En 1982 una empresa norteamericana denunció el hallazgo de especies náufragas en la “vecindad inmediata” a un punto específico en el mar Caribe colombiano, al Oeste de las islas del Rosario cerca a Cartagena de Indias, se dijo que habían encontrado el galeón español del siglo XVIII llamado Señor San José, el cual es muy famoso porque al momento de su naufragio en 1708, sus bodegas se encontraban cargadas con incuantificables cantidades de oro, plata, perlas y esmeraldas.

Imagen 1. Representación del polígono de exploración “Área I” concedida a Glocca Morra Company (Sea Search Armada), con el punto de referencia del hallazgo denunciado en 1982. Imagen elaborada por la Veeduría Nacional de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia -VNPCS, utilizando el programa Google Earth.

La ley colombiana para ese entonces otorgaba a aquel que denunciara un bien con calidad de tesoro, la mitad de lo que se encontrara y así pactó el gobierno de entonces, liderado por Julio Cesar Turbay Ayala, con los norteamericanos de Sea Search Armada. Los problemas surgieron cuando se denunció el hallazgo de los restos del naufragio, pues el gobierno del presidente Turbay “lleno de patriotismo” intentó reducir a la brava el porcentaje pactado con los extranjeros y como estos no aceptaron la rebajona, se les mando a poner bajo arresto y a inmovilizar el submarino que utilizaban en la exploración; poco después, la comunicación entre contratistas y gobierno se quebró por completo. Se dice que Sea Search Armada, invirtió cerca 12 millones de dólares de aquella época buscando el naufragio, los cuales a valor presente serían algo así como 40 millones de dólares.

Después de Turbay (1978 – 1982) llegó Belisario Betancur (1982 – 1986), quien, también “lleno de patriotismo” sacó una ley que modificaba el monto del porcentaje de quienes denunciaran “tesoros” del 50% al 5%, y esta se pretendió aplicar retroactivamente a los denunciantes del hallazgo de 1982.

Para no alargar la historia, los norteamericanos demandaron al gobierno y tras tres décadas de pleitos, hoy cuentan con un fallo de la Corte Suprema de Justicia y un embargo a su favor sobre los tesoros que sean extraídos del área de búsqueda que se les otorgó (Imagen 1), pues si bien, se denunció un punto específico en el área de exploración, esa denuncia (y así lo ratifica el fallo de la Corte Suprema) dice “en la vecindad inmediata”, imprecisión contemplada por la legislación de entonces, cuya extensión debió haber sido reglamentada por la DIMAR, más esto nunca se hizo; por tanto, la “vecindad inmediata” se reduce al total del área de exploración autorizada.

En época del presidente Álvaro Uribe, y tras finalizar los estadounidenses el último de los procesos jurídicos que se les montó en Colombia para dilatar el asunto, pretendieron estos ejercer su “dominio inminente” (gracias al fallo de la Corte) y acceder al lugar del naufragio con una expedición, pero el doctor Álvaro Uribe, les mandó a decir que si se aparecían por las costas colombianas los iba a interceptar con la Armada.

Así que los señores de Sea Search Armada quedaron a la espera de que “algún día” el gobierno extraiga esos tesoros y sólo entonces, podrían hacer valer su dominio legal (embargo) sobre esos bienes o volver a demandar en estrados internacionales.

Todo esto ha terminado jugado a favor de los colombianos y de la historia de la humanidad, pues transcurridos casi 40 años, la visión sobre estos bienes ha cambiado en el mundo, pues ya no son “tesoros”, es patrimonio cultural sumergido, y hay que dar gracias, que en todo este tiempo no se hayan llevado el naufragio, pues dejar expuesto un bien como el del galeón San José, que se supone está cargado de inmensas riquezas, “botado” en un área públicamente conocida, ha sido un riesgo absurdo e innecesario.

Las cosas tomarían un nuevo rumbo con la llegada al poder del doctor Juan Manuel Santos (2010 – 2018), y este, más “lleno de patriotismo” que todos sus antecesores juntos y con una mente absolutamente mefistofélica, se inventó una “idea maravillosa”: Redescubrir el galeón.

Para ello necesitaría hacer una carambola a muchas bandas, les enumero cinco de ellas: primera, sacar una ley que concediera una participación “justa”, es decir, volver otra vez el 50% para quien hiciera el “redescubrimiento”, y la sacó Santos en 2013; segunda, quitar el embargo de los norteamericanos sobre los “tesoros”, (lo que no sólo es un hecho absolutamente exótico, sino aterrador) y lo logró Santos el 31 de octubre de 2017; tercera, se inventó una Asociación Público Privada -APP “secreta” con unos personajes “adecuados para la maniobra”; cuarta, lograr que los señores de Sea Search Armada, retiraran las demandas que habían interpuesto ante la Corte en Estados Unidos, la CIDH y la OEA, y lo logró Santos en 2014 (engañando a los norteamericanos diciéndoles que era requisito previo para sentarse a negociar con ellos); y quinta, redescubrir el galeón San José, en unas coordenadas “lejanas y distantes” de las denunciadas por los estadounidenses, “y lo logró” Santos el 27 de noviembre de 2015. Jaque mate, habrá dicho Santos, su ministra de cultura, su director de la DIMAR y su flamante director del ICANH.

