Un gran océano de conceptos separan al Ministerio de Cultura, a cargo del rescate del hallazgo arqueológico del galeón San José, y a los académicos de importantes universidades del país, como la Universidad Nacional y la de Antioquia sobre este tema.

Así se evidenció en un conversatorio realizado el miércoles en el Archivo General de la Nación en Bogotá, en el que participaron delegados de las dos universidades mencionadas, así como el director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), Ernestro Montenegro, y el asesor jurídico del Ministerio de Cultura en el caso del galeón San José, el abogado Juan Manuel Vargas.

La academia fue radical: pidió suspender el proyecto de recuperar este hallazgo arqueológico, un barco de bandera española hundido en el mar Caribe, cerca de Cartagena, atacado por piratas ingleses el 8 de junio de 1708.

Para la profesora Alba Nelly Gómez, jefe del departamento de Antropología de la Universidad de Antioquia, “este patrimonio cultural sumergido se encuentra en riesgo de pérdida o afectación porque las intervenciones que se proponen hacer están más direccionadas con intereses mercantilistas que con los científicos y culturales”, dijo.

“Para nosotros es muy importante que se posponga este proyecto para proponer un plan de manejo que proteja el patrimonio sumergido, que responda a procesos de investigaciones nacionales y que esté acompañado con expertos locales”, comentó.

Para ella, además, en este momento es más importante terminar la evaluación del patrimonio que se encuentra en tierra, que el que está en el mar, este último protegido por la Ley de Patrimonio Sumergido y que permite que distintas entidades, entre ellas las universidades, hagan estudios.

En esta solicitud la acompañó el abogado de la Universidad Nacional y representante en este conversatorio de la entidad pública, Antonio José Rengifo, quien dijo que “al galeón san José le falta academia y le sobra APP (Asociación público privada, figura para rescatar el barco)“.

Actualmente, hay un proceso público que estará abierto hasta el 23 de julio próximo, en el que pueden participar las entidades que tengan los recursos para sacar el hallazgo arqueológico que está a 600 metros en el fondo marino. Este proceso ya tiene un originador, la Maritime Archaeology Consultants, empresa que, si no hay otro proponente, quedará a cargo del proyecto.

Según los adendos que están en el Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (Cecop), el originador recibirá recursos de acuerdo a una tabla en la que se valoran aspectos como qué es patrimonio y qué no y del manejo de los dineros que ingresen por cuenta de la boletería de ingreso al museo que se hará en Cartagena y de donde percibirá dinero por tres años, entre otros.

España no ha anunciado reclamación, sí nos ha enviado dos notas verbales en las que ha pedido información sobre este tema.

Pero más allá de este tema, para Rengifo hay un grave problema jurídico y “el error está en que se parte del criterio de que lo que hay en el fondo del mar es nuestro y que hacemos con él lo que se nos ocurra, y no es así. España ha dicho que va a reclamar y por eso nos preguntamos cómo se blindará el Estado, si lo hará antes o después del rescate”.

Ante esta crítica del abogado Rengifo, uno de los más reconocidos e importantes del país, el asesor jurídico del Ministerio de Cultura, Juan Manuel Vargas, le argumentó que “España no ha anunciado reclamación, sí nos ha enviado dos notas verbales en las que ha pedido información sobre este tema. Colombia está actuando de acuerdo a la Constitución, tenemos sentencias al respecto de las altas cortes que ratifican el hallazgo como nuestro y podemos utilizar el mecanismo de la APP que nos genere los recursos de un privado y altos estándares de calidad para el proceso de sacarlo del mar”.

El malestar de la comunidad científica, además, incluye que, como dijo Gómez, “el gobierno ha desconocido la capacidad científica y técnica de las universidades, así como una propuesta de investigación que se formule desde acá. Las universidades tienen la formación suficiente y se han desconocido esos desarrollos”.

Sobre este punto, Ernesto Montenegro, director del Icanh y el Ministerio de Cultura, manifestaron que universidades del país no solo tienen asiento y representación en el Consejo Nacional de Patrimonio (de los Andes y Externado), sino que han estado presentes desde la Ley de Patrimonio Sumergido.

En este tire y afloje de unas dos horas, en el que hubo preguntas y requerimientos de los medios de comunicación, Ernesto Montenegro agregó que no es cierto que no se tenga en cuenta a los científicos y profesionales colombianos, pues como aparece en los requerimientos, el originador deberá contratar un 50 por ciento de profesionales nacionales con el fin de intercambiar conocimientos. Igualmente, se hará un laboratorio especial en el que se estudiarán los hallazgos del San José.

Pero en esta jornada nadie esperaba que alguien abogara por los indígenas. Y es que el galeón llevaba tesoros y piedras preciosas que se sacaban de América rumbo a España, riquezas locales en tierras que fueron pobladas primero por nuestros aborígenes.

Una representante del Centro de Memoria Histórica cerró la jornada con una apreciación: “Este proceso de investigación muestra una perspectiva del estado social de derecho y del pueblo indígena para reclamar desde la memoria histórica. Y nos invita a robustecer los procesos tanto nacionales como internacionales alrededor de la ciencia. Da la posibilidad para que los pueblos indígenas puedan construir la perspectiva de su memoria histórica. Es una invitación al porvenir que cumple, además, con las perspectivas de noción científica”.

Via El Tiempo Colombia