Por: Francisco Hernando Muñoz Atuesta*
En medio del despliegue mediático del gobierno Petro mostrando en Cartagena “que quiere hacer las cosas bien con el galeón San José”, la directora encargada de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) Paula Robledo, notificó al país que la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) rechazó la solicitud de Colombia sobre la competencia de esa Corte; con la cual pretendió Colombia dar fin anticipado a la demanda que instauró la empresa norteamericana Sea Search Armada (SSA) por los derechos que aduce tener esa empresa sobre el 50% de las riquezas contenidas en el galeón San José. Esta acción marca el comienzo de un juicio de enormes proporciones cuyas conclusiones deberíamos conocer en el término expedito de un año.
Para aquellos que hemos seguido de cerca el caso del galeón San José, el juicio ante la CPA plantea la aclaración de ciertos interrogantes de vital importancia. (ver https://pca-cpa.org/en/cases/300/)
¿Ignorancia o complicidad del gobierno Petro?
En 2021 se denunció ante la Fiscalía General de la Nación la intrusión y presunto saqueo del galeón San José. La Fiscalía no investigó y dijo haber enviado el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ya que entre los denunciados se encuentra el expresidente Santos. En diciembre de 2023 un juez ordenó a la Comisión de Acusaciones que determinara a cuales aforados investigará y devolviera la denuncia a la Fiscalía para que esta determine el nivel de participación y responsabilidad de los demás involucrados carentes de fuero mediante la apertura de la indagación penal.
Ahora, en febrero de 2024, la Comisión de Acusaciones dice que ellos jamás recibieron de la Fiscalía la denuncia instaurada en 2021. Se espera que en los próximos días la Fiscalía explique y se vea precisada a iniciar la indagación penal y como parte de ella, ordene la inspección judicial del contexto arqueológico antes que el gobierno Petro lo altere. De todo esto está el gobierno enterado y es preocupante que siga en su despropósito de ir a sacar “algunas cositas”. Dato curioso: al menos uno de los denunciados ante la Fiscalía en 2021 acompaña al gobierno Petro en su “proyecto” en 2024.
La intrusión y posible saqueo del galeón San José no será, en el corto plazo, tema de interés de la CPA pero sin duda lo será, de llegar a probarse que lo hallado en 2015 fue lo mismo que en 1982.
¿El la SSA una víctima inocente de un presunto saqueo continuado de su descubrimiento hecho en 1982?
Esta hipótesis contempla que lo descubierto en 2015 sea lo mismo que en 1982. Tras haber contratado SSA (o sus empresas cesionarias) con el gobierno colombiano cumpliendo las leyes que entonces regían este tipo de operaciones, la SSA denunció en 1982 el hallazgo de especies náufragas en el área en que le fue autorizado explorar. Hay prueba técnicocientífica que registra la profundidad del hallazgo de 1982 a 235 metros de profundidad, acompañada por el registro del nivel de la pendiente del suelo marino donde fue encontrado, información que se encuentra consignada en un registro magnetométrico(medida del material ferroso que se encuentra en el naufragio), datos que, en su conjunto, constituyen una prueba singular e irrepetible del hallazgo de 1982.
¿Ha sido la SSA utilizada como una cortina de humo para encubrir el expolio de otro naufragio?
Esta hipótesis plantea, que si lo hallado en 2015 es un naufragio diferente al denunciado en 1982, no se explica la razón por la cual esta posibilidad no se ha aclarado por parte del Estado con el simple contraste de los enunciados registros de profundidad, inclinación del lecho marino y registro magnétometrico de 1982, con los registros obtenidos en 2015, que confirmarían o desvirtuarían, si se trata, o no, en ambos casos del mismo naufragio (ambos registros están en poder del gobierno colombiano).
El gobierno Petro ha dejado conocer la única información documentada del hallazgo de 2015 que confirma que el naufragio está a más de 600 metros de profundidad, esto en el Plan de Manejo Arqueológico del galeón San José, que fue publicado recientemente. Aparte de este hecho, queda el discurso gubernamental que viene desde 2015 con el cual aseguran los del gobierno que el galeón de 2015 fue hallado en unas coordenadas distintas y distantes de las de 1982.
Por lo anterior, no hay justificación para que se haya permitido complejizar este asunto hasta los niveles de hoy día; salvo que sea, y en esto estriba la hipótesis, que efectivamente el naufragio de 2015 es diferente al de 1982 y que el mismo haya sido saqueado de manera continuada y, quieran los involucrados, que parezca que si es el de 1982 mientras ganan tiempo (van más de 5 años) para que sea este quien cubra sus huellas, o peor, que sean los mismos presuntos responsables los que tengan la misión de adelantar el rescate, o al menos que a estos se les dé la oportunidad de alterar de alguna forma “legal” la escena del crimen, para que sea imposible saberse qué cosa hicieron los “saqueadores” antes y qué los “investigadores” ahora.
¿Y si el naufragio está fuera del mar territorial colombiano?
Por último, un hecho de singular gravedad sería que efectivamente el naufragio de 2015 fuera diferente al de 1982 y que por la profundidad declarada por el gobierno Petro (más de 600 metros) ese naufragio estuviera, no en el mar territorial colombiano, donde en la zona de interés no hay 600 metros de profundidad; sino en su zona contigua, donde sí hay esa profundidad en el área de interés, y donde la soberanía de Colombia no incluye de ninguna manera la propiedad del Patrimonio Cultural Sumergido que se encuentre en esas aguas. Esto implicaría que Colombia estaría directamente involucrada, como Estado ribereño, en el expolio del Patrimonio Cultural Sumergido de la humanidad.
En fin, cualquiera que sea la realidad de las cosas, el juicio de la CPA las aclarará, llevando al país a un pleito descomunal del cual los responsables y sus cómplices no tendrán escapatoria. ¡Alea iacta est!
(*) Historiador. Veedor Nacional del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia. Miembro de Número de la Academia de la Historia de Cartagena de Indias. Miembro del Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias IPCC. Autor del libro: Galeón Señor San José. Tomo I. Patrimonio Cultural Indivisible (2019), y Tomo II. La emboscada (2023).
