Sea Search Armada dice que “no hay razón válida” para que Gobierno rechace verificación de Galeón San José
La compañía norteamericana, que reclama la mitad del tesoro de la embarcación hundida, respondió a la carta del Mincultura en que la cartera considera como “inadmisible” su propuesta.
El apoderado general de la compañía norteamericana cazatesoros Sea Search Armada, el abogado barranquillero Danilo Devis, envió una carta hoy en respuesta a la misiva que a su vez le enviara el Ministerio de Cultura el pasado 14 de diciembre, en el marco del pleito legal y que por micrófonos tienen la Nación y la empresa sobre la propiedad del Galeón San José.
En el documento, conocido por EL HERALDO, Devis reitera que en 1982 denunciaron “el lugar de ubicación del Galeón San José“, revelado también por este diario tras 30 años de secreto, y cita que en el documento consignaron que “los objetivos principales, en grueso e interés, se encuentran ligeramente al oeste del meridiano 76” y están apenas centrados alrededor del Objetivo ‘A’ (la nave) y sus partes asistentes, que están localizadas en la vecindad inmediata de 76° 00′ 20″ W – 10° 10′ 19″ N”.
Y advierte el apoderado que:
“el lugar del naufragio denunciado no son las coordenadas allí señaladas, sino su vecindad inmediata”.
Recuerda la misiva además la resolución de la Dimar en 1982 que los reconoce como el “descubridor de los tesoros” y la sentencia de la Corte Suprema en 2007, que los declara como “propietaria en comunidad con la Nación, y por partes iguales, de los tesoros -y cita la sentencia- ‘que se encuentren en las coordenadas referidas en el Reporte Confidencial sobre la Exploración Submarina'”.
Reitera el barranquillero que las coordenadas dadas son un “punto de partida” o “referencia” para localizarlo, y se queja de que “el Gobierno solo acepta ahora, como tal ubicación, las coordenadas exactas señaladas (…), eliminando arbitrariamente su vencindad inmediata”.
Por ello, insiste en ir al lugar donde se encuentra el naufragio porque, dice, “es la única manera de determinar con absoluta certeza si el naufragio descubierto en 2015 es el mismo, o no, que el denunciado en 1982”.
Finalmente, tras volver a aseverar que renunciará al pleito y a la mitad del tesoro si el Ejecutivo tiene razón, dijo que si el Gobierno está convencido de que el lugar hallado el pasado 27 de noviembre es diferente al denunciado en 1982 “no hay razón válida alguna para que insista en rechazar lo propuesto”
La misiva se da en respuesta al documento remitido por la ministra de Cultura, Mariana Garcés, en que explica a la empresa que no le asiste razón alguna a su solicitud de concurrir al sitio donde realmente está el Galeón San José.
“En primer lugar debo manifestar que es inadmisible plantear nuevamente presuntos derechos de Sea Search Armada sobre el Galeón San José, más allá de lo dictado por la Corte Suprema de Justicia”, se lee, y agrega al respecto que “la sentencia de la Corte es absolutamente clara y no da lugar a ningún tipo de interpretaciones; el derecho que le asiste a la Sea Search Armada es al 50% de lo que no constituya patrimonio de lo que se encuentra en las coordenadas planteadas en el informe confidencial presentado por Glocca Morra -que cedió sus derechos a Sea Search- e incorporado en la Resolución 0354 de 1982 de la Dimar, en la cual se le reconoció a dicha firma la calidad de denunciante”.
De hecho, el pasado 5 de diciembre, cuando el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer más detalles de la noticia del hallazgo del Galeón, en la página de la Presidencia se colgó un comunicado que aseguraba que “muchos historiadores y cazatesoros lo ubicaron en diversas coordenadas”, pero “se halló en un lugar nunca antes referenciado por estudios previos, a partir de estudios cartográficos, metereológicos e históricos antes desconocidos en Colombia”. Y advirtió, además, que la embarcación hundida “pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación”.
Se refería la Casa de Nariño, sobre todo, al supuesto descubrimiento del naufragio por parte de Sea Search. En otro boletín de ese mismo sábado, el Ejecutivo afirmó, no obstante, que en 1993 el Gobierno autorizó la relocalización del San José basándose en las coordenadas dadas en 1982, pero en 1994 el ARC Malpelo abandonó el área de búsqueda porque, aparentemente, en las coordenadas denunciadas no había ningún tipo de naufragio.
García Zuccardi plantea suspender la venta
El senador cartagenero del Partido de la U, Andrés García Zuccardi, advirtió que “se debe congelar la venta” del galeón San José, luego de que la nave, hundida hace 300 años en las Islas del Rosario, fuese hallada el pasado 27 de noviembre, según informó el Gobierno.
García Zuccardi presentó un proyecto de ley para prohibir la comercialización de la nave: “abre la puerta además la iniciativa a que se construya un museo de exposiciones permanentes en la ciudad de Cartagena, para que los colombianos y los extranjeros puedan disfrutar de este patrimonio”.
La iniciativa contempla que por 50 años el Estado tendrá el galeón San José para exposiciones y museos, con el propósito de que los colombianos conozcan su historia: “después de este período se puede contemplar la discusión de una posible subasta, venta o comercialización”.
Añadió el senador que “la verdadera riqueza del galeón San José no está en el oro o en la plata que pueda tener en su interior, sino en el valor histórico de la nave”.
Amín presenta proyecto sobre el patrimonio sumergido
El senador barranquillero del Centro Democrático, Jaime Amín, presentó un proyecto de ley que persigue “proteger de manera real y efectiva el patrimonio cultural sumergido de los colombianos”.
La iniciativa legislativa, según el legislador, “se fundamenta en el debido desarrollo que se le debe dar a los artículos 63 y 72 de la Constitución Nacional, que comparten como componente principal que todo aquello que es patrimonio arqueológico y cultural de la Nación tiene el carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable, siendo así que está bajo la protección del Estado”.
Pos esto, Amín propone adicionar un parágrafo al artículo 3º de la Ley 1675 de 2013, con el fin de que los críterios que contemplan dicho artículo: representatividad, singularidad, repetición, estado de conservación, Importancia científica y cultural, surtan propósitos meramente clasificatorios y por ningún motivo tengan la posibilidad de exclusión o desintegración del conjunto de bienes del patrimonio cultural sumergido.
“Esto impedirá que se pueda vender o utilizar como bienes con valor comercial la riqueza que surja de hallazgos de naturaleza arqueológica y cultural”, indicó el parlamentario.
Por último, la iniciativa propone modificar el artículo 23 de la misma ley, dando desarrollo legislativo a los principios constitucionales consagrados en los artículos 63 y 72 de la Carta Política, teniendo en cuenta que “el patrimonio cultural de la Nación no es un conglomerado de bienes que se encuentren dentro del mercado, por lo tanto no poseen una característica de intercambiabilidad o fungibilidad, razón por la cual, dichos bienes nunca debieron haber salido de la potestad del Estado, concediendo por este Proyecto de Ley un alcance de efecto retroactivo sobre la posesión y el dominio de los bienes del patrimonio cultural del Estado”.
Fuente: El Heraldo
