Esta columna fue escrita por el columnista invitado Mario Omar Fernández Reguera.

El pasado reciente ha colocado a Colombia ante un dilema de enormes dimensiones éticas, científicas e institucionales. Lo que el gobierno presentó como un acontecimiento de recuperación patrimonial sin precedentes —la extracción y exhibición de piezas del Galeón San José— fue, en realidad, la manifestación visible de una operación marcada por la precipitación, el secretismo y la ausencia de rigor científico. La recuperación de un patrimonio sumergido no es una simple operación de rescate, sino un proceso altamente complejo, multidisciplinario, y delicado, que debe regirse por los más altos estándares técnicos. Cuando esto no ocurre, los costos no son simbólicos: son materiales, irreversibles, y afectan directamente la memoria histórica de una nación.

El evento, transmitido casi en vivo y diseñado para el consumo mediático, mostró objetos brillantes, húmedos, recién extraídos del fondo marino, como si fueran trofeos rescatados de un pasado glorioso. Sin embargo, detrás del espectáculo, lo que se ocultó fue la inexistencia de protocolos de conservación activos, la exclusión de la comunidad científica y el uso de un yacimiento arqueológico como herramienta propagandística. Esta operación, lejos de ser un modelo de intervención patrimonial, constituye una grave advertencia sobre cómo los intereses políticos pueden socavar, e incluso destruir, el patrimonio cultural de una nación cuando no existen las garantías técnicas mínimas.

Una extracción sin justificación científica

¿Qué justifica la extracción de piezas del Galeón San José y la alteración de su contexto arqueológico? Hasta el momento, ni el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) ni el Ministerio de Cultura han ofrecido una explicación técnica, pública y verificable que respalde esta intervención. Las autoridades han evitado referirse a los criterios científicos que motivaron la operación y no han presentado protocolos claros que demuestren que las condiciones mínimas de conservación estaban garantizadas.

Es ampliamente aceptado entre arqueólogos y conservadores que el mejor lugar para preservar el patrimonio subacuático es precisamente su contexto original. Las condiciones de presión, oscuridad, temperatura y ausencia de oxígeno en el lecho marino profundo proporcionan un entorno de estabilidad que ningún laboratorio puede replicar completamente. Solo causas de fuerza mayor —como riesgo inminente de destrucción, impacto por obras de infraestructura, tráfico ilegal o deterioro acelerado documentado— podrían justificar científicamente una extracción de este tipo. Y hasta ahora, ninguna de esas causas ha sido demostrada por las autoridades competentes.

En diversos eventos y charlas académicas en las que he participado, representantes del gobierno colombiano afirmaron que se realizarían únicamente extracciones puntuales de pequeños fragmentos, con fines de análisis, y que serían tomadas de zonas periféricas del sitio, alejadas del núcleo más sensible del yacimiento. Sin embargo, la reciente recuperación de un cañón contradice por completo esa postura. No se trató de una muestra menor ni de una prueba controlada: fue una pieza estructural, icónica y central dentro del pecio, cuya extracción implica la alteración irreversible de su contexto arqueológico.

Esta contradicción entre lo anunciado y lo ejecutado aumenta la preocupación sobre la falta de planificación y transparencia en el manejo del patrimonio sumergido. Extraer sin una justificación técnica sólida no sólo es científicamente irresponsable, sino también éticamente cuestionable.

Un archivo subacuático sin paralelo

El Galeón San José no es una leyenda dorada ni un mito colonial: es uno de los contextos arqueológicos subacuáticos mejor preservados del mundo. Hundido en 1708 en el marco de la Guerra de Sucesión Española, el San José no representa únicamente un navío hundido con riquezas. Es un archivo físico que encapsula en su interior un universo entero: relaciones comerciales, rutas transoceánicas, ingeniería naval del siglo XVIII, jerarquías sociales a bordo, prácticas médicas y militares, intercambios culturales entre Europa y América, y muchas otras dimensiones que no pueden ser comprendidas sin una aproximación científica.

En la arqueología subacuática, el contexto es tan valioso como los objetos. La forma en que un ancla reposa respecto al casco, la ubicación de las vasijas, el tipo de amarre, la naturaleza de los materiales de carga y los restos humanos o animales —todo habla. Alterar ese ecosistema sin documentarlo exhaustivamente es equivalente a arrancar páginas de un códice antiguo y esparcirlas sin orden ni estudio. El naufragio, al encontrarse a profundidades superiores a los 600 metros, había sido protegido durante siglos por una combinación única de factores: presión hidrostática, temperatura constante, oscuridad absoluta y ausencia de oxígeno. Estas condiciones, imposibles de replicar artificialmente, convierten al sitio en un laboratorio natural de conservación excepcional.