Pero la craneada “jugada maestra” de Santos los lleva a un callejón sin salida, terminaron enredados en su propio lazo: el naufragio está ubicado en el mismo polígono donde en 1982 denunció su ubicación la empresa norteamericana Sea Search Armada y ni siquiera un Santo de su calibre podría evitar que esta información se conociera. Y aquí es donde la inseguridad jurídica que pesaba sobre estos bienes contenidos en el galeón San José, que era ya del 50% -por aquello del fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de Sea Search Armada-, se eleva con el “redescubrimiento de Santos” a un nauseabundo 95% pues Santos acordó con los “redescubridores” pagarles hasta con un 45% de esos mismos bienes (infamia infinita).

El argumento baladí, despreciable e irresponsable, manejado como “tesis del gobierno”, es que los estadounidenses que denunciaron el hallazgo del naufragio en 1982, marcaron un punto en el mar con la ubicación “precisa” de esos restos, y esa ubicación, de “precisa”, no tiene nada, por dos razones:

Primera, la Corte Suprema de Justicia, ratificó en su fallo de 2007, la sentencia de primera instancia de 1994, donde se habla de “áreas aledañas” (las cuales no fueron delimitadas por la DIMAR):

Declarar que le pertenecen en común y proindiviso, por partes iguales (50%) a la Nación Colombiana y a la sociedad Sea Search Armada, los bienes de valor económico, histórico, cultural y científico que tengan calidad de tesoros que se encuentren dentro de las coordenadas y áreas aledañas referidas en el “REPORTE CONFIDENCIAL SOBRE EXPLORACIÓN SUBMARINA”…

Segunda, la exactitud que hoy maneja el sistema de posicionamiento global GPS, obedece a un protocolo establecido en 1984, es decir, posterior al denuncio de 1982, por tanto, el alcance de la tesis del gobierno, de una ubicación “precisa”, se derrumba totalmente.

A modo de conclusión, el galeón San José es hoy un Bien de Interés Cultural de la Nación -BIC, por tanto jurídicamente a salvo; aunque siga “botado a su suerte” en un área de conocimiento público. El patrimonio de los colombianos que se encuentra realmente amenazado, es el patrimonio público, pues a la inseguridad jurídica que se genera con el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre el 50% de los bienes a favor de Sea Search Armada, hay que agregarle el 45% del “redescubrimiento” de 2015, pues ¡la funesta APP sigue viva hoy 22 de agosto de 2020! a pesar de la declaratoria del galeón San José como un BIC, la cual se realizó el pasado 23 de enero de 2020.

El “callejón sin salida”:

En 2015 el gobierno Santos autorizó a una firma inglesa dos polígonos de exploración para localizar el naufragio del galeón San José, los cuales se indican (imagen 2) con líneas rojas y medían respectivamente: 256 kilómetros cuadrados el primero, y 1.511 el segundo. Se aprecia claramente como ambos polígonos se sobreponen al polígono (marcado en amarillo) autorizado en los 80’s a la firma norteamericana Sea Search Armada y sobre el cual hay un hallazgo denunciado y una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, cuya ubicación se circunscribe al total de ese polígono (1.100 km2) por aquello de la “vecindad inmediata” no delimitada por la DIMAR.

Imagen 2. Los puntos amarillo y rojo ubicados en el área verde se supone representan la localización del San José: 1982 (amarillo) y 2015 (rojo). Imagen elaborada por la Veeduría Nacional de Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia -VNPCS, utilizando el programa Google Earth.

Si el hallazgo denunciado en 2015 se encuentra (como parece ser) en cualquier parte del polígono autorizado a Sea Search Armada en los 80’s (imagen 2, indicada en verde) la inseguridad jurídica sobre el patrimonio público de Colombia alcanzará hasta el 95% del valor de los bienes contenidos en el galeón San José, y mientras que el gobierno persista en mantener “vigente” la funesta APP de Santos, la cual aún no ha sido cancelada, a pesar de contemplar el pago absolutamente ilegal, con partes de un bien, que ahora goza con protección constitucional reforzada por su calidad de Bien de Interés Cultural de ámbito Nacional, el cual no puede ser comercializado bajo ninguna circunstancia, la inseguridad jurídica sobre el patrimonio público de los colombianos es inminente.

Además, la legislación colombiana deja claro lo siguiente: “Si de hecho hubiere varios denunciantes, respecto a una misma zona marina, SE PREFERIRÁ AQUEL CUYA RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO TENGA LA FECHA MÁS ANTIGUA”. (Inciso único del literal “b” del ARTÍCULO 191, del Decreto ley 2324 de 1984).

Este asunto aún no termina, lo que si es claro es que las autoridades competentes deben investigar a fondo la conducta de los funcionarios involucrados en toda esta trama contra el patrimonio de los colombianos.

Fuente: https://elexpediente.co/galeon-san-jose-patrimonio-cultural-a-salvo-patrimonio-publico-amenazado/