Es inconcebible que hayan tenido que pasar 4 años y dos meses desde que “encontraron” al Galeón Señor San José (GSSJ) y que solo hasta ahora podamos empezar a soñar los colombianos con su futuro. Han sido 50 meses perdidos, dedicados a encarrilar las cosas en la vía correcta, durante los cuales ha estado peligrosamente expuesto este patrimonio.
Quisiera decir que terminó la horrible noche, pero no es así. La amenaza que se cernía sobre el patrimonio cultural sumergido contenido en el GSSJ, parece amenazar ahora el patrimonio económico de la Nación. El mismo gobierno que acaba de declarar al GSSJ como un Bien de Interés Cultural, mantiene vigente una Asociación Público Privada con los cazatesoros de 2015, una execrable APP que contempla entregar como parte de pago hasta un 45% del GSSJ, un BIC indivisible que no puede ser utilizado como medio de pago. ¿Qué justifica semejante contradicción?
Cuando el Gobierno menciona en la resolución 0085 de 23 de enero de 2020, la cual otorgó calidad de BIC al GSSJ, a los cazatesoros de 2015, más bien parece que pone, sin el menor rubor, una tabla de salvación para que estos salten desde la naufragante APP, a otro tipo de contratación donde sí puedan ser “recompensados”. ¿Pero por qué haría esto el gobierno? La respuesta nos causará náuseas.
Hace tres décadas una firma norteamericana litiga con el Estado el descubrimiento del mismo naufragio. Ha sido “una política de Estado” seguida por distintos gobiernos el “intentar sepultar” las pretensiones jurídicas de los denunciantes del hallazgo desde 1982, aunque solo hayan logrado dilatar el pleito. Al actual Gobierno le ha tocado una de las partes más incómodas del maloliente proceso al pretender posar o ignorar “ingenuamente” que, por ser temas que corren en escenarios distintos, el dilatado pleito de los denunciantes de 1982 dejará de ser una espada de Damocles; esta caerá, y cuando suceda, temo pueda infringir enorme daño al patrimonio económico de los colombianos; asunto que a los políticos poco importa, al final será el sufrido pueblo de Colombia el que pagará los platos rotos.
El gobierno Duque ha debido despedir desde hace rato a los cazatesoros de 2015, argumentos tiene de sobra, y dejar que sea la justicia colombiana la que determine qué pasará con unos y otros, y no ponerse de “creativo” en temas tan delicados, pues podría terminar haciendo el juego a los eternos enemigos de Colombia.
Es vergonzoso ver a una nación abrazando a un malandrín para intentar escapar de una responsabilidad, las cosas no deben funcionar así.
*Veedor Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia
Miembro de Número de la Academia de la Historia de Cartagena de Indias.