La ciencia de la conservación: complejidad técnica ignorada

La extracción de materiales sumergidos no es una actividad trivial. Se trata de un proceso que debe contemplar variables físico-químicas extremadamente sensibles. Cuando un objeto se saca del fondo marino, comienza un proceso inmediato de degradación. En cerámicas, las sales solubles comienzan a cristalizar desde los poros, provocando fracturas invisibles al ojo humano. En metales, los cloruros acumulados actúan como detonantes de reacciones de corrosión acelerada. Incluso el vidrio y el cuero pueden desintegrarse si no se someten a procesos controlados de desalinización y secado gradual. Además, la reactivación microbiológica de hongos y bacterias puede acelerar procesos de biodeterioro en semanas.

Frente a estos riesgos, lo único que puede garantizar la conservación es una infraestructura científica robusta: laboratorios especializados en desalinización, cámaras de presión controlada, sistemas de monitoreo ambiental, personal con experiencia en conservación de patrimonio sumergido y protocolos de estabilización inmediata. Sin estas herramientas, lo que fue preservado por siglos bajo el mar comienza a deteriorarse irremediablemente en cuestión de días.

Y sin embargo, nada de esto fue visible durante la presentación oficial. No hubo mención de equipos técnicos interdisciplinarios, de planes de conservación post-extracción ni de documentación científica de campo. Lo que hubo fue un espectáculo cuidadosamente editado, orientado a generar aplausos y titulares, pero vacío de sustancia científica.

Improvisación a la vista: el cañón, la tina y el espectáculo

De todas las imágenes difundidas por el gobierno, quizás la que mejor expone el nivel de improvisación fue la extracción del cañón. Tras permanecer más de 300 años en condiciones de oscuridad, presión y temperatura estables, fue sacado abruptamente a la superficie y expuesto de inmediato a la intensa radiación ultravioleta e infrarroja de la luz solar, así como a las elevadas temperaturas del Caribe colombiano. Acto seguido, se le retiró todo el material adherido, es decir, su contexto arqueológico inmediato, que constituye una fuente invaluable de protección e información científica. Desde entonces, el metal quedó desnudo, vulnerado por un entorno hostil, y sometido a una manipulación constante por parte del equipo técnico, figuras políticas y visitantes oficiales. Un espectáculo lamentable, impropio de una intervención seria.

La precariedad del manejo se profundiza al observar el recipiente en el que fue colocado el cañón: una estructura improvisada, hecha con tríplex y forrada en su interior con plástico grueso sostenido por cinta adhesiva, como se evidencia en la imagen oficial que muestra al presidente de la República y a la ministra del ramo. Resulta incomprensible que, con los abundantes recursos invertidos en este proyecto y la proyección mediática que se le ha dado, no se haya previsto el diseño de un sistema de contención adecuado y seguro. ¿Puede calificarse esta escena como un “hito científico”? ¿O estamos, más bien, ante un caso insólito de improvisación, sin precedentes, a pesar de años de campañas, expectativas y declaraciones oficiales?

Otra señal de la falta de preparación: la cerámica fracturada.

Otra imagen reveladora del nivel de improvisación observado corresponde a una pieza de cerámica evidentemente fracturada. La rotura, claramente visible en primer plano, expone una superficie interna completamente blanca y limpia, con un brillo que evidencia que el daño no es antiguo, sino que ocurrió en el momento mismo de la extracción. El borde de la fractura contrasta marcadamente con los extremos erosionados de la pieza, lo que refuerza la hipótesis de una rotura reciente, probablemente producto de una manipulación inapropiada o de una falta de estabilización al emerger.

Todos fuimos testigos del manejo excesivo de las vasijas cerámicas, no sólo por parte del equipo de conservación, sino por otras personas visitantes. La pieza fue manipulada y sumergida en líquido en múltiples ocasiones, lo que pone en evidencia la ausencia de protocolos claros y una falta de criterios técnicos para la conservación preventiva en campo.

Aún más preocupante es el contexto en el que la pieza aparece: sumergida en un líquido no identificado, bajo exposición directa a iluminación intensa, y sin señales visibles de instrumentos que registren parámetros críticos como temperatura, salinidad o acidez. Elementos básicos que todo proceso serio de conservación debería monitorear constantemente, especialmente tratándose de las primeras piezas recuperadas de un yacimiento de esta magnitud. No se trata de alarmismo: se trata de criterios técnicos. Y estos, evidentemente, no están siendo aplicados con el rigor que la situación exige.

Más allá del anuncio: continuidad irregular en la recolección de piezas

Aunque en el comunicado inicial publicado en las redes del Gobierno de la República el 20 de noviembre se anunció la extracción de cinco piezas -entre ellas, una vasija de cerámica—, con posterioridad en los medios de comunicación aparecen al menos dos objetos en buen estado de conservación, además de una pieza que presenta una fractura.

