La guerra por el tesoro del San José

Aunque el Galéon parece a salvo, aún no lo está. Ojo.

Pocas sesiones más apestosas en la historia reciente del Congreso que aquella en la cual se aprobó la Ley 1675, que pretendía tapizar el camino de terciopelos jurídicos para que un cazatesoros oculto se quedara con la mitad de los tesoros arqueológicos del Galeón.

Según la tesis del gobierno de entonces, que consideraba que ningún objeto repetido tiene valor cultural ni arqueológico y que por lo tanto puede ser vendido, sustraído o entregado en parte de pago, mantener las tres pirámides de Egipto sería un despropósito financiero, pues están repetidas.

Según esa teoría, por el bien de las finanzas egipcias se debería conservar solo la primera pirámide, pero las otras dos, repetidas, podrían ser entregadas en concesión a algún McDonald’s para su mejor aprovechamiento económico. O, tratándose de objetos más pequeños, de todas las narigueras precolombinas que se conservan en nuestro Museo del Oro, bastaría con guardar una y rápidamente mandar a fundir las otras, repetidas, para empezar a tapar el hueco fiscal que nos agobia.

Era obvio lo que pretendían. Que la primera morrocota o la primera barra de oro del San José se declarara de interés cultural y las demás no, porque están repetidas, de manera que el 50 por ciento de su valor iría para el cazatesoros, quien se podría quedar con la mitad de las barras o las monedas. Así de claro. En billones de pesos y millones de dólares de hoy, eso era lo que querían.

Sin embargo, como era previsible, no obstante los ilustrados conceptos de los expertos de las universidades Nacional y Externado, nos derrotaron en esa votación parlamentaria. Esa misma noche anuncié que demandaría la ley ante la Corte Constitucional y así procedí, al igual que otros ciudadanos.

Aunque la Corte, sorprendentemente, dejó vivo el criterio de repetición, concedió la razón a nuestras demandas en algunos puntos y se inhibió de pronunciarse en otros. Lo más importante fue que subrayó la competencia del Consejo de Patrimonio para establecer el carácter patrimonial de los hallazgos.

El gobierno anterior se movió rápido, avanzó en una APP y después de una exploración fallida, de una extraña ampliación de áreas y de un nuevo intento que hoy está rodeado de delicadas acciones judiciales, y procesos penales en curso, por una presunta filtración de coordenadas, se anunció el hallazgo del Galeón.

A la llegada de Duque al poder, con buen tino, dentro del marco de las leyes aplicables, le pusieron un freno de mano al proceso entre la Vicepresidencia y la Agencia Judicial del Estado. Y el Consejo de Patrimonio, mediante decisión unánime, acaba de declarar el Galeón bien de interés cultural indivisible, de manera que no se podrá pagar la extracción de este con ninguna morrocota, moneda ni barra de oro que haga parte del hallazgo.

Aplaudo esa postura. Gran paso. Pero el Galeón no está aún a salvo. La decisión será demandada, y debemos vigilar ese proceso minuto a minuto, para que no se vaya a torcer mediante procedimientos indebidos. Tampoco se ha cerrado el proceso de la Sea Search Armada, que le entró temprano al baile, desde las épocas en las que andaba merodeando por aquí el tristemente célebre Tommy Thompson, el cazatesoros legendario que hoy se encuentra preso y recondenado por hampón.

El diligente director de la veeduría del Galeón, el historiador Francisco Muñoz, ha ido más allá. Ha pedido que se declare no grata en Colombia a MAC, la empresa involucrada en el proceso a partir de la Ley 1675 y que sea una agencia especializada la que se encargue del patrimonio sumergido.

Por mi parte, creo que cada paso jurídico debe ser cuidadoso, que se debe estudiar la tramitación de una nueva ley que derogue la 1675 en sus apartes más dañinos y que le deben hacer caso al doctor Muñoz para que, en vez de cazatesoros, inviten a entidades prestigiosas dedicadas a proteger el patrimonio de la humanidad.

JUAN LOZANO / Eltiempo.com