El escritor, historiador, genealogista miembro de número de la Academia de Historia de Cartagena y veedor nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia. Francisco Muñoz Atuesta denuncia que la situación jurídica del rescate del Galeón San José es tan incierta que el tesoro podría quedar en su mayor parte en manos de terceros.

“El peligroso juego del Estado para acolitar el robo del Galeón ha elevado la inseguridad jurídica sobre sus bienes hasta un 95%. En el mejor de los casos la nación colombiana se quedará el 5%.”

“Es indignante ver al establecimiento favorecer a un privado en perjuicio de los intereses de la Nación. La Veeduría seguirá dando la lucha, así solo sirva para reseñar históricamente a otra élite corrupta y despreciable que continúa gobernando al país como una sociedad tribal.”

El veedor señala que los asesores del Gobierno Nacional se han preocupado más por defender al parecer los intereses de los exploradores que en las garantías para nuestro país con relación al el rescate y preservación de los restos del naufragio.

“El gobierno nacional le reitera a la compañía Sea Search Armada, que no ostenta ningún derecho sobre el Galeón San José. Ante esto la Veeduría llama la atención de la opinión pública, en el sentido de que estos son temas que solamente pueden ser dirimidos por la justicia colombiana. La opinión de la Señora Vicepresidente, muy respetable por cierto, es la opinión que puede tener ella o el gobierno. Igualmente, los señores norteamericanos tienen otra opinión. Pero como estos temas, en un Estado de Derecho, no se dirimen por opiniones sino por los dictamines de la justicia, habrá que esperar a que sea la justicia, en el momento procesal adecuado, quien diga quién tiene la razón. Por tanto sería absolutamente inconveniente a los intereses de la nación que el gobierno nacional incremente la inseguridad jurídica que actualmente pesa sobre los bienes contenidos en el Galeón San José, al firmar con una empresa inglesa un compromiso que involucra hasta el 45% de los bienes contenidos en el Galeón, ya que con esto la inseguridad jurídica alcanzaría el absurdo porcentaje del 95%. Es absolutamente incomprensible que una nación tan llena de necesidades, dilapide su patrimonio de manera tan irresponsable. La recomendación para el gobierno es: Absténgase hasta que la justicia determine si el gobierno o los señores de Sea Search, tienen la razón. Hasta entonces no es prudente involucrar o incrementar la inseguridad jurídica que pesa sobre los bienes del Galeón San José”.

Con esto Muñoz Atuesta responde a las recientes declaraciones hechas por la Vicepresidente de la República, Martha Lucía Ramírez, en la que le reitera a la Sea Search Armada que no ostenta ningún derecho sobre el Galeón San José ni de su contenido por no encontrarse en las coordenadas denunciadas por esa compañía; esto en respuesta a un derecho de petición hecho por Danilo Devis Pereira, apoderado General de dicha compañía.

Sin embargo, la Veeduría advierte que, según el Ministerio de Cultura, la Dirección Marítima certificó en mayo de 2015 que las coordenadas donde supuestamente fue hallado el Galeón San José por la empresa caza tesoros estadounidense Sea Search en 1982 no se sobreponen al polígono de exploración autorizado a los ingleses mediante la Resolución 1456 de 25 de mayo de 2015, lo cual es ABSOLUTAMENTE FALSO, pues en ese primer polígono (256 Km2) los ingleses no encontraron NADA. El Galeón San José fue “redescubierto” el 27 de noviembre de 2015, en un segundo polígono autorizado por el Ministerio de Cultura mediante la Resolución 3031 del 20 de octubre de 2015, el cual contiene un área casi seis veces mayor al del primer polígono (1.511 Km2), y la que por supuesto se sobrepone al punto denunciado por los norteamericanos en 1982.

El gobierno replica que, teniendo en cuenta que el Estado Colombiano verificó hace varios años el sitio de las coordenadas denunciadas por Sea Search Armada“concluyendo que en dichas coordenadas no existe ningún naufragio, su solicitud es improcedente. Esto ha sido comunicado desde 1994, por lo que no se entiende la razón por la cual esa compañía insiste en un reclamo sin causa”

Igualmente, la Veeduría advierte al gobierno nacional que la certificación del año 1994 expedida por el Columbus exploration inc., (contrato 544 de 1993), Consorcio propiedad de Thomas Thompson, representado en Colombia por el desaparecido miembro de la Comisión de Antigüedades Náufragas, don Fabio Echeverri Correa, en la cual se asegura que en las coordenadas exactas denunciadas por Glocca Morra Company (SSA) en el año 1982, no se encontró absolutamente nada. Es una certificación que carece de total credibilidad, dado que el señor Thomas Thompson, es un estafador convicto en los Estados Unidos.

En sentido de certificaciones, la Veeduría invita al gobierno a tener más bien en cuenta, la certificación expedida por la ARMADA NACIONAL en el año 1983, mediante la cual se certificó la existencia del naufragio, la cual dio pie a las autoridades judiciales para otorgar dominio sobre los bienes del mismo a la empresa norteamericana Glocca Morra Company (Sea Search Armada), ya que sin hallazgo no hay dominio.

Via: https://caracol.com.co/emisora/2019/06/24/cartagena/1561401113_256370.html