A esto se suma una nueva declaración del Icanh en sus redes oficiales, donde se afirma:

“En el laboratorio se encuentran dos tazas de porcelana, una recolectada durante la visita del presidente Gustavo Petro Urrego al buque ARC Caribe, para complementar la muestra de los dos diseños presentes en el contexto arqueológico”.

La afirmación es particularmente reveladora por dos razones:

Confirma que siguieron recogiendo objetos después del anuncio oficial, lo cual contradice el límite inicial de cinco piezas y sugiere que el proceso de extracción continúa sin una comunicación clara, transparente ni consistente para el país.

Reconoce que una de las piezas fue recolectada durante una visita oficial del presidente, lo que implica que los criterios científicos, metodológicos y de conservación pueden haber sido subordinados a eventos protocolarios o mediáticos, rompiendo con las prácticas mínimas aceptadas para la manipulación de material arqueológico sumergido.

En conjunto, esta información crea un escenario de profunda preocupación científica e institucional. No solo se ha incrementado el número de piezas extraídas sin justificación técnica disponible, sino que los propios comunicados oficiales sugieren acciones improvisadas y motivadas por criterios ajenos a la conservación del patrimonio.

Una estructura institucional débil

El problema no es nuevo. Colombia arrastra una larga historia de negligencia en el manejo del patrimonio subacuático. No existe un sistema nacional articulado para coordinar la investigación, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico sumergido. Los recursos asignados son escasos, los proyectos carecen de continuidad y la ausencia de personal técnico especializado es estructural. A lo largo de los años, se han registrado hallazgos de gran relevancia cuyas piezas terminaron deterioradas en depósitos inadecuados, sin tratamiento ni seguimiento, o completamente olvidadas.

Un caso paradigmático es el del posible navío San Felipe, extraído por el Icanh en aguas cercanas a Bocachica. Varias de las piezas recuperadas —algunas de ellas tratadas por los mismos profesionales que hoy lideran la intervención sobre el Galeón San José— sufrieron un deterioro severo debido a la falta de tratamientos adecuados, la escasa supervisión técnica y la inexistencia de una planificación de largo plazo. Lo más grave es que aquella experiencia fallida no generó reforma alguna: no se revisaron los protocolos, no se fortalecieron las capacidades institucionales.

Por todo lo anterior , resulta profundamente lamentable que, en esta oportunidad —un proyecto cargado de expectativas, litigios y múltiples miradas nacionales e internacionales y con una asignación presupuestal significativa— se estén repitiendo los mismos errores. Se ha desperdiciado una ocasión única para establecer metodologías técnicas adecuadas, discutidas en espacios interdisciplinarios y validadas públicamente. Una oportunidad que pudo marcar un antes y un después en la gestión del patrimonio cultural subacuático en Colombia, y que hoy se diluye en los mismos patrones de improvisación, falta de control y ausencia de visión a largo plazo.

El tan mencionado “Laboratorio de Patrimonio Cultural Sumergido” continúa siendo, hasta ahora, una entidad fantasmagórica. No hay transparencia sobre su ubicación, su infraestructura, su personal técnico, ni sus funciones operativas. No ha sido visitado por las autoridades del Gobierno, y no existen fotografías, registros en video ni documentación pública que den fe de su existencia real. Si se tratara de una ficción institucional, esto tendría implicaciones graves.

Estado de patrimonio subacuático extraído del mar por el Icanh  y parte del equipo técnico que lidera los trabajos de extracción  del galeón San José.  Fuente: Foto tomada por Mario Omar Fernández.

Estado de patrimonio subacuático extraído del mar por el Icanh  y parte del equipo técnico que lidera los trabajos de extracción  del galeón San José.  Fuente: Foto tomada por Mario Omar Fernández.

Estado de patrimonio subacuático extraído del mar por el Icanh  y parte del equipo técnico que lidera los trabajos de extracción  del galeón San José.  Fuente: Foto tomada por Mario Omar Fernández.

Estado de patrimonio subacuático extraído del mar por el Icanh  y parte del equipo técnico que lidera los trabajos de extracción  del galeón San José.  Fuente: Foto tomada por Mario Omar Fernández.

“Tres monedas en el Museo Nacional”, otro gran interrogante

Otra de las preguntas que ha surgido en torno del hallazgo del Galeón San José es por qué, si el Gobierno colombiano ha anunciado públicamente la existencia de un moderno Laboratorio de Patrimonio Sumergido en Cartagena, las tres monedas extraídas fueron trasladadas al Museo Nacional de Colombia.

Esta decisión resulta difícil de justificar, especialmente si se considera que ni el Museo Nacional ni la llamada “Casita del Icanh” (una reserva técnica administrada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia) cuentan con laboratorios especializados, infraestructura técnica adecuada, ni experiencia comprobada en la conservación de materiales provenientes de contextos subacuáticos.

