales, es una verdad muy bien consolidada en un mundo culturalmente diverso. Los movimientos que reconocen la diversidad cultural han ampliado el espectro de cooperación entre pueblos y sociedades, aunque sin contribuir del todo, por sí solos, a definir un orden estable del mundo. Es decir, no pueden ser antídotos para los conflictos.
Una de las formas de cooperación cultural más conocidas en la historia es la de la Santa Alianza, un tratado personal adoptado después de las guerras napoleónicas por las monarquías de Austria, Rusia y Prusia, con el cual establecieron el cristianismo como base de las relaciones internacionales, dejando deliberadamente por fuera a las potencias no cristianas del mundo de entonces.
En un mundo caracterizado hoy por la diversidad cultural y por la importancia inusitada del patrimonio y los bienes culturales, el acuerdo diplomático-cultural entre Estados Unidos y España en materia de protección para los navíos de guerra asume la forma de una nueva Santa Alianza, que encontró su aplicación práctica en el caso del galeón Nuestra Señora de las Mercedes, ante la justicia de los Estados Unidos. Si bien no se conoce documento escrito, ese acuerdo tácito se produce en contravía de los procesos históricos, dejando por fuera al resto de países que aspiran a reclamar, frente a la historia, los vestigios de la expoliación de materias primas y metales preciosos en la época de la colonia, acaecida durante varios siglos.
Acuerdo tácito
Los Estados Unidos serán, muy probablemente, un actor más en las batallas que se aproximan por el galeón San José, además de la compañía estadounidense Sea Search Armada, que aún mantiene derechos sobre el 50 % de la carga del naufragio considerada como tesoro.
En la Declaración del 19 de enero de 2001, sobre la política para protección de los buques de guerra sumergidos, los Estados Unidos expresan que mantienen indefinidamente título sobre sus navíos de guerra sumergidos que no hayan sido abandonados en la forma que autoriza el Congreso de ese país, para lo cual invocan la cláusula de propiedad del artículo IV de la Constitución y reconocen la norma de derecho internacional sobre transferencia o abandono del buque de Estado, que deberá hacerse con base en la legislación del Estado de la bandera. Se afirma también que el título de los Estados Unidos o de un buque de Estado extranjero, dondequiera se encuentre, no se extingue por el paso del tiempo, sin importar la fecha en que dicho buque se perdió en el mar.
Si bien es comprensible el interés expresado por proteger los navíos de Estado, que encuentra validez en las normas del derecho internacional, lo que llama la atención es la afirmación en el sentido de que “los Estados Unidos utilizarán toda su autoridad para proteger y preservar los navíos de Estado sumergidos de los Estados Unidos y de otras naciones, estén localizadas en aguas de los Estados Unidos, de una nación extranjera o en aguas internacionales”.
No sería necesario un gran esfuerzo de interpretación para entender que uno de los “beneficiarios” de esa última parte de la declaración es España, país que como consecuencia de su pasado colonial y de sus enfrentamientos históricos por el imperio sobre los mares, tiene hoy un número considerable de naufragios históricos de su bandera esparcidos por el planeta.
Aplicación
Pero si llegase a existir alguna discusión sobre el alcance de esa declaración, lo que no deja ninguna duda es la ejecución práctica de la alianza entre los Estados Unidos y España, con ocasión de la controversia judicial por el galeón Nuestra Señora de las Mercedes.
Nuestra Señora de las Mercedes fue un navío de bandera española, hundido en 1804 por navíos del Reino Unido, paradójicamente en tiempos de paz entre las dos naciones. En mayo de 2007, la estadounidense Odyssey Marine Exploration trasladó desde Gibraltar hasta la Florida alrededor de 500.000 monedas (17 toneladas) en oro y plata, que según se vino a confirmar posteriormente, correspondían a ese naufragio.
El Estado español inició acciones judiciales en contra de la Odyssey, que culminaron en noviembre de 2011 con la decisión de un Tribunal de Apelaciones de Atlanta confirmando la decisión de un juez de Tampa y ordenando a la Odyssey devolver a España la carga que había sido retirada del país europeo. Algunas versiones sugieren que no fue devuelta toda la carga. En 2012, el Ministerio de Cultura español anunció que la carga recuperada del galeón iría al Museo de Arqueología Subacuática en Cartagena, lo cual se cumplió un año después.
Difícil hubiera sido la acción diplomático-judicial de España si no hubiera tenido el apoyo decidido y privilegiado de la administración Obama. En efecto, funcionarios del Departamento de Estado expresaron la posición oficial de los Estados Unidos en apoyo de los intereses de España. Según comunicado oficial, “el Ministerio de Cultura agradece el apoyo del Gobierno estadounidense, ya que éste representa el interés común de los gobiernos español y estadounidense por proteger la inmunidad soberana del pecio Nuestra Señora de las Mercedes”.
¿Otras alianzas?
Si la alianza entre los Estados Unidos y España tiene plena validez frente al derecho internacional y obviamente ha sido eficaz, cabe preguntarse si serán posibles los alineamientos de otros intereses, representados por otros estados.
El historiador Fernand Braudel, en su monumental obra sobre el Mediterráneo, analiza el impacto del oro y la plata de América en la Europa de los tiempos de Felipe II, indicando que a partir de mediados del siglo XVI los mineros americanos empezaron a aplicar nuevos métodos para amalgamar la plata, introducidos en Nueva España por Bartolomé de Medina. Esa revolución técnica produjo como consecuencia que Las Indias empezaran a “vomitar” sus riquezas. Como señala el historiador francés, “ese río de oro y plata” se volcaba sobre una corona proteccionista, atrincherada de aduanas por todas partes: “nada salía de España y nada entraba, teóricamente al menos, sin la aquiescencia de un gobierno suspicaz, que vigilaba con cien ojos las entradas y salidas de los metales preciosos”.
Pero así como entraban a caudales y a pesar de la estrecha vigilancia, los metales preciosos se escapaban a todas horas de los cofres españoles, para circular por todo el mundo. Buena parte de esos metales contribuyeron a financiar las guerras de España en el concierto europeo.
La aparición del problema de los naufragios históricos sumergidos, principalmente galeones, en las agendas de la política internacional de dos Estados, uno antiguo poder colonial, el otro primera potencia del mundo hoy, se produce en un contexto de revalorización del patrimonio cultural y de los bienes culturales. Cuadros y esculturas de artistas célebres que alcanzan valores nunca antes imaginados en el mercado del arte; opciones de los estados para la restitución de bienes culturales salidos ilícitamente de los países de origen, con mecanismos más elaborados que permiten el ejercicio de derechos culturales por parte de los ciudadanos; trabajo sin aflojar para la recuperación de miles de obras de arte expoliadas en tiempos de guerra por el régimen nazi, como lo expuso una película reciente, La dama de oro.
¿Y los estados de hoy, de los cuales fueron extraídas miles de toneladas de metales preciosos? ¿Tendrán capacidad para coordinar acciones concretas para hacer valer las deudas de la historia? La realidad es que nada definitivo está escrito sobre los naufragios históricos, como lo demuestra la falta de consensos reales respecto de la Convención de la Unesco de 2001 para la protección del patrimonio subacuático.
Una cosa es pensar con el deseo y otra cosa es pensar la realidad del acontecer internacional en la cual unos estados expresan sus intereses frente a otros estados. Una cosa es hacer votos piadosos para reclamar como propio un patrimonio cultural, incluso haciendo valer legislación propia, pero otra cosa es reconocer las opciones reales para hacer reclamaciones sobre los naufragios.
En la historia, la Santa Alianza no pasó de ser “el lema de una política”, sin papel político efectivo en la práctica. Fernand Braudel constató que el devenir histórico es como una ópera en la cual las notas separadas constituyen un caos ruidoso, mientras que juntas y bien concertadas pueden hacer una buena sinfonía. ¿Podrán los estados de América y el Caribe componer una buena sinfonía?
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
Fuente: El Espectador.
Así como en el ‘Amor en los tiempos del cólera’ Florentino no sabía nadar, nuestro país tampoco contaba con los medios tecnológicos para llegar hasta las profundidades en donde yace la embarcación hundida desde el 8 de junio de 1708.
El primer mandatario reveló que en el amanecer del pasado 27 de noviembre un equipo conformado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la Armada Nacional y científicos internacionales halló un yacimiento arqueológico correspondiente al galeón.
Para los científicos el desconocimiento de los legisladores fue total pues no sólo se desconoció por completo la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Sumergido la cual establece que cualquier vestigio arqueológico que esté bajo el agua -desde una vasija hasta un lingote de oro- es patrimonio, no puede ser comercializado, sino que está demostrado que cuando las empresas cazatesoros toman lo que tiene un valor de mercado como los lingotes y “chupan” con una aspiradora todo el contexto del naufragio, la historia se acaba. Al sacar los restos arqueológicos de su contexto, el oxígeno los vuelve polvo. Y lo que es peor. Conservar lo poco que sale es costosísimo y el Estado no tiene el dinero para ello. “Fue la tercera vez que se presentó este proyecto. Los anteriores eran al menos proteccionistas. Pero éste que se aprobó entregó todo. Antes se reconocía el valor sobre los objetos, no se pagaba con ellos. Ahora se paga con los mismos objetos. Es decir con cargas industriales como monedas, los lingotes y piedras preciosas provenientes de los cargamentos de los naufragios”, explicó a ABC Carlos del Cairo, antropólogo y arqueólogo, director de la Fundación Terra Firme, entidad que desde el 2006 lleva la batuta en investigación académica sobre la riqueza cultural e histórica sumergida en Colombia
El Jefe de Estado se refiere a una serie de sucesos relacionados con que, en 1982, la empresa Glocca Morra denunció la existencia de una “anomalía de sonar”, cuyos derechos luego adquirió Sea Search. Se argumentaba que ello correspondía a las coordenadas del San José, pero, de acuerdo con Colombia, eso no corresponde al lugar donde finalmente lo encontró el país.
