Francisco Muñoz, veedor colombiano, exige medidas cautelares para detener el contrato con los cazatesoros.
Mal acaba lo que mal empezó con el galeón Señor San José. El contrato del Gobierno colombiano de Juan Manuel Santos con la empresa de cazatesoros MACS, reiteradamente denunciado en estas páginas por el cúmulo de irregularidades -desde la presencia de paraísos fiscales a la venta de los objetos extraídos al peso, pasando por las falsas biografías del staff de la compañía y la financiación por parte de grupos británicos asociados con casos de evasión fiscal-, está desde hoy impugnado por un nuevo problema. Un problema grave que consta en una demanda de medidas cautelares que solicita el veedor de Patrimonio Subacuático de Colombia, Francisco Muñoz al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La desclasificación de algunos documentos relativos al caso y que fueron solicitados en origen durante la investigación de las actuaciones del Ministerio de Cultura colombiano de Mariana Garcés, acaban de arrojar una conclusión más que preocupante: la empresa contratada por Santos no halló el emplazamiento del galeón hasta que dicho Ministerio de Cultura, por obra de su jefe jurídico, Juan Manuel Vargas, logró que la Armada Colombiana incluyera en la documentación entregada a MACS una zona de exclusión con las coordenadas ya conocidas del galeón, que eran clasificadas, y que en 1982 había registrado otra empresa Sea Search Armada (SSA) como lugar más cercano al yacimiento. Aunque SSA trabajó por contrato en 1982, con el tiempo tuvo que pleitear con el gobierno colombiano y ganó, logrando que la justicia de aquel país le otorgase los derechos por el 50% de los objetos que se extraigan del galeón en las proximidades de esas coordenadas. No es la primera vez que se duda de cómo se obtuvo la localización del galeón para el proyecto de Santos con MACS. En caso de probarse y seguir adelante el proyecto, al 50% de SSA habría que sumar otro gran porcentaje para MACS, tal vez el 45%, según el veedor colombiano. Ello convierte en ridícula la continuación de este empeño que no haría sino alienar el patrimonio de todos en beneficio de dos empresas privadas.
La sucesión de escritos y comunicaciones es como sigue. Desde febrero de 2015, un mes después de presentar su primer proyecto (poco arqueológico, que dijimos aquí) Roger Dooley y MACS presentaron un primer polígono de 256,07 kilómetros cuadrados en aguas colombianas cercanas a Cartagena de Indias, en el cual pretendían explorar la presencia del galeón. Esa área fue delimitada en varias comunicaciones, pero en especial en un informe a la ministra de Cultura, Mariana Garcés, de fecha 19 de mayo de 2015.
INCISO: Justo en esa fecha tiene lugar una reunión a la que se convoca al apoderado de SSA, Danilo Devis, con el fin de tratar el alcance de las coordenadas que su compañía había registrado en 1982 y con la intención indisimulada de impresionarle, puesto que estaban presentes la ministra, su jefe jurídico, el citado Vargas, más el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez Neira y la secretaria jurídica de Presidencia, Cristina Pardo. Buscaban un acuerdo sobre el concepto y extensión de “Vecindad” de aquellas coordenadas sobre las que tenían derechos reconocidos y que fue objeto de la sentencia de la Corte Suprema de 5 de julio de 2007.
Danilo Devis escribió hace unos días que para la extensión de aquella zona hay que tener en cuenta las limitaciones tecnológicas de la época y la precaución que aconsejaba y permitía “cierto grado de imprecisión o aceptables márgenes de error”. La presencia del galeón en las áreas marítimas denunciadas fue acogida como prueba del descubrimiento por la Corte Suprema para dicha sentencia de hace 12 años. En 1983 la Armada colombiana había corroborado la presencia de los restos, según Danilo Davis.
El apoderado de SSA propuso en aquella reunión una exploración conjunta, algo que el Gobierno de Santos quería evitar por sus acuerdos con MACS, o en su caso un peritaje internacional para determinar la extensión de esa vecindad inmediata a las coordenadas de 1982. “El gobierno no aceptó y terminaron los diálogos”. Pero los planes de Santos seguían adelante.
El polígono de 256,07 km2 coincidía en parte con la zona exploratoria de SSA en los años ochenta. Pero la primera exploración de MACS no dio fruto. Al día siguiente de la reunión citada, el jurídico de Cultura, el citado Juan Manuel Vargas pidió a la Dirección General Marítima (DIMAR) del Ministerio de Defensa otro informe “urgente” y “confidencial” que anexe gráficas de la zona de exploración propuesta por MACS. La respuesta de DIMAR indica que las áreas de MACS y la zona del hallazgo de SSA en 1982 no se sobreponen. Cultura autoriza la exploración a los cazatesoros el 26 de mayo.