El tratamiento de las monedas fuera del laboratorio especializado que el propio Estado ha promovido -y que está supuestamente en funcionamiento en Cartagena- no solo contradice las mejores prácticas internacionales, sino que plantea serias dudas sobre la planificación real del proceso. Además, debilita la confianza pública en el manejo técnico de un hallazgo arqueológico de altísimo valor histórico, científico y simbólico.

La academia: excluida deliberadamente

A lo largo de los años, la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido —que agrupa a las principales universidades y centros de investigación del país— ha emitido comunicados públicos en los que exige transparencia, participación interdisciplinaria y respeto por los principios de la conservación científica. Sus miembros, entre los que se encuentran arqueólogos, biólogos marinos, ingenieros, químicos, físicos y expertos en restauración, han solicitado acceso a la documentación técnica, han ofrecido asesoría gratuita, han propuesto modelos de gobernanza. Nada de esto fue tenido en cuenta.

La exclusión de la academia no es un error: es una estrategia. Incluirla habría significado rendir cuentas, establecer estándares, aplicar protocolos y, sobre todo, aceptar límites. La ciencia —cuando es rigurosa— incomoda al poder. Porque dice lo que no se quiere escuchar: que el país no está preparado. Que las condiciones no están dadas. Que los riesgos son mayores que los beneficios inmediatos. Y que actuar sin preparación puede ser más destructivo que la inacción.

En este link se pueden consultar todas las comunicaciones públicas realizadas por la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido:

La Dimar y la Armada colombiana

Es importante reconocer el trabajo realizado por los profesionales de la Dimar y de la Armada de la República de Colombia. Su labor en investigación oceanográfica, en ciencias del mar y en operaciones subacuáticas —especialmente el trabajo de los buzos y el apoyo logístico y técnico brindado durante años— constituye un esfuerzo serio, disciplinado y profundamente comprometido. Su experiencia en navegación, seguridad marítima, cartografía, inspección subacuática y operaciones científicas en profundidad ha aportado insumos indispensables que no pueden pasarse por alto.

Sin embargo, es igualmente claro que ni su misión institucional ni su formación académica están orientadas a la valoración, conservación o estudio integral del patrimonio cultural sumergido. No les corresponde —ni por mandato ni por especialidad— definir criterios arqueológicos, diseñar protocolos de conservación o liderar procesos de manejo patrimonial.

Por ello, la responsabilidad no recae sobre estas instituciones marítimas, que han cumplido dentro del ámbito de sus competencias. El problema radica en las entidades patrimoniales del Estado, que no han asumido plenamente sus deberes técnicos, científicos y éticos en materia de conservación del patrimonio cultural sumergido. Son estas instituciones —y no la Dimar ni la Armada— las que han fallado en garantizar el rigor metodológico, la supervisión especializada y la gobernanza necesaria para una intervención de esta magnitud.

Un país ante una encrucijada

Colombia se enfrenta hoy a una decisión de fondo, de esas que marcan el rumbo histórico de una nación. Puede continuar utilizando su patrimonio cultural sumergido como una herramienta de marketing político, improvisando medidas, excluyendo a la academia y celebrando triunfos vacíos, carentes de legitimidad técnica y ética. Puede seguir construyendo narrativas superficiales sobre tesoros hundidos, mientras se erosiona silenciosamente el conocimiento, la historia y la soberanía cultural.

Pero también puede hacer una pausa, mirar con honestidad sus errores, y emprender un camino distinto. Puede, por fin, construir lo que nunca ha tenido: una política pública seria de conservación científica del patrimonio sumergido, sostenible en el tiempo, con participación real de la comunidad académica, abierta a la ciudadanía y con altos estándares de transparencia.

Porque conservar no es simplemente custodiar objetos. Es resguardar la memoria de un pueblo. Y permitir su deterioro —ya sea por acción irresponsable o por negligencia institucional— equivale a una forma de colonización interna. Es despojar a las generaciones futuras de la posibilidad de comprender su pasado, su geografía histórica y su papel en la narrativa global de los pueblos.

El Galeón San José no es una historia de oro y riquezas perdidas. Es un punto de inflexión, una oportunidad única para demostrar si Colombia está preparada para asumir con madurez y compromiso su responsabilidad cultural. Hasta ahora, esa prueba ha sido fallada.

Pero quizá aún estemos a tiempo. Tal vez este sea el momento de retomar el rumbo, de enmendar lo hecho y de empezar a construir un proyecto de país que valore su historia. Y que entienda que solo desde el conocimiento se forja una verdadera soberanía.

Mario Omar Fernández
Científico de la conservación del patrimonio. Profesor asociado del Laboratorios de Estudios del Arte y Patrimonio (Leap) de la Universidad de los Andes.

Fuente: La Silla Vacia