Por: Juan Guillermo Martín, PhD.*

Con la sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla de ordenar las medidas cautelares de secuestro sobre el tesoro del Galeón San José, se levanta un nuevo debate y aparecen nuevos protagonistas en este proyecto de saqueo que tiene poderosos intereses detrás, tanto nacionales como internacionales. No en vano el nobel de la Paz se hizo cargo de promover, desde el inicio de su gobierno, una ley a medida del San José (la Ley 1675 de 2013), buscando posicionar a sus socios en el supuesto rescate.

Ya es claro que no hubo nunca un mapa del tesoro y que el hombre de la barba blanca, Roger Dooley, tuvo acceso a las coordenadas mientras trabajó para otra empresa de cazatesoros, la IOTA Partners, filial de la Sea Search Armada. También sabemos que, gracias a la acuciosa investigación de Francisco Muñoz, veedor nacional del patrimonio cultural sumergido de Colombia, Dooley estuvo incluido en la lista Clinton. Muy pronto veremos cómo lo sacan del negocio por la puerta de atrás, para no despertar sospechas.

Las demandas al proceso presentadas por el exmagistrado César Duarte le impidieron al gobierno Santos adjudicar la licitación de la APP a la empresa de cazatesoros Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG (MAC de aquí en adelante). Una empresa recientemente constituida, sin ningún tipo de experiencia en este tema, salvo el dinero y los contactos para contratar los servicios que bien pudo el Estado colombiano contratar sin intermediarios.

Admito públicamente que me convocaron para redactar el Decreto 1698 de 2014, que reglamenta la Ley 1675. Una trampa que me puso el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia -ICANH-, Ernesto Montenegro, para comprometerme en este tema. Lo que este personaje nunca ha dicho es que el documento que yo presenté, y por el que me pagaron el equivalente a mil quinientos dólares, nunca fue usado. Con mi propuesta habría resultado imposible que un cazatesoros como Dooley hubiese podido trabajar en Colombia. Exigencia de permisos de trabajo, áreas de exploración muy limitadas, homologación de títulos de todos los involucrados y participación obligatoria de colegas colombianos habrían impedido el saqueo del patrimonio subacuático del país.

Al iniciar el gobierno Duque se presentó la inmensa oportunidad de rectificar el rumbo. El tema se puso en manos de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Su posición ha sido contundente: el San José es patrimonio cultural, indivisible y no será vendido ni subastado. Sin duda alguna el pronunciamiento que queríamos oír aquellos que nos dedicamos a la docencia y a la investigación científica, aunque a la fecha aún no ha sido declarado oficialmente área arqueológica protegida.

Pero las esperanzas pronto se desvanecieron. Su interlocución con la academia no pasó de una corta reunión de la que no queda ni un acta oficial. Incluso el gobierno Duque mantiene a la pieza clave de Santos en el proyecto, Ernesto Montenegro, el funcionario que diseñó la Ley 1675 de 2013 y ha figurado como co-investigador del proyecto San José. Lo hemos visto muy contento en los videos oficiales, celebrando con champaña en compañía de los cazatesoros de MAC y justificando sin descanso la comercialización de contextos arqueológicos, incluso minutos después de que la vicepresidenta dijo todo lo contrario en el mismo escenario. Típica audacia de quien se sabe intocable.

En estos días nos sorprende la nueva noticia, de parte del periodista Jesús García Calero, del diario ABC de España, en donde demuestra la participación del profesor de arqueología Carlos Rómulo Del Cairo en la fase de exploración del San José, por módicos 48.000 dólares. En entrevista con este personaje, García Calero revela sus “razones”: se “sacrificaba” para que nada se vendiera. Un “sacrificio” al que se negaron otros colegas, estos sí de reconocida reputación e intachable ética.

En el evento inaugural del posgrado diseñado por Del Cairo, programa académico que en un principio aparecía alineado con la legislación colombiana y luego prefirió usar un disfraz e inclinarse hacia la Convención de UNESCO de 2001, la vicepresidenta se hace presente y reitera su posición pero hace énfasis en un detalle que no resulta menor: que se están evaluando opciones para adelantar el proyecto con MAC sin vender una sola pieza, buscando evitar una demanda al Estado. Es decir, ahora los contribuyentes pagaremos una cifra astronómica por este proyecto, adelantada por burdos cazatesoros y “académicos” que se justifican con una supuesta experiencia que nadie conoce, poniendo en riesgo un contexto arqueológico único. Lo más sensato sería que el San José se quedara en las profundidades del mar, hasta que contemos con los recursos, instalaciones y personal idóneo para adelantarlo.

El gobierno Duque tampoco ha tenido voluntad para modificar o derogar la Ley 1675 de 2013, paso fundamental y contundente para salvaguardar el patrimonio subacuático de la Nación. Incluso ha respaldado el nuevo posgrado en patrimonio cultural sumergido, dirigido por Del Cairo, en donde el director del ICANH también es docente, con numerosas becas para diversos profesionales, la mayoría de la Armada Nacional. En Colombia, las becas del Estado se asignan a programas académicos acreditados y con trayectoria, pero en este caso especial, la fortuna los ha acompañado.

El futuro del San José es más incierto que nunca, con un gobierno que desestima las recomendaciones de expertos y se alinea con “académicos”, nacionales e internacionales, que son capaces de cambiar sus principios, si alguna vez los tuvieron, por 48.000 dólares. Pronto sabremos cuánto más. Prepárense porque son varios “arqueólogos” como Dooley, Montenegro, Del Cairo y sus amigos los que esperan ansiosos. Esto nos costará una fortuna que saldrá de los bolsillos de todos los colombianos, así como el reconocimiento y la dignidad científica acumulada hasta ahora.

* Arqueólogo y profesor universitario.

Via: https://www.elespectador.com/opinion/el-galeon-san-jose-una-obsesion-que-nos-costara-una-fortuna-columna-849840