Fracaso y nuevo intento
El 11 de junio de 2015 se firma el contrato para la exploración, según figura en la demanda de Francisco Muñoz para que el tribunal ordene medidas cautelares que impidan al Gobierno reactivar el contrato con los cazatesoros. Allí se dice que “la exploración no tuvo ningún resultado y en las supuestas coordenadas exactas en que se encuentra el naufragio propuestas por Maritime Archaeology Consultants LTD- MAC, en prefactibilidad en febrero de 2015, no se encontró nada”. Es decir que el primer intento con los contratistas MACS había fracasado. Pero ellos volverán al ataque con el apoyo del Ministerio de Cultura.
El 15 de octubre del mismo año vuelve a escribir Juan Manuel Vargas, jefe jurídico del Ministerio, a la DIMAR, solicitando informe sobre un nuevo polígono de búsqueda. El informe lo emite el vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas el 19 de octubre. Y en ese informe la Armada determina que el nuevo polígono tiene 1.511,03 kilómetros cuadrados (frente al primero de 256,07), un espacio 5.9 veces superior. Pero lo más grave es que se adjunta un anexo en el que “informan puntualmente de las coordenadas” de SSA, un “cuadrado perfecto de una milla cuadrada” que se define como “zona de exclusión”.
Es decir que el asesor jurídico que entablaba los términos de contrato dentro de la APP con MACS tuvo el 19 de octubre en sus manos la información concreta del lugar cerca del que SSA había fijado el yacimiento (en la vecindad cuyo alcance estaba en debate) y, como afirma Francisco Muñoz, el veedor colombiano, en su demanda, esa información “le es entregada por el asesor jurídico del Ministerio de Cultura, Juan Manuel Vargas Ayala a Maritime Archaeology Consultants Ltd-MAC. El área de exclusión no estaba en consecuencia excluida en la práctica de la exploración autorizada a MAC”, afirma el veedor en su texto de petición de medidas cautelares. Aunque lo cierto es que se pedía que la información recogida en esas coordenadas debía ser remitida de inmediato a la Armada. Aquí la vecindad, sin embargo, jugaba en contra de la protección. Si el galeón estaba cerca, pero no ahí, MACS podía encontrarlo fácilmente desde esos datos de latitud y altitud. De hecho, el galeón San José fue hallado días después.
Y según sospecha el demandante, SSA había dado un punto próximo desde el que sabía llegar al pecio del San José para no dejar en manos de la burocracia el dato más sensible de su trabajo, motivo por el que el alcance de la vecindad de ese punto estaba debatiéndose. Sin embargo, a la vista de lo sucedido después, aquella prudencia de SSA fue proverbial, puesto que las coordenadas fueron filtradas al menos dos veces a empresas que trataban con el gobierno Colombiano en el pasado. Antes de MACS.
La demanda establece que “el hecho que el Ministerio de Cultura a través del jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Juan Manuel Vargas, haya requerido de la DIMAR la posición de las coordenadas de Glocca Morra Company (SSA) y haya obtenido a cambio un polígono como “área de exclusión” por “razones de soberanía”, equivale a comunicar directamente a Marítime Archaeology Consultants Ltd. –MAC la localización denunciada por SSA y su vecindad inmediata como lugar donde se encuentra el galeón San José“.
Añade que “tales actuaciones de los funcionarios públicos referidos con información privilegiada perteneciente a un proceso de contratación de una Asociación Público Privada utilizada presuntamente para favorecer los intereses de un oferente en detrimento de los derechos de otro, evidencian conductas que ameritan inmediatamente una valoración disciplinaria, penal y fiscal y el decreto de medidas cautelares de emergencia sobre el bien pretendido por estos oferentes“.
Por todo ello, ante las sospechas de conductas que pudieran ser constitutivas de delito, una vez más, Francisco Muñoz solicita al juez de Cundinamarca medidas cautelares para que el Gobierno de Iván Duque no vuelva a activar el contrato de APP que su antecesor, Juan Manuel Santos, firmó con MACS.
Via: https://abcblogs.abc.es/espejo-de-navegantes/otros-temas/asi-pudieron-llegar-a-macs-las-coordenadas-del-galeon-san-jose.html
