Después de la euforia del 10 de agosto pasado, cuando a las 5 y dos minutos de la tarde se publicó la Resolución 2756, mediante la cual el proceso de contratación del proyecto de intervención del galeón Señor San José, fue suspendido “hasta por dos meses”, retiré de las redes sociales las publicaciones que hice señalando como responsable al gobierno, del desastre que temía, el cual por el momento y gracias a Dios, queda pospuesto.
Luego de compartir con todos la magnífica noticia de la suspensión, me concentré en la lectura de la Resolución y encuentro en su parte motiva: “…Que respecto al proceso que se viene adelantando existen solicitudes de ciudadanos interesados pendientes de responder, entre ellas, la radicada el día 9 de agosto de 2018, esto es ad portas de vencerse el plazo para presentar las manifestaciones de interés (10 de agosto de 2018). Que el cambio de servidores públicos, independientemente de su naturaleza, implica para cada funcionario saliente la entrega de la gestión asignada a su cargo a aquel que ahora ejercerá sus funciones…”, de esta lectura infiero que, si bien el empalme de los nuevos funcionarios es razón para que el gobierno hubiese tomado la decisión de suspender el proceso “hasta por dos meses”, también es cierto que las acciones legales que adelanto como director general de la Veeduría nacional para el control social del patrimonio cultural sumergido de Colombia, ante el Tribunal, caben perfectamente entre “las solicitudes de ciudadanos interesados pendientes de responder”, por tanto, lamentablemente, hay que aceptar que la decisión de detener el proceso no es solo atribuible a la buena voluntad del nuevo gobierno, cuya postura con respecto al futuro inmediato del galeón Señor San José, aún dista mucho de ser contundente, cierta y verdadera, y la incertidumbre, que amenaza el mayor testigo de la memoria histórica de la Nación, se mantiene sobre él como un oscuro nubarrón, que anuncia la más terrible de las tormentas.
Es positiva y esperanzadora la posibilidad de que este nuevo gobierno pueda estar realmente interesado en revisar por completo este vergonzoso y cuestionado proceso de contratación, que amenaza con destrozar un patrimonio único e irrepetible, cuyo conjunto o colección obedece exclusivamente a un Bien de Interés Cultural de la Nación, dada su singularidad, particularidad, estado de conservación e interés científico y cultural.
Ojalá el nuevo Presidente de la República, pronto se pronuncie de fondo sobre este tema y llame a todas las partes que se han opuesto a la forma como se ha pretendido desarrollar el proyecto, y oídas estas, reposadamente se tomen las decisiones más convenientes a la Nación. Hasta entonces, la incertidumbre permanecerá.
Por Francisco Hernando Muñoz Atuesta
