España y Panamá sientan nuevas bases para exploración patrimonio subacuático
España y Panamá están sentando las bases de una nueva relación de cooperación científica internacional con el patrimonio subacuático de origen hispánico en primer término. Estos días, un equipo bajo la dirección de Iván Negueruela, director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, está impartiendo un curso de formación para crear en el país del istmo las bases de esta disciplina científica. A través de la creación de la primera unidad especializada en la gestión e investigación del PCS Panamá podrá hacer frente a los piratas del siglo XXI.
Panamá fue el primer país iberoamericano en firma la Convención Unesco 2001 para la protección del Patrimonio Cultural Subacuático (PCS) pero, paradójicamente, ha vivido durante los pasados años una enorme polémica relativa al contrato firmado por el Gobierno panameño con la empresa cazatesoros Investigaciones Marinas del Istmo (IMDI). Esta empresa recibió la concesión para explotar un yacimiento, el del célebre galeón San José, hundido en 1631. El galeón, construido en 1611, zarpó del puerto peruano del Callao rumbo a Panamá con un importante cargamento de oro y plata a bordo y se hundió el 17 de junio de 1631 tras rozar con un bajío.
El del San José habría sido otro triste caso de expolio con la dolorosa implicación de las autoridades si no fuera por la sociedad civil. Las denuncias de un pequeño grupo de ciudadanos hartos de los tratos de su Gobierno con los cazatesoros del IMDI crearon un altavoz a las actividades de esa empresa, que desde 2003 había excavado en el yacimiento y tiempo después ya vendía monedas y objetos del San José en una web con los sellos de los departamentos gubernamentales implicados. La renovación del contrato fue la gota que colmó el vaso, puesto que se realizó fuera de plazo para tratar de legalizar un reparto de los objetos y monedas extraídos del yacimiento sin una auditoría científica y en el que Panamá se quedó con la peor parte. La intervención fue tan salvaje que las marcas y los destrozos causados en el yacimiento fueron visibles en las fotos de Google Earth y Google Maps.
Las denuncias de la sociedad civil permitieron la denuncia de lo ocurrido en el IKUWA celebrado en Cartagena, donde el abogado José María Lancho alerto a las autoridades sobre la necesidad de ayudar al Gobierno de Panamá a encontrar el buen camino y volver a la legalidad impuesta por la Convención y sus propias leyes. En marzo de 2015 Panamá pidió por fin colaboración a España para este problema. Antes de que España reaccionara, Unesco envió una misión de su Cuerpo Asesor Científico y Técnico (STAB, por sus siglas en inglés) que inspeccionó el yacimiento y realizó algunas recomendaciones en octubre de 2015.
Pero la acción no comenzó hasta que España no envió un equipo científico en mayo de este año que sirvió de toma de contacto y que sentó las bases para el curso de formación. Alli se acordó este curso que consta de dos partes: la primera es un seminario intenso y concentrado que acaba de celebrarse; la segunda será una “Estancia de estudios” en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, de varios meses de duración, para un grupo de alumnos que hayan superado la primera parte. AL final del proceso, Panamá creará su propio Centro Nacional con toda nuestra ayuda. Participan en el desarrollo del proyecto, la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo del Ministerio de Exteriores, a través de la embajada de España en Panamá, y también el Ministerio de Educación Cultura y Deporte.
Sobre el terreno, esto se ha traducido en el curso citado en cuya inauguración participaron la subdirectora general de Patrimonio, Elisa de Cabo, el embajador, Ramón Santos y la directora de Patrimonio del INAC panameño, Isabel Arrocha. En el temario hay varios bloques: uno legal, otro puramente arqueológico, un tercero de restauración y otro de difusión y museología. El curso acaba con una práctica. Como indican los responsables del curso, es una aproximación intensa, en realidad muy concentrada que podría durar varias semanas, pero que aquí se ha impartido en unos pocos días.
La importancia de este nuevo paso es indudable. El PCS de origen hispánico es un registro histórico lleno de oportunidades. En este galeón San José de Panamá las autoridades españolas han podido comprobar, por primera vez, cómo la historia compartida sirve para una relación de nuevos términos y objetivos presididos por la excelencia científica y la cooperación. Un modelo de presencia de España que sin dudad dará frutos y permitirá estrechar lazos con cuantos países formaron parte de la Corona durante la era colonial y cuya sociedad era la que se hundió en aquellos barcos.
“Ojalá que Panamá sirva de inicio y que los demás países de la región imiten su modelo”, afirmó a la agencia Efe Neguruela, El arqueólogo afirmó que “al actual Gobierno no le gustó nada lo que se hizo entonces. Al dividir el tesoro, aquella compañía norteamericana fue muy canallesca con los panameños y les entregó muy poco material y en muy mal estado. La mayoría eran monedas semidestrozadas sin ningún tipo de valor comercial”, indicó el experto.
“Quien quiera bajar a excavar un barco, necesita el permiso del Ministerio de cultura del país donde se encuentra el barco y este país, a su vez, tiene que avisar al país de origen del buque”, precisó Neguruela, citando la cooperación prevista en la Convención de Unesco. El Gobierno de Juan Carlos Varela, a pesar del “mal comportamiento” de sus antecesores, quiso reconducir el compromiso de Panamá con la Convención de la Unesco y solicitó ayuda a España para peritar el expolio del San José y crear una unidad de arqueólogos acuáticos, explicó Neguruela.
Tras valorar el resultado del curso impartido a una veintena de arqueólogos y gestores de patrimonio, Negueruela dijo que “si conseguimos que dentro de unos años todos los países de América Latina tengan su propio centro operativo, sus propios arqueólogos y sus propias leyes que cumplan con la Convención de la Unesco, vamos a ser la pesadilla de los cazatesoros“, añadió el arqueólogo.
Los firmantes de la Convención, entre los que se encuentran España, Cuba, México o Francia, se comprometen a preservar el patrimonio subacuático y rechazan la explotación comercial de los vestigios. Se recomienda la conservación “in situ” cuando no esté en peligro el yacimiento. “El país que no firma la convención esconde algo. La clave de este tratado es que el patrimonio subacuático es patrimonio de toda la humanidad y no se puede vender”, alertó Neguruela. Entre los casos más polémicos en los que se rechaza esta legalidad internacional destaca el caso del otro galeón San José, el hundido en Colombia y que el Gobierno de Juan Manuel Santos anunció que excavaría con una empresa cazatesoros.
Via: ABC